En el Zulia, un Jefe de Policía y dos funcionarios de menor rango son capturados por conducir una camioneta robada, en otro municipio imputan a policía por alquilar su arma de reglamento a sicarios del mal, recientemente en la costa oriental del lago, son condenados cinco policías por asesinato, igual que en otras latitudes, en la que vimos con estupor, el video donde un grupo de policías arremeten a balazos contra la humanidad de un menor de 14 años desarmado, masacrándolo en el acto, hecho ocurrido recientemente en la hermana republica del Brasil.
Esto es apenas, una pequeña muestra de la triste y cruda realidad que se vive en nuestro estado y que da cuenta, de los altísimos niveles de corrupción que exhiben nuestros cuerpos policiales municipales y regionales, que coloca a toda la ciudadanía en una lamentable situación de terror y total indefensión.
La matraca y la trampa constituyen habilidad y maña, recurrentemente utilizada por parte de algunos funcionarios policiales que enlodan con esta deleznable conducta, la ética y la moral de las instituciones, que deben resguardar nuestra integridad física y material.
La abominable práctica del secuestro pasa a comandar las estadísticas en el Zulia, al punto que los medios impresos reseñan casi a diario la comisión de este aberrante delito en distintos municipios, sin que, de un tiempo para acá, resulte novedad alguna para la ciudadanía, quienes parecieran haberse acostumbrado ya, a vivir con tan lamentable fenómeno, y en el cual ha sido reseñado, en no pocas oportunidades, la participación de agentes de estos cuerpos policiales.
Ahora resulta que la amenaza y la extorsión están a la orden del día, recientemente fueron acusados de cometer tales delitos, un grupo de funcionarios del CICPC destacados en el Municipio Guajira, siendo suspendidos de sus cargos y puestos a la orden de la fiscalía para las averiguaciones de rigor y el debido proceso.
Ahora mismo, en nuestra ciudad, vemos como sin discriminación alguna, y con la mayor impunidad que alcance la más creativa de las imaginaciones, este terrible flagelo continua avanzando vertiginosamente, penetrando todos los estamentos de nuestra sociedad, ya que gente de a pie, trabajadores asalariados, o taxistas, pero también, empresarios, comerciantes, industriales y potentados, todos por igual, reciben llamadas telefónicas, exigiéndoles el pago inmediato de ingentes cantidades de dinero, a cambio de no atentar ni proceder en contra de sus familiares.
Tales delitos son cometidos, según publicaciones de medios impresos y testimonios de algunas víctimas, desde la propia cárcel de Sabaneta y el centro de arrestos preventivos denominado “El Marite”.
Mientras tanto a nivel nacional se discute por enésima vez un plan desarme para regular la tenencia de armas y municiones en la población civil.
El control de armamento, municiones y explosivos es una tarea irrenunciable e inherente a los órganos del estado con competencia en la materia, y debe contar con el apoyo irrestricto de toda la ciudadanía, pero resulta verdaderamente irritante que se emprenda tal programa, y que hasta la fecha, no hayan sido capaces de aplicar las medidas contundentes, que de una vez por todas, conduzcan a desarmar a toda la población privada de libertad en todos los centros penitenciarios del país.
¿Sera más fácil desarmar y ejercer control sobre el armamento y municiones en poder de toda la población civil del país, que hacer lo propio en cárceles y centros penitenciarios?
La semana pasada se produjo en Maracaibo, la primera protesta por parte del gremio de taxistas, quienes denunciaban ser víctimas de extorción dirigida, presuntamente, desde El Marite.
Delito, impunidad, complicidad y corrupción configuran un peligroso coctel que atenta en contra de la salud de todos por igual, y continua siendo asignatura pendiente.
Que dios no agarre confesaos!
www.evyferrer.wordpress.com