Me escribe desde Lecherias-Anzoategui, la camarada Lic. María Fleitas, para hacer del conocimiento de la DEM del TSJ, la irregular actuación del Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de Barcelona: Expediente NªBP02-V-2012-1267, que ordenó un embargo para presionar el desalojo, sobre un apartamento, que ocupa con sus dos niñas pequeñas, una de ellas enferma de bronquitis alérgica, donde ha sido conminada bajo la presión y el chantaje judicial, a desalojar el apartamento ubicado, en la calle 07, parroquia Rómulo Gallegos, Final Avenida Arismendi, Esquina Playa Lido en Lecherías-Anzoátegui. Esta madre desesperada sufrió un colapso nervioso el pasado 28/02/2013, frente a la juez del Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas Del Municipio Simón Bolívar y Diego Bautista Urbaneja: Expediente NºBP02-C-2013-128, ejecutante de la medida de embargo convertida (bajo una tramoya jurídica) en cobro de bolívares, pero por supuesto la juez en forma inhumana ni siquiera se inmutó, ante la crisis de esta joven mujer, al contrario aceleró el embargo, mientras los pequeños bebes observaban atemorizados como policías municipales de Urbaneja invadían junto a la juez, el secretario, y junto al abogado Jorge Salazar, y la abogada María José Reyes, utilizando una perversa coacción, sin darle chance a la presencia de un abogado que la asistiera en ese momento. La Sra. Fleitas fue obligada a firmar un documento de desalojo en 07 días, a partir de la fecha antes citada, acción esta que viola por completo sus derechos constitucionales, y los derechos de los niños. El abogado de marras de la parte demandante Jorge Salazar en plena ejecución del embargo, hacia alusiones que supuestamente el estaba con el proceso revolucionario, y que era amigo personal del secretario de gobierno, y del gobernador del estado Anzoátegui, y quienes le estaban dando el apoyo técnico, junto con la policía del estado para llevar a cabo este aberrante embargo en forma cabal.
La juez ejecutora ignoró por completo los deseos, así como el espíritu, y propósito de las leyes promovidas por nuestro comandante presidente sobre: LA LEY PARA LA REGULARIZACION Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA: La juez debió (según abogados litigantes expertos en la materia consultados, por este cronista) agotar primero la vía administrativa expresada en la gaceta Nª 39783 de fecha 21 octubre de 2011, donde el articulo 8 dice así:” ejercer acciones de amparo contra las decisiones de los tribunales con competencia en materia civil y mercantil, qué amenacen o violen derechos o garantías constitucionales y, de ser el caso informar al defensor publico o defensora publica con competencia ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la acción intentada”.
El articulo 32 dice así: “los derechos que la presente ley establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios, son irrenunciables, serán nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos, a tal efecto todo acto dictado en ejercicio del poder publico que viole o menoscabe los derechos garantizados en la presente ley es nulo, y los servidores públicos, y servidoras publican que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, administrativa, según los casos sin que le sirvan de excusa ordenes superiores”.
Existiendo resoluciones dictadas por la comisión del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe cualquier embargo, y mucho menos desalojos relacionado a deudas por canon de arrendamientos, y que la medida aplicada no fue el caso cuando el tribunal ejecutor embargó o secuestró la camioneta con la cual la licenciada transporta sus niñas al colegio.
Los tribunales de Anzoátegui están usando el sicariato judicial, vieja figura inquisitorial, punitiva y corrupta, que viene a ser la conducta de algunos jueces, y que sirven al sector opositor más rancio como lo es el propietario del apartamento en disputa, un Ex- golpista de la vieja PDVSA, cuando se utiliza la justicia para reprimir al pueblo militante, y revolucionario, violándole sus derechos humanos.
El sicariato-estructura de la violencia judicial anzoatiguense, parece cumplir el mandato del alcalde del municipio Urbaneja, el más opositor del Estado Anzoátegui, y que ha incrementado su anti-chavismo con la enfermedad del presidente Hugo Chavez.
Estos jueces y abogados presuntamente ‘revolucionarios’, que actúan perversamente contra militantes, defensores de la revolución bolivariana son unos "sicarios judiciales" porque no proceden en base a los principios de la ética jurídica; por el contrario, son obedientes a las órdenes del poder dominante sin importar las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos. Al estar coludidos con la más rancia oligarquía política opositora regional.
Como comunicador social, político, y defensor de los derechos sociales del pueblo venezolano, y de los derechos humanos, seguiré procesando las denuncias que me lleguen para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.
Es urgente la solidaridad de los organismos de los derechos humanos, del TSJ, La Fiscalía General de la Republica, la Asamblea Nacional ante este vil atropello contra una ciudadana venezolana indefensa
¡Hay que darle un parao al sicariato judicial anzoatiguense! ¡Deteniendo la barbarie jurídica, y la conspiración contra la revolución bolivariana!
Percasita11@yahoo.es
