INTRODUCCIÓN

El domingo 08 de noviembre de este año, el ilustre intelectual Luís Britto García, me envía un correo con uno de sus artículos titulado “Lecciones de la Historia”, donde relata de manera sucinta, varios pasajes de la historia universal contemporánea, que si se analizan desde una perspectiva crítica, podrían ayudar a comprender la situación socio-política y económica de amenazas y dificultades por la que atraviesa el proceso revolucionario bolivariano en la actualidad. Cito las conclusiones de cada uno de los pasajes de su artículo: 1. “El sacrificio de la dirigencia construye la lealtad de la base.” 2. “Por salvar  rateros se pierden Imperios.” 3. “Proteger malos hijos corruptos hace que buenos hijos honrados pierdan el poder”.[1]

Finaliza su artículo recordando lo que considero una de las medidas económicas más nefastas de la historia contemporánea de Venezuela como lo fue Recadi y las consecuencias para el gobierno de turno: “Acción Democrática perpetra el colosal fraude cambiario de Recadi, sólo presenta un chinito como responsable y pierde por siempre el poder. Quienes no aprenden de la Historia se ven obligados a repetirla, pero a veces no tienen ni esa oportunidad.” [2]

Estas conclusiones me motivan a publicar, de manera anticipada, varios extractos de una investigación que realizo para mi próximo libro: PETRÓLEO, POLÍTICA Y ECONOMÍA EN VENEZUELA: Desde la Petrolia hasta la Revolución bolivariana…”, referidos específicamente a la situación económica y a la política cambiaria en tiempos de los gobiernos de Luís Herrera Campins y Jaime Lusinchi. Son hechos concretos de la toma de decisiones en el ejercicio en el poder y con secuelas perniciosas para el país que quedaron documentadas para la historia y para el aprendizaje de los venezolanos y de los gobiernos del mañana.

Es un escrito fundamentalmente dirigido a los más jóvenes, para conocer parte de la triste realidad del pasado económico y para comprender parte de la realidad del presente, cuyo relato está cargado de descripciones concretas de hechos que marcaron la caída del puntofijismo, y que de manera recurrente, podrían poner en peligro al proceso revolucionario bolivariano por las “nefastas amenazas del desconocimiento de la historia contemporánea”.

No vaya a ser, que algunos de los que hoy están al frente de las difíciles decisiones en materia de política económica desde cualquiera de los frentes de batalla de la administración pública venezolana, padezcan de la terrible miopía que da percibir la realidad sin sólidos elementos históricos-referenciales para el accionar estratégico ante los posibles escenarios políticos y económicos que se les presentan a la hora de la toma de las acertadas decisiones, que son complejas por naturaleza y están permeadas por la incertidumbre. No vaya ser, que el grado de miopía sea tan elevado en algunos de ellos, por omisión, estén contribuyendo, de manera indirecta, a la consolidación de la Guerra económica impulsada por los sectores empresariales que se opusieron al presidente Comandante Hugo Chávez Frías y que hoy día se oponen al gobierno de Nicolás Maduro.

Se hace la salvedad, que este artículo no persigue criticar al gobierno revolucionario del cual formo parte, ni tampoco para desmotivar al electorado en las venideras elecciones paralmentarias ¡sólo es historia económica de Venezuela! Lo ocurrido en esos tiempos: pasado es. Lo que ocurre en estos tiempos, podría estar amenazado por los mismos elementos vividos en ese pasado oscuro. Por tal motivo, este escrito debe ser interpretado sólo como advertencias de la historia.

Cualquiera que encuentre en su análisis algún parecido con la realidad económica actual debe entenderse como pura coincidencia. Recordemos que en aquellos años predominaba la Guerra Fría, Venezuela era un reducto del imperialismo yanqui, las transnacionales petroleras controlaban la Industria Petrolera Nacional, se había iniciado el proceso de Internacionalización de PDVSA y la salida masiva de los capitales petroleros y privados al exterior, entre otros elementos perniciosos que explican el inicio de la caída de la Cuarta República. Hoy, las condiciones políticas son totalmente distintas, favorables para la sociedad revolucionaria: tenemos independencia política, PDVSA es roja rojita, se cuenta con un Plan de Desarrollo, Económico y Social Socialista, con una organización revolucionaria bien estructura; con apoyo popular; apoyo de las Fuerzas Armadas y apoyo internacional. Son elementos que se resumen en la frase triunfante de Hugo Chávez que no se cansó de repetir a pocos días de su siembra: ¡TENEMOS PATRIA, QUE NADIE SE EQUIVOQUE!

No obstante, en tiempos de ataques inminentes, por demás sigilosos, pero por los mismos actores enemigos de la revolución bolivariana tanto internos como externos, considero oportuno que la alta dirección política de la revolución chavista, encabezada por el presidente Nicolás Maduro, mirando al futuro, cambien de una vez lo que haya que cambiar en materia de política económica, sustituyan al que tengan que sustituirse, acusen y metan preso al haya que meter preso indistintamente del bando que sea dentro y fuera de la revolución.

Asimismo, en estos tiempos es fundamental dosificar los recursos escasos con más aciertos, maximizando los beneficios para el pueblo como en cierta medida lo han venido haciendo, utilizando la ciencia y tecnología para encontrar la senda de la prosperidad para comenzar la infinitamente anunciada revolución productiva, aprovechando nuestras grandes potencialidades en recursos naturales, y cooperando con eficacia entre el gobierno revolucionario, la sabiduría popular y los empresarios honestos, para que estas nefasta amenazas de la historia se puedan conjurar.        

El PETRÓLEO, la crisis de la deuda y EL VIERNES NEGRO (1983)

Luis Herrera Campins al tomar el poder gubernamental, el 12 de marzo de 1979, recibe un país endeudado y con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,2% con respecto al año anterior, el cual había cerrado en el año 1978 en 2,1%.

Durante su mandato la economía venezolana, altamente dependiente de los ingresos petroleros, sufriría una de las peores crisis que se recuerde en la historia económica venezolana, con secuelas que hasta en la actualidad, a inicios del siglo XXI, aún se siguen padeciendo. Esto ocurre, a pesar que en el año 1981, los precios del petróleo venezolano alcanzaron el nivel históricos más altos hasta ese momento (29,71$/b), motivado por el conflicto armado entre Irán e Irák iniciado el 22 de septiembre de 1980, que disminuyó la producción y  exportaciones de crudo de ambos países. No obstante, el PIB venezolano cayó al 0,3% con respecto al año anterior que también había sido negativo (-2%) (Gráficos 1 y 2).

Grafico 1. Producto Interno Bruto venezolano desde 1979 hasta 1993[3]

Grafico 2. Nivel de endeudamiento público por gobierno (1979–1993)

Con base en lo anterior, el ingreso petrolero venezolano se triplicó, pero la mala administración, la corrupción y el incremento de los intereses del servicio de la deuda externa por parte del gobierno de los Estados Unidos que se multiplicaron por cuatro a finales de 1979, hizo que apareciera un enorme déficit en la Balanza de Pagos (que muestra las transacciones monetarias entre un país y el resto del mundo) del año 1981 a 1982, por el orden de los US$ 2.720 millones. Donde la Cuenta Corriente cerró deficitaria por el orden de los US$ 4.246 millones y, por tanto, un superávit de la Cuenta Capital por el orden de los US$ 3.911 millones (Cuadro N° 2). En contrastes, las Reservas Internacionales incrementaban lentamente ubicándose alrededor de los US$ 11.121 millones (Cuadro N° 1).

¿Cómo pagó el Gobierno Nacional el déficit en la Cuenta Corriente? Contrayendo más deuda con instituciones financieras extranjeras, es decir, pidiendo prestado en el exterior, cuyas transacciones se reflejan contablemente en la Cuenta Capital, ubicando la deuda pública por el orden de los US$ 21,78 mil millones (Cuadro 3). El país pasó de ser un prestamista neto (en 1974) a convertirse en una nación deudora (1983).

En vez de financiar el déficit mediante el ahorro nacional (familias, empresas o bancos), impuestos o aplicando recortes presupuestarios de austeridad, el gobierno nacional adquirió más deuda con el extranjero, estimulando el “desahorro” público y sustituyendo esa parte del ahorro de las familias que financian la inversión. Se comprometía el futuro de los venezolanos, porque ahora se debería generar más productos (ingresos), invertir más y vender más petróleo en el mercado internacional para pagar el servicio y el capital de la deuda vieja así como de los nuevos compromisos adquiridos.

Según los informes económicos del Banco Central de Venezuela, para el período 1979-1983, la deuda total se incrementó en 71,8%, pasando de US$ 12.682 millones a US$ 21.782 millones, con un incremento promedio interanual de 14,5%. El año 1982 fue donde el incremento de la deuda fue mayor, se comprometió al país en 24,71% por encima del año anterior. En el Cuadro 3, vemos que en ese año la deuda externa aumentó 66,85% mientras que la interna lo hizo en 80,77%.

Cuadro N° 1

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS

(AL CIERRE DEL PERIODO)

(Millones de US $)

Cuadro N° 2

BALANZA DE PAGOS

Resumen General

(Millones de US$)

Se llegó a la situación de destinar 40% del presupuesto nacional para pagar deuda e intereses. El país canceló alrededor de US$ 14.753 millones por concepto de amortización al capital más el servicio de la deuda pública nacional en el período 1979-1983, superando en US$ 1.046 millones el monto de la deuda externa para el año 1983, que era de 13.707. Ver Cuadro 3. 

Carlos Andrés Pérez y Luís Herrera Campins cometieron el error de endeudar al país cuando los precios del petróleo eran altos, que es cuando recomiendan los economistas que es mejor pagar deudas. Sin embargo, por las características de la economía venezolana de poca diversificación en sus exportaciones y altamente dependiente de las exportaciones petroleras, el acceso a financiamiento interno se le dificulta en tiempos que los precios del petróleo son relativamente bajos.[6]  Ante tal situación, muchos países con esas mismas características se ven en la necesidad de crear fondos de estabilización macroeconómica o de inversión que son alimentados en tiempos de precios petroleros altos para contener los efectos económicos de tiempos de precios bajos. No hacerlo es someter a un riesgo latente a la población del futuro.

La misma decisión tomada por el gobierno de Luís Herrera fue tomada por muchos de los países pobres del mundo. Aupados por la banca privada internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Fueron países que adquirieron nuevos préstamos para paga deudas viejas, haciéndose impagables. Esto precipitó lo que se conoció como la “crisis de la deuda del año 1982”, provocando una catástrofe económica sin precedentes y la multiplicación de la deuda en los países no industrializados.

En el caso venezolano, el incremento de la deuda externa mostrada entre 1974 y 1983, de más de US$ 30.000 millones, contrasta con el comportamiento de los niveles de fuga de capital. La deuda contraída por gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins fue utilizada para financiar salidas de capital privado al exterior, ya sea por la vía de la adquisición de activos en el sistema financiero mundial, tales como títulos o bonos que se negocian fuera del país, depósitos de ahorro, mesas de dinero, eurobonos, entre otros; así como por la vía de la adquisición de bienes e inmuebles por venezolanos en el extranjeros. A esto se le une los hechos de corrupción que desangraron al país y estimularon la fuga de capitales.

A inicios del año 1983, los precios del petróleo seguían cayendo, el gobierno comenzó a padecer déficit fiscal. El 18 de febrero de 1983, Luís Herrera le informa al país la aplicación de una serie de medidas económicas para afrontar los problemas económicos acumulados: disminución de los ingresos fiscales por la caída de los precios del petróleo, la insolvencia ante la banca internacional y la fuga de divisas que se produjo desde 1981. Este día sería recordado como el “Viernes Negro”.

Entre las medidas económicas tomadas estuvo la restricción a la salida de divisas y la devaluación de la moneda; la aplicación de un control de cambio y la devaluación del bolívar frente al dólar, basado en la definición de dos tipos preferenciales, Bs/US$ 4,30 y Bs/Us$ 6,00, y una tasa de cambio libre.

Las dos primeras tasas cubrían las importaciones calificadas como esenciales y el servicio de deuda externa mientras que a la tasa del mercado libre tenían lugar el resto de las transacciones de la economía. El sostenimiento de la paridad sobrevaluada de Bs/US$ 4,30 fue concebido como el principal instrumento antiinflacionario, toda vez que el tono de la política fiscal y monetaria no permitía anticipar una contribución contra la inflación. Como soporte al tipo de cambio, se decretó un control de precios durante seis meses, para posteriormente poner en marcha un sistema de precios administrados que reconocía los ajustes derivados del cambio en la paridad preferencial.[7]

Luego de los seis meses, decretaría la llamada liberación de los precios e inicio de la campaña del "compre venezolano".

Con esta decisión, finalizaría el período más prolongado de estabilidad monetaria y cambiaria que había vivido Venezuela desde 1964 hasta febrero de 1983, que se había mantenido un régimen cambiario fijo con una paridad de Bs 4,30 por dólar con absoluta libertad cambiaria.[8] Esa moneda sólida y de gran poder en los mercados internacionales habría desaparecido. Comenzaría el proceso continuado de devaluación del bolívar que aún padecemos.

Paralelo a lo anterior, el presidente Luís Herrera constituyó la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI) adscrito al Ministerio de Hacienda, con la finalidad de administrar el sistema cambiario que antes era manejado por el Banco Central de Venezuela. En la fase de arranque, RECADI no contaba con local, presupuesto ni personal especializado, lo que permitió una serie de irregularidades y corrupción.

Varios casos de corrupción fueron descubiertos en ese gobierno. Uno muy sonado fue el caso de la construcción de la carretera de la región de Chuspa, estado Vargas, no concluida en esa gestión y se señaló como el gran responsable al gobernador de Caracas, Rodolfo José Cárdenas, quien presuntamente se robó el dinero asignado para esta obra. También, la corrupción en CANTV por su presidente Nerio Nery Mago; y el más famoso de todos, el de Vinicio Carrera, Ministro de Transporte y Comunicación, por la adquisición de los famosos taxi-metros, que huyó a Francia con US$ 2.000 millones, abandonando el cargo, entre otros. Este último caso preescribió en el tiempo y no cumplió ninguna pena ese delito quedando todo en el olvido, como si nunca hubiera pasado nada.

El 1 de febrero de 1984, finaliza el período presidencial de Luís Herrera. A su gestión se le criticó por “quebrar al país”, aumentar la deuda y empobrecer al venezolano. Finalizó con baja popularidad y los adecos volverían al poder y los copeyanos no gobernarían más nunca. Asumiría la presidencia el adeco Jaime Lusinchi para el período 1984-89. 

RECADI, EL SISTEMA DE CAMBIO MÁS CORRUPTO EN VENEZUELA HASTA ESE MOMENTO

Como este libro persigue vincular la política petrolera y los ingresos que aporta este sector a la nación con la política económica de los distintos gobiernos, es fundamental conocer como en el período gubernamental de Luís Herrera (COPEI) y Jaime Lusinchi (AD) se tomaron una serie de políticas de distribución de la renta petrolera en la sociedad, que fueron perniciosas para su desarrollo industrial del país, y vinculadas a despilfarros e institucionalización de nuevas formas de corrupción sobre el manejo de las divisas que recibe el país por la venta internacional del petróleo.

Después del “Viernes negro”, se constituyó la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi) adscrito al Ministerio de Hacienda, con la finalidad de administrar el sistema cambiario que antes era manejado por el Banco Central de Venezuela. En la fase de arranque, Recadi no contaba con local, presupuesto ni personal especializado, lo que permitió una serie de irregularidades y corrupción.

Este sistema continuaría en el gobierno de Jaime Lusinchi, y duraría hasta el 23 de febrero de 1989, administrando en los años de su vigencia alrededor de US$ 28,2 mil millones, pero otorgó autorizaciones por US$ 43,5 mil millones. Se señala que malversó alrededor de US$ 60 mil millones. A pocos días de tomar el poder el presidente Carlos Andrés Pérez, ordenó investigar sobre el otorgamiento fraudulento por Recadi de más de US$ 4.500 millones durante el gobierno de Jaime Lusinchi. "Investigar sobrefacturación de Importaciones ordenó el Presidente Pérez".[9] Se habría descubierto uno de los hechos de corrupción administrativa y sistémica más grande de la historia contemporánea de Venezuela.

El Diputado Paciano Padrón (Copei), declararía: “Recadi fue la fuente de corrupción más grande que tuvo la administración del expresidente Jaime Lusinchi, donde fueron otorgados caprichosamente miles de dólares preferenciales, atendiendo a intereses de empresarios y funcionarios a espaldas de la conveniencia nacional”.[10]

Ante tales acusaciones, el mismo 24 de febrero de 1989, el expresidente Jaime Lusinchi respondería por medio de una nota de prensa lo siguiente:

Se ha llegado incluso a criticar por sí mismo el otorgamiento de conformidades de importación acordadas para garantizar el normal funcionamiento de la economía y se han manejado cifras que no se corresponden con la verdad. Confundiendo incluso lo solicitado con lo otorgado.

Ausente como está del país el ministro de Hacienda de mi gobierno, doctor Héctor Hurtado, me parece conveniente precisar yo que las conformidades de importación se acordaron muy por debajo de las solicitudes que hacía el sector privado, pidiendo una mayor cantidad de divisas para sus necesidades ordinarias; que todas ellas fueron publicadas en la prensa nacional como fue norma y que el Estado estableció un sistema mediante el cual firmas internacionales especializadas debían verificar precios, cantidades y calidad de las importaciones.

En consecuencia, responsablemente debemos decir, que cualquier otra conducta habría conducido a la paralización de la economía venezolana. No sin dejar de decir que soy el primer interesado en que se realicen todas las investigaciones necesarias para determinar si acaso hubo fraude de los importadores en la solicitud de las divisas, si hubo fraude de funcionarios públicos en el otorgamiento de las conformidades y si, como se ha afirmado, algunos importadores en complicidad con funcionarios del Estado y firmas verificadores, sobrefacturaron importaciones... Me atrevo a proponer que la Contraloría General de la República, organismo idóneo por todo respecto, instrumente los procedimientos indicados.

Entre los hechos ilícitos y de corrupción encontrados en RECADI se tienen: Cobro para registrarse como importador en el registro nacional de importadores, que muchas veces eran informaciones falsas; Ofrecimiento y cobro de dinero para acelerar la tramitación de conformidades de importación; Retrasos en la asignación de conformidades de importación con fines de sobornos; Proliferación de gestores y de oficinas afines que cobraban dinero, estimulando las estafas a clientes incautos; Cobro de comisiones e información falsa para registrarse como estudiante becario en el exterior; Ofrecimiento y cobro de dinero para acelerar los pagos a los becarios en el exterior; Registro múltiple de la misma deuda externa privada; Cobro de comisiones y ofrecimiento de dinero para registrar deuda externa privada; Datos falsos para inscribirse como deudor privado; Ofrecimiento y cobro de dinero para reconocer porciones de deuda externa privada; Discrepancias entre los documentos finales de las operaciones de importación; Discrepancia en las facturas presentadas finales presentadas ante la empresa verificadora distinta de la factura final presentada en la aduana al nacionalizar la mercancía; y presiones de orden político para favorecer las liquidaciones de divisas para beneficio propio o de terceros; entre otros. Asimismo, proliferaron las cuentas en dólares de funcionarios públicos en el exterior, producto de los manejos irregulares de Recadi. Esto sería considerado una Gran Estafa cometida al país en seis años de su desarrollo, además, en el contexto de una economía deprimida y mucho sacrificio social.[11]

El día 27 de febrero de 1989, se recogió en prensa declaraciones de la Contraloría General de la República titulada: "El Contralor advirtió falta de Control en Recadi[12]", donde manifestaba que desde el año 1987 se venía alertando sobre irregularidades administrativas en el otorgamiento de divisas preferenciales.

El Informe Preliminar elaborado por la Comisión Especial del Congreso de la República que investigó el “caso Recadi”, concluyó que “el Régimen de Cambios Diferenciales, fracasó rotundamente al no alcanzar ninguno de sus objetivos fundamentales”, que eran detener la salida de capitales y contener las importaciones, a fin de evitar la reducción de las reservas internacionales; amortiguar los impactos inflacionarios que causarían la disminución de las importaciones y la devaluación segmentada del bolívar; favorecer la reactivación económica y evitar una desmejora del nivel de empleo y salarios en la población.

El informe elaborado por la Comisión Especial del Congreso reveló que:

Una de las consecuencias más serias que provocó al país esta política económica, fue la baja violenta de las reservas internacionales, ya que encontrándose éstas en 13.750 millones de dólares al cierre del año 1985, descendieron el 31 de diciembre de 1988 a 6.671 millones de dólares con el agravante de que las reservas operativas se situaron en el límite mínimo exigido por los acuerdos de refinanciamiento, es decir, 2.044 millones de dólares. No obstante esta situación, se comprometieron más de 5.500 millones de dólares más en cartas de crédito, que perfectamente sabían las autoridades del gobierno y del Banco Central de Venezuela que no podían ser honradas a su vencimiento.[13]

Ese fracaso “fue la causa de la quiebra del país” en los últimos seis años (durante los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi). No obstante, los administradores de justicia dirían lo contrario. La Corte Suprema de Justicia no encontró elementos suficientes para declarar culpables a los funcionarios de Lusinchi y a su gobierno por las acusaciones sobre Recadi. Ante tal decisión, el Presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, Silvestre Ortiz Bucarán, manifestó con indignación que “la sociedad de cómplices lo domina todo”.[14]

INVESTIGAN A JAIME LUSINCHI POR DIVERSOS HECHOS DE CORRUPCIÓN

En la Obra de Agustín Beroes, titulada “Recadi la gran estafa”, se recoge un buen resumen de las acusaciones de corrupción presentadas por la Senadora Lolita Aniyar de Castro (MAS) ante la Cámara del Senado el 21 de marzo de 1990, contra el ex-presidente Jaime Lusinchi. Con base en la legislación venezolana vigente, recomendaba nombrar una Comisión Especial que investigue “su grado de responsabilidad política, civil o administrativa, en relación a la malversación del Patrimonio Nacional en virtud de sus atribuciones constitucionales, con especial referencia al caso Recadi.” Y, de encontrarse culpable de algunos de los delitos, ser llevado ante los organismos penales correspondientes.

Esta senadora también sugería, investigar las denuncias de corrupción hechas por la Comisión de Contraloría de Diputados, que involucraban al expresidente como responsable en la prevaricadora renegociación de la deuda externa, y de los reparos petroleros; su responsabilidad por el mal manejo administrativo de Recadi y por las cartas de recomendaciones enviadas a esa institución para el otorgamiento de dólares preferenciales.

Se le acusó por haber modificado, el 15 de marzo de 1985, el Reglamento sobre Licitaciones Públicas, Concurso Privado y Adjudicaciones Directas para la Contratación de Obras y Adquisiciones de Bienes Muebles por la Administración Central, que permitía al Presidente de la República, “a petición razonada del Ministro respectivo, decidir que el presente Reglamento no se aplique...”, violándose el Art. 427 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, la cual establece que la licitación debe ser la regla.

Basándose en la anterior modificación reglamentaria, se le acusó de enriquecimiento ilícito y el de sus testaferros, entre ellos parientes y personas allegadas a Blanca Ibañez, concubina del ex-presidente y secretaria privada, cuyos nombres fueron dados en esa ponencia. En ese sentido, los casos de nepotismo no fueron obviados en su contra. Se le involucró en el caso de los contratos de obras públicas entregados por el tráfico de influencia en la adjudicación directa a personas y empresas en toda su gestión, entre ellas, por la adjudicación directa a Franco D´Agostino de una cantidad importante de contratos de obras públicas como la represa Uribante-Caparo, denunciado por el diputado Walter Márquez en 1984, por sobreprecio de más de 2.000.000.000 de bolívares-; y la Carretera a Oriente.

Por los beneficios a la empresa Constructora Los Andes, propiedad de Michele Fazzolari Faraco, Alexander y Mauricio Fazzolari Scurria, parientes políticos de Blanca Ibáñez, para construir el Conjunto Juan Pablo II, además de otras obras como el edificio sede de la Policía Técnica Judicial (PTJ). Asimismo, por la adjudicación de apartamentos del conjunto residencial Juan Pablo II por parte del Presidente de la República, y disminución de precios de algunos apartamentos en beneficio de parientes o allegados (tráfico de influencias y abuso de poder). 

El 27 de marzo de 1990, el Senado de la República, por votación de 25 a favor y 24 en contra - la mano del ex-presidente Luis Herrera fue decisiva-, aprobó investigar y enjuiciar al también ex-mandatario Jaime Lusinchi, para determinar su responsabilidad directa en los hechos de corrupción asociados al quinquenio 1984-1989.[15]

Debido a que pasaba el tiempo y las denuncias del caso Recadi estaban paralizadas, el miércoles 4 de abril siguiente, el Fiscal General de la República, Ramón Escovar Salom, dijo: “Pasa el tiempo y no se hacen progresos en el caso Recadi”, y propuso la creación de otro Tribunal de Salvaguarda, “para darle curso sólo a las investigaciones del caso Recadi”. En ese sentido, se investigaron a varias empresas y personas, y sólo se encontró culpable en las investigaciones a Ho Fuk Wing, pagando condena por este caso de gran resonancia nacional. Se cuenta que su detención ocurrió de manera fortuita, tras cometer una infracción de tránsito. Este ciudadano de origen asiático, pasaría a la historia como el popular “Chinito de Recadi”.

Dr. Andrés R. Giussepe Avalo

agiussepe@gmail.com