La guerra contra la especulación y el desabastecimiento es un frente dentro de la batalla política contra los enemigos de la Revolución. Se enmarca en la lucha de clases y es deber del gobierno y el pueblo organizado dar la batalla hasta las últimas consecuencias. Ellos están dispuestos a hacerlo, nosotros no podemos vacilar al respecto.
Las medidas tomadas por el gobierno popular parecen señalar que se está en la dirección correcta; al menos es la intención del Presidente y su equipo: poner freno a la guerra económica lanzada por la oligarquía venezolana con apoyo externo.
Ahora, como decía Eloy Alfaro: “en la demora está el peligro”. Es necesario actuar con suma premura y contundentemente. La defensa del pueblo ante la agresión de sus enemigos así lo exige.
¿Cuál es el objetivo de estas medidas? Frenar la escalada alcista de los precios y liquidar el desabastecimiento. Ese debe ser el resultado inmediato de las acciones a tomar, como asimismo sancionar con toda la fuerza de la ley a todos aquellos que sean agentes del daño que se está llevando a cabo contra el pueblo y la Nación.
En el primer caso es imperioso que se determine cuáles son los precios máximos de los productos fundamentales para la canasta familiar. Es el elemento insoslayable para que el pueblo mismo sea protagonista de estas jornadas de lucha. Determinar y publicitar los precios máximos de esos productos es el indicador básico para saber quiénes están especulando y quienes trabajan honestamente. Todo aquel que venda sus productos por encima de los precios máximos recibirá las sanciones correspondientes. Esta fiscalización, que se realizará a través de operativos cívico-militares, deberá llevarse a cabo con pautas claras y con un despliegue de fuerzas inmenso. No es suficiente –y está demostrado–, que se realicen operativos a “cuentagotas”, donde se multa a un comerciante o se cierra su local y a los tres días abre su negocio como si nada hubiera pasado y los precios iguales o más elevados que antes de la intervención gubernamental. No hay que olvidarse que el objetivo es la rebaja de precios, no la mera acción punitiva. Si los precios no se rebajan el objetivo queda sin alcanzar. ¿De qué nos sirve informar que se multaron tantos negocios si en última instancia nada cambió para el consumidor final?
Conjuntamente con estos operativos hay que decretar que todos los productos tienen que tener precio a la vista del público, colocar una pizarra con los precios máximos establecidos y quienes no cumplan con estos requisitos también serán sancionados.
El General Perón decía que el tema del agio y la especulación es un tema más policial que económico; y en gran parte tenía razón. El gobierno debe utilizar toda la fuerza represiva del Estado para combatir estos males. Si el Estado –por su naturaleza misma– sirve para algo, es para la represión de una clase por otra, y en este caso, el poder represivo del Estado debe ejercerse para que las clases populares repriman a las clases privilegiadas. De ahí que el ejército, la policía, los funcionarios del gobierno, los inspectores y el pueblo organizado deban asumir un rol primordial, persuadiendo a los comerciantes honestos a sumarse a la campaña contra los comerciantes e industriales inescrupulosos. Esta batalla conlleva al tema de la correlación de fuerzas, y en este aspecto, quien controla el Estado tiene supremacía.
Es urgente, entonces, que la Sudecop resuelva, inmediatamente, la fijación de precios máximos. Sin precios máximos es imposible cortar de raíz la ofensiva contrarrevolucionaria. Claro que los comerciantes minoristas responsabilizarán del alza de los precios a los distribuidores y mayoristas, y éstos a los industriales e importadores, y éstos a su vez al gobierno y a Cadivi. Esa es la cadena que el enemigo divulga para salvar de culpas a todos, menos al gobierno, en quien, según su artillería propagandística, recae toda la responsabilidad y culpa. “La culpa del descontrol la tiene el gobierno”, esgrime la contrarrevolución. Pero esto no es cierto, ya que está comprobado que más del 90 por ciento de las importaciones se están haciendo a través del dólar oficial, otorgado precisamente por los entes designados por el gobierno nacional, según lo ha declarado el presidente de Indepabis. Vale decir que si la importación de un televisor acarrea un gasto de 1.800 bolívares para traerlo hasta cualquier puerto de Venezuela y, suponiendo una ganancia más que extraordinaria del 100 por ciento, el televisor tiene que estar a la venta del público a 3.600 bolívares, y no a 15, 20 o 25.000 bolívares como sucede ahora. La diferencia es lisa y llanamente un robo al pueblo y a la Nación.
Eduardo Samán fue claro en esto, y planteó que los comerciantes deben exhibir en sus vidrieras el comprobante de haber recibido dólares Cadivi. ¿Quién ha cumplido con este requisito? Casi nadie.
El Centro Nacional y la Corporación del Comercio Exterior son herramientas fundamentales para poner orden en esta materia. Todo aquél que necesite dólares para la importación deberá justificar su solicitud, y los entes estatales supervisar que se dé fiel cumplimiento a ese destino, fijando el precio máximo cuando la mercancía sea destinada a la venta al público. Es el Estado quién debe encargarse de la importación y exportación, la Nación debe controlar, direccionar y dirigir las necesidades del plan de desarrollo del país. Todo particular que importe debe ser bajo la estricta supervisión del Estado, dando prioridad a todo aquello que sea de importancia para el plan estratégico de la Nación y dejando en segundo plano los artículos superfluos o suntuarios. Si alguien quiere importar automóviles de lujo, por ejemplo, tendrá que pagar fuertísimos impuestos y se analizará la conveniencia o no de otorgar divisas, pero para aquellos que necesiten maquinarias o materias primas para el desarrollo de la industria nacional, el gobierno tendrá que darles prioridad y facilitarle la operación.
Para avanzar en esta contraofensiva popular es menester informar bien al pueblo, abrir un debate claro y transparente, movilizar a las fuerzas revolucionarias en todos los frentes y señalar claramente al enemigo. Hay que entender que esta lucha es de vida o muerte para la Revolución, que no es un episodio más del proceso, sino que es el desencadenante de una acción contundente que lleve a profundizar la lucha por la independencia y el socialismo. Bien lo señalaba Maduro en su discurso: tenemos la Constitución Bolivariana y el Plan de la Patria. Es cuestión de hacerlos cumplir y hacer entender al pueblo que el proyecto de país de la revolución no contempla la inclusión de especuladores, explotadores, vendepatrias ni traidores. La Venezuela que estamos construyendo no es para ninguna elite, sino que es para una Venezuela para el pueblo trabajador, socialista, una Venezuela productiva y con integración en la Patria Grande latinoamericana caribeña.
Los lineamientos generales ya los anunció el Presidente, ahora es necesario ajustar la implementación concreta de las medidas. La “sintonía fina”, como dice la Presidenta argentina Cistina Kirchner.
Es primordial ahora, que salga la ley habilitante de la Asamblea Nacional y que Nicolás Maduro, el PSUV y el Gran Polo Patriótico convoquen al pueblo a un gran acto de masas en la avenida Bolívar, para dar inicio a la guerra contra el golpe económico y político, dando a conocer los precios máximos de todos los productos de primera necesidad, el tipo de sanción a los especuladores y acaparadores, juramentar a todos los agentes de fiscalización cívico-militar y reafirmar el carácter patriótico y socialista de la Revolución Bolivariana. Sólo el pueblo movilizado y la unidad cívico-militar derrotarán a la atrevida y canalla oligarquía.
Decía el general Perón, en 1953, en un discurso ante el pueblo argentino en momentos en que la oligarquía llevaba adelante una campaña similar a la que se está llevando a cabo en la Venezuela de hoy:
“… es menester velar en cada puesto con el fusil al brazo. Es menester que cada ciudadano se convierta en un observador minucioso y permanente porque la lucha es subrepticia. No vamos a tener un enemigo enfrente: colocan la bomba y se van. Aumentan los precios y se hacen los angelitos. Organizan la falta de carne y dicen que ellos no tienen la culpa… Todo esto nos está demostrando que se trata de una guerra psicológica organizada y dirigida desde el exterior, con agentes en lo interno. Hay que buscar a esos agentes, que se pueden encontrar si uno está atento, y donde se los encuentre, colgarlos en un árbol. Con referencia a los especuladores, ellos son elementos coadyuvantes y cooperantes de esta acción. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios aunque tenga que colgarlos a todos. Y ustedes ven que tan pronto se ha comenzado, y el pueblo ha comenzado a cooperar, los precios han bajado un 25 por ciento. Eso quiere decir que, por lo menos, estaban robando un 25 por ciento. Han de bajar al precio oficial calculado, porque eso les da los beneficios que ellos merecen por su trabajo. No queremos ser injustos con nadie. Ellos tienen derecho a ganar, pero no tienen derecho a robar”.
Y también Perón, en ese mismo discurso, advertía sobre los malos funcionarios: “Sé también que algunos empleados públicos, inspectores y algunos funcionarios pueden estar complicados en esas maniobras. Si esto sucede, no he de tener inconveniente en entregarlos a la justicia en el mismo momento que se lo compruebe; pero, compañeros, quiero decirles que las organizaciones, nuestros partidos políticos y cada ciudadano de la República tienen en estos momentos la responsabilidad de enfrentar con hombría y con decisión todo ataque llevado subrepticiamente a la República. El Gobierno, el Estado y el Pueblo unidos son invencibles, sólo falta que nos decidamos a realizar. Yo no podría pedirle al pueblo el apoyo para otra cosa, pero para eso le pido y deseo el apoyo total y sincero del pueblo. Ese apoyo ha de ser para combatir a los malos argentinos y para combatir también a los malos peronistas y a muchos que se mueven entre nosotros disfrazados de peronistas. Para eso, especialmente, necesitamos el apoyo del pueblo, el apoyo desinteresado, el apoyo sincero, el apoyo que nos pueda llevar a una depuración de la República y a una depuración de nuestras propias fuerzas. En este orden de cosas la ley debe ser inflexible: al honesto hay que defenderlo hasta morir; al deshonesto hay que meterlo en la cárcel cuanto antes. De la misma manera los comerciantes, los industriales honestos, serán apoyados por el Estado, pero los deshonestos irán como los otros deshonestos, a la cárcel cuanto antes”.
La Argentina de aquel entonces, sólo llevó a medias lo indicado por Perón. A los dos años fue derrocado por esa oligarquía vendepatria. Esto no sucederá en Venezuela, pero es bueno recordarlo, porque de la memoria histórica de los pueblos se aprende.
