El pasado domingo se volvió a manifestar la enorme capacidad de convocatoria de López Obrador; a quince días de haber realizado una nutrida asamblea informativa en el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México, cuyo poco afortunado desempeño provocó el desánimo de algunos (entre ellos el que esto escribe), vuelve a reunir a una multitud aún mayor que colmó el Paseo de la Reforma, desde el Auditorio Nacional hasta la Glorieta de Colón, algo así como un río de tres kilómetros de largo por cincuenta metros de ancho: 150 mil metros cuadrados. Fácilmente se reunieron 75 mil personas. Lo destacado del mitin fue la disposición a la acción concertada con otras fuerzas de la izquierda y con los movimientos sociales, así como la adhesión a la propuesta de la consulta popular originalmente formulada por Cuauhtémoc Cárdenas, aunque con la variante de promover las firmas de respaldo para que se realice antes de la discusión en las cámaras de la iniciativa de reformas.
La gente coreaba el llamado al paro nacional, cosa que surgió débilmente en la reunión anterior, y obtuvo respuesta de AMLO en el sentido de fortalecer la organización para poder aspirar a la adopción de tal medida de resistencia. Hay razón: sólo una acción de paro, total o parcial, puede detener el proceso de entrega de la riqueza nacional; es pegar donde duele. También hay razón en que su convocatoria implica un enorme esfuerzo de organización para garantizar un mínimo suficiente de respuesta; de particular importancia sería el vencer las inercias y los temores de los trabajadores de PEMEX y de la CFE, ambos sometidos al férreo control de sus líderes sindicales charros; sumar a todos los sindicatos independientes, al magisterio disidente cada día más fortalecido, estudiantes, etc. El asunto estriba en que se multiplique y socialice la convocatoria para que nadie se reste por antagonismo con alguno de los convocantes; el tema es de mayor importancia que la pugna entre pares; saber que se va a afectar a particulares y que se va a recibir la diatriba de los medios, pero que se cuenta con la decisión mayoritaria de impedir la imposición de la fórmula privatizadora y enajenante. Arrostrar el riesgo de la represión mediante la multiplicación de los sitios de expresión simultánea del paro.
Desde luego que en el mismo proceso se deberá hacer el acopio de firmas para demandar la consulta pública, en términos de que tal demanda se haga desde una posición de fuerza real. No se pide una concesión graciosa del poder sino que se reclama un derecho social y humano consagrado en la Constitución. En tal caso, la consulta se convierte en una salida elegante para el régimen del PRI ante el riesgo de insurrección a su interior y de rompimiento de los equilibrios de la gobernabilidad. Vale anotar también que, en la medida de la fuerza de la protesta, se frustrarían los flujos esperados de inversión externa ante los mayores riesgos a correr, con lo que la pretendida reforma le resultaría inútil al régimen. Sólo así puede esperarse la postergación del atraco, aunque su total anulación sólo será posible si el pueblo organizado accede al poder.
Por cierto, hablando de la consulta, escuché un programa de radio de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en el que se hizo una explicación de las violaciones a la ley por concepto de publicidad engañosa y abusiva, identificada como aquella que induce a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta (Art. 82 de la Ley de Protección al Consumidor). Los spots de promoción oficial a la reforma propuesta incurren plenamente en la característica de “publicidad engañosa y abusiva”. Habría que demandar a Peña Nieto ante la PROFECO. Pareciera un chascarrillo, pero de alguna forma es necesario eliminar ese tipo de campañas de propaganda gubernamental que con dinero público engaña al mismo público, distorsiona el debate parlamentario y coloca en indefensión a quienes opinan diferente.
Llegó la hora de las definiciones. La lucha es ahora o nunca.
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