Vayamos a otras escalas. La actual crisis global fue generada porque a los banqueros de Wall Street se les permitió usar los ahorros de los estadounidenses en los mercados especulativos, luego que fueron fusionados los bancos comerciales con los bancos de inversión y fue dejada atrás la Ley Glass-Steagall que prohibía tales prácticas. La Comisión de Futuros de EEUU desreguló las operaciones de la banca en los mercados de derivados y EEUU entró en su peor crisis desde 1930 porque los banqueros estafaron a los trabajadores que pusieron su plata a sus resguardos.
Ocurrió que a los banqueros les dejaron hacer a su antojo lo que quisieron, nadie los controla, incluso hoy, así como ocurre con los buhoneros en el país. La actividad comercial informal en Venezuela es un mercado negro, nadie tiene información exacta sobre lo que ocurre en ello.
El asunto es que el comerciante informal no responde a ninguna ley, a ninguna norma, no pagan patentes ni impuestos municipales, no pagan impuestos a las ventas, no pagan impuestos sobre la renta, no pagan impuestos por ningún tipo de permisos para funcionamientos, no reportan a ningún ente según los productos que venden, sanidad, aseo, electricidad, agua, comercio, infraestructura y otros. Se desconoce el origen de sus productos, al usuario no se le garantiza debida calidad. No generan empleos sustentables, no garantizan su seguridad social, no garantizan aportes al fondo de viviendas.
Nadie conoce los volúmenes de sus negocios, ni las ganancias que obtienen de la actividad, no se conoce el rendimiento real, su impacto en la inflación, además que no existe en el mercado informal ningún control de precios, ninguna supervisión. Algo así es lo que los banqueros de Wall Street lograron con la Ley Gramm-Leach-Bliley, firmada por Clinton y cabildeada por los más grandes bancos de EEUU, protegidos por el entonces secretario del Tesoro Lawrence Summers (1999), para luego llevar al mundo a la actual crisis.
El asunto en Venezuela ha llegado a tal punto que muchos comerciantes formales, terminan vendiendo mediante terceros sus mercancías en el mercado informal y no es que sea necesario hacer una “Ley de Buhonerismo”, porque no se podría buscar una justificación legal de que el comercio informal disponga a los usuarios rubros de primera necesidad, como aceite, leche, papel higiénico y otros, a precios que dejan como “un saludo a la bandera” a la nueva Ley de Costos y Precios Justos, además de que cuyos rubros no se consiguen con facilidad en los mercados formales.
Es un asunto de política económica, en que los controles y regulaciones tienen que beneficiar a todos por igual, no se puede tapar un hueco abriendo otro, es necesario que el comercio informal también comience a rendir cuentas al país entero, al Estado, a las regiones, a los municipios, al fisco.
CNP 16478
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03-12-2011