1 Es urgente que los venezolanos debatamos, democráticamente, todo cuanto tiene que ver con la estabilidad del orden democrático y constitucional y las amenazas que en su contra se ciernen. Las razones son obvias. Cada día, las amenazas son más evidentes, y por si quedara alguna duda, los acontecimientos de los últimos meses las confirman. Hay un plan subversivo total, orgánico, en plena ejecución. Que ya ocasionó trágicos resultados: alteración violenta del orden público, decenas de muertos y heridos, destrucción de bienes públicos y privados, angustia en la colectividad. No hay que darle vueltas a cuanto ocurre para descubrir el propósito que lo impulsa. Responde al objetivo de derrocar al presidente Maduro y de reinstaurar luego el sistema controlado por la oligarquía y la funesta estructura partidaria que gobernó por más de cuatro décadas. En la aventura golpista-terrorista participan el gobierno de los EEUU -que no oculta su intención-, factores desnacionalizados de la oposición, grupos económicos y el poder mediático con activa cobertura, nacional e internacional, con cuanto estimule la subversión. Pregunta que uno debe hacerse: ¿está el Estado democrático en capacidad de actuar eficazmente con los actuales recursos legales que posee para responder la conjura? La pertinencia de la pregunta está fuera de discusión. La Constitución del 99 fue concebida y aprobada en un ambiente en el que no se preveían, ni remotamente, las reacciones que despertaría un gobierno revolucionario, del cual sería su marco referencial. ¿Desestimaron los constituyentes los intereses económicos, políticos y transnacionales que se opondría al cambio? La respuesta a esa interrogante quizá esté en lo que alguien comentó entonces: que la Carta Magna se elaboró con mentalidad de oposición que entonces privaba en quienes dirigían el proceso constituyente.

2 No es del todo cierto este juicio, pero es evidente que en el ordenamiento jurídico vigente hay vacíos a la hora de asumir la defensa de la Constitución y la democracia, en especial cuando se enfrenta la amenaza de una conspiración atípica, dada la abundancia de recursos que posee, al apoyo de una potencia inescrupulosa como los EEUU, de una oposición que desprecia el Estado de derecho, y de empresarios resistentes a cualquier cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo pautado en la Constitución se incumple. Que se la viola en su nombre. Como es el caso del derecho a manifestar. Por supuesto que se trata de un derecho político fundamental. De un derecho humano. Como tal lo consagra la Constitución en el artículo 68 cuando dice que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”. Si usted manifiesta pacíficamente, no hay problema; pero si lo hace violentamente, sí lo hay. Ya que su derecho a manifestar no puede vulnerar el derecho del resto de los ciudadanos a no ser perturbados en su actividad diaria y a que sus vidas y propiedades estén expuestas a la violencia. En otras palabras, que mi derecho individual a manifestar no puede socavar el derecho colectivo que, en este caso, es garantía de seguridad para la comunidad. El derecho a manifestar no es absoluto. Lo limitan la propia Constitución y leyes de la República. Es un derecho susceptible de regulación, sin que ello implique que sea cercenado.

3 Más preguntas: ¿Hubo alguna vez en Venezuela un desbordamiento de la violencia política con las características de las ocurridas a partir del 12 de febrero? ¿Son los guarimberos manifestantes pacíficos, respaldados por la Constitución cuando impiden el libre tránsito por calles y autopistas, montan trampas para asesinar motorizados, incendian sedes universitarias y asaltan propiedades públicas? Si el gobierno no hubiera actuado como lo hizo, en algunos casos con tardanza y extrema prudencia, porque no es represor como sostiene la oposición -que lo fue cuando ejerció el gobierno en la IV República-, se habría cumplido el objetivo golpista de derrocar al presidente Maduro, de caotizar el país y provocar una intervención extranjera. De ahí la importancia de debatir el tema. Y voy más allá: de pensar en una enmienda de la Carta Magna -o una ley especial- sobre el tema de la defensa del Estado democrático, establecer disposiciones que preserven y desarrollen su capacidad para actuar ante una subversión como la que el país padece, y ante los preparativos de una nueva ofensiva. O asumimos el desafío con la firme determinación de derrotar al poderoso enemigo o arriesgamos el futuro nacional.