Está claro que nos hallamos en los prolegómenos de un socialismo llamado del siglo XXI para diferenciarlo de los ensayos socialistas del siglo pasado. En tal sentido, nos preocupa la propiedad privada del capital extranjero dedicada a la producción y comercio.
Creemos que no está muy claro que cuando un venezolano le vende a un capitalista extranjero un inmueble está vendiéndole parte de nuestra patria.
Se trata de inmuebles que como propiedad privada gozan de protecciones constitucionales comunes a las protecciones disfrutadas por los capitalistas criollos, como la de ser cotos privados, estar exentos de allanamientos sin orden judicial, perfectamente habitables por personas con intereses contrarios a este proceso socialista, cosas así.
En los actuales y bélicos momentos, observamos que estos capitalistas poseen galpones privados donde acaparan todo tipo de mercancías con fines non sancta. En ellos pueden almacenar armas no permitidas, sólo confiscables en caso de denuncias o de ocasiones muy puntuales.
De tal manera que esos inmuebles están representando auténticos enclaves extranjeros de un capitalista contrario al modo socialista que Venezuela está practicando. Por esta razón, creemos que dichos inmuebles pueden ser declarados propiedad de Estado cuyo valor podría ser perfectamente resarcido a sus actuales y legales dueños mediante amortizaciones o rebajas anuales del pago de Impuesto sobre la Renta. El expropiado seguiría usando el inmueble en calidad de arrendatario, mientras opere como tal, fabricante o comerciante, pero entonces el Estado podría perfectamente hacer visitas periódicas de inspección in situ de sus propiedades inmobiliarias sin el engorroso y eventual protocolo de requisas o allanamientos posféstum.
