El acontecimiento político del 2013 -excluidas la muerte del presidente Chávez y las tres derrotas electorales de la oposición- fue sin duda la reunión del presidente Nicolás Maduro con gobernadores y alcaldes de oposición recién electos o reelectos. Un hecho como ese no había ocurrido ni en época de Chávez, salvo encuentros ocasionales y circunstanciales, como sus reuniones después del fracaso del golpe de abril y los intentos por un diálogo mucho más amplio.
Es de excepcional importancia porque, convocados por Maduro, cuando hubo quienes creyeron que los opositores no asistirían o que la reunión estaría llena de tensiones y choques que podrían hacerla fracasar, fue posible un diálogo no solo abierto, sin restricciones, sino a la vista de todo el país, que debió sorprenderse porque se transmitieran todas las intervenciones de los opositores. Importante, además, por el ambiente y el tono en que se desarrolló, con algunas imprudencias, trascendente por las esperanzas que se abren en muchos venezolanos para que esta expresión política no se quede ahí, en esa reunión, y porque esos gobernantes mostraron su interés en cooperar para, dentro del Plan de la Patria, insertarse en algunas políticas y, en otros casos, obtener recursos para ejecución de obras. Más aún, importante porque expresaba una voluntad colectiva de paz.
Queda otra parte pendiente, y es el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El Presidente fue enfático, al día siguiente se observaron los primeros efectos de ese acercamiento, y él estará consciente de que está en sus manos rematar lo que es un triunfo político suyo. Si en el encuentro se vio su experiencia como diplomático, ahora veremos su capacidad de cumplir promesas y compromisos.
Plan de la patria. La Constitución es bien clara (art. 187): “Corresponde a la Asamblea Nacional, 8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación, que serán presentados por el Ejecutivo nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional”. Eso es lo que hizo la AN el pasado 3 de diciembre y, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.118 extraordinario al día siguiente, quedó promulgada.
La Ley del Plan de la Patria está vigente. Se ha aducido que es inconstitucional, que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Eso podría ocurrir, pero en tales casos no está en manos de un grupo de ciudadanos declarar tal incompatibilidad y negarse a su cumplimiento. Su nulidad tiene que ser denunciada ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, única instancia con capacidad para declararla nula, total o parcial, de acuerdo al art. 336 de la Constitución.
Los alcaldes que seguramente no han leído el Plan de la Patria no tienen idea de las posibilidades que se les abren para presentar proyectos locales y obtener los recursos necesarios para su ejecución. En una hora, a vuelo de pájaro, pude extraer hasta 36 ejemplos de cómo posible la presentación de planes municipales, unos que requieren recursos especiales, y otros de expansión de planes nacionales, de los cuales extraigo:
1.4.2.2. Fortalecer los programas de mantenimiento y construcción de vialidad y electrificación rural, con la creación de brigadas y unidades de mecanización vial (...); 1.4.3.2. Desarrollar un diagnóstico de los requerimientos de alimentos, de las capacidades de producción que permitan garantizar el acceso a la tierra, la tecnología soberana y los insumos adecuados; 2.2.3. Potenciar las expresiones culturales liberadoras del pueblo; 2.2.4.1. Profundizar la participación política y protagónica de las mujeres; 2.2.4.4. Promover el debate y reflexión de los derechos de la comunidad sexodiversa; 2.2.6.1. Profundizar la masificación deportiva; 2.2.6.4. Contribuir a la práctica sistemática, masiva y diversificada de la actividad física en las comunidades y espacios públicos; 2.2.7.2. Desarrollar espacios institucionales de formación y atención integral para jóvenes en situación de vulnerabilidad; 2.2.10.4. Disminuir el sobrepeso y el sedentarismo como factores de riesgo de enfermedades prevenibles, a través de mecanismos que fomenten la actividad física, mejoren los hábitos alimenticios y patrones de consumo (...); 2.3.1.3. Profundizar la conformación de consejos comunales (...); 2.3.2.1. Desarrollar el Sistema Económico Comunal con las distintas formas de organización socioproductiva: empresas de propiedad social directa, unidades familiares, grupos de intercambio solidario y demás formas asociativas para el trabajo; 2.2.3.4. Promover la organización de unidades de contraloría social de los consejos comunales; 2.4.1.2. Desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción; 2.5.3.5. Impulsar mecanismos de control y sanción; políticos, administrativos y penales, según el caso, para los servidores públicos que incurran en hechos de corrupción u otras conductas y hechos sancionados por las leyes; 2.4.4.2. Promover la justicia de paz comunal; 2.5.5.3. Impulsar los comités y campañas de desarme voluntario de la población (...); 3.2.3.5. Desarrollar procesos industriales a escala comunal vinculados con las demandas de grandes, medianas industrias nacionales; 3.2.7.1. Promover el crecimiento del turismo interno a través de políticas y programas de turismo social y comunitario; 5.1.3.12. Facilitar el acceso a los pequeños y medianos productores y a las formas asociativas de propiedad y de producción (...); 5.1.5. Mejorar sustancialmente las condiciones socioambientales de las ciudades; 5.1.5.2. Desarrollar sistemas de transporte público eficientes en el uso de recursos y de bajo impacto ambiental; 5.3.3.2. Incorporar a las organizaciones populares en el diseño de políticas culturales, impulsando iniciativas como los comités de control de los consejos comunales, entre otras.
Me entristeció ver cómo un grupo de alcaldes aplaudió las palabras contra la solidaridad de Venezuela con países latinoamericanos, a los que estaría regalando el petróleo. ¿Cuál habría sido la posición de ellos si hubiesen estado con Bolívar en 1822 cuando emprendió la campaña del Sur, con la inversión de importantes recursos y el riesgo de perder tantas vidas?
La Navidad no es el mejor momento para la crítica y la autocrítica en la MUD; imagínense que cuando intentaron analizar la derrota del 8-D, Roberto Henríquez, presidente de Copei (segunda fuerza opositora en esas elecciones), dijo: “Me sentí en una mesa de jugadores de póquer donde cada quien lleva sus cartas escondidas”.
En Chile en las presidenciales, las más importantes elecciones en cualquier país, solo votó 41%, mientras en Venezuela fue al revés (votó 60%) en las elecciones que retienen menor atención de los ciudadanos. Y en Colombia un funcionario destituye a una senadora como Piedad Córdoba, y ahora al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ambos de izquierda, y ustedes saben cuántas instancias se recorren en Venezuela para iguales decisiones. Pero según agencias y medios internacionales, Chile y Colombia son los países democráticos.
Y a propósito, ¿a nombre de quiénes hablaría un dirigente sindical petrolero opuesto al aumento de la gasolina con el único argumento de que Venezuela es un país petrolero? También lo son Arabia Saudita, Irán, Irak y Argelia, y ninguno la vende tan barato como Venezuela ni pierde tanto dinero por ese concepto: 13 mil millones de dólares anuales.
