-“Disparen primero y averigüen después”.

En la Venezuela de hoy, hasta un niño de pecho, sabe quién fue el autor de esa frase diabólica. Pero no sería mal recordar fue la manera como el señor Rómulo Betancourt encaró a sus opositores. Luego, bajo el mandato siguiente de otro, como el anterior, “padre de la democracia”, el civilizado proceder siguió campante. Sólo que al asesinato, tortura, represión, encarcelamiento masivo y expulsión del país a los nacionales, todo ello prohibido por la constitución, el nuevo presidente agregó la figura del desaparecido. Detenían a cualquiera, así mismo como está escrito, llevaban a un centro de tortura, le aplicaban todo lo que allí solían hacer, al final le asesinaban y desaparecían. Sólo que algunos muertos, como Alberto Lovera, Dios les puso a flote para denunciar a los bárbaros.

Todo eso se hizo sin prueba alguna. ¿Para qué carajo pruebas si el “padre de la democracia” declaró y autorizó para que el plomo fuese por delante?

Las ONG, Comisiones de Derechos Humanos, ante aquella brutalidad callaban, metían sus lenguas en oscuras cavernas y se hacían cómplices porque el “Norte” así lo disponía.

De la multitud de detenidos, a unos pocos, de vez en cuando, para cubrir las formas les llevaban a juicio ante un poder judicial en extremo al servicio del ejecutivo y sin prueba alguna, ni cumplir los extremos legales, les enzampaban veinte y treinta años para complacer al “ruiseñor de Guatire”. Bajo Leoni, el relajo legal fue mayor que el anterior, porque ya no había presidente que mandase a la policía; los jefes de ésta, en su mayoría cubanos mayameros, hacían lo que les daba la gana. Sus comandos estaban en el Norte. En ambos períodos, que en fin de cuentas fue uno solo, los presos los llevaban amarrados a Isla del burro, un vulgar campo de concentración o se quedaban en una cárcel, el tiempo que a los gobernantes les saliese del forro.

Nadie se interesaba por pruebas; las víctimas mismas no las exigían porque ni siquiera ese derecho tenían.

Aunque parezca paradójico, aquí el único que ha intentado presentar pruebas ha sido Ramos Allup. Cuando denunció ante unos periodistas que encontró a kilómetros de la escena del crimen y les comunicó que había sido objeto de un intento de asesinato con una granada que le lanzaron y explotó entre sus pies, mostró la espoleta extrañamente intacta, inmaculada, brillante, sin chamuscar y hasta leyó el serial de la misma. El mismo estaba inmaculado y dio pruebas ostensibles de ello. Lamentablemente, luego cayó en descrédito total por ofrecer sin cumplir pruebas del fraude del referendo revocatorio.

Isaías Rodríguez se fue del cargo de Fiscal porque no pudo encontrar una prueba de nada. Nadita de nada. Los delincuentes de todo tipo, empezando por terroristas, conspiradores y desestabilizadores, le mamaron el gallo y con él jugaron al escondido. Al final, cansado de tanto buscar y no poder presentar, como a él gustaba decir “actos conclusivos”, optó por irse a descansar al exterior.

Ahora cuando los nacionales se angustian porque la impunidad corroe el alma nacional, mina tranquilidad y paz, la Fiscal General de la República, elabora un discurso para hablarnos de actas policiales defectuosas, sin firma ni nombre de los funcionarios que las levantan y escenas de crimen contaminadas, como quien entona un canto de sirena para tranquilizarnos y pedirnos borrón y cuenta nueva.

De aquel Estado felón que no necesitaba pruebas para joder a alguien, bastaba que fuese contrario al gobierno, hemos arribado a uno demasiado bobo que no encuentra pruebas de delitos graves, confesos y públicos. Donde el Ministerio Público y los jefes policiales, hablan de actas mal elaborados por ignorancia o impericia, asunto que es de muy vieja data, lo que no debería acontecer, pasando por alto que debe ser una manifestación que va más allá de la simple mala fe y obedece a la corrupción enquistada en el aparato del Estado, en este caso en el cuerpo policial. Porque cuando se trata de un delincuente pendejo, son expertos quienes procesan las escenas de crimen y elaboran las actas policiales.

Quizás por eso hemos llegado a un estado en el que nadie pide ni espera pruebas, porque si no están contaminadas las contaminan; nadie las espera, acostumbrados como estamos a que alguien las ofrezca y uno se quede esperándolas o por estar predispuestos, por ese maniqueísmo del cual hemos sido víctimas, a no creer en ellas.

Esto es triste, sobre todo cuando uno viene oyendo hablar desde hace algún tiempo de la renovación de los cuerpos policiales y de un agente distinto a aquellos de la IV República.