El presidente de la República anunció en su programa de televisión En Contacto con Maduro, que iniciará un proceso de renovación en todo el Gabinete: "Le he pedido al Consejo de Ministros que pongan sus cargo a la orden para hacer un proceso de renovación y reimpulso profundo de todo el Gobierno nacional", luego de conocer el logro de la mayoría calificada por la oposición en las elecciones del 6-D.

Para desactivar la amenaza de un referendo revocatorio, Maduro está emplazado a enviar una rápida señal de rectificación, comenzando por la corrección de los errores cometidos en materia de política económica. La apuesta por destruir la economía capitalista, sin haber creado antes una economía socialista eficiente y productiva, terminó siendo el atajo perfecto que desembocó en la actual crisis de caída de la producción, desabastecimiento, acaparamiento, especulación e inflación que tuvo un alto costo político para el Gobierno.

El país entero clama por un gran acuerdo nacional que permita superar los graves problemas de escasez, acaparamiento y especulación que azotan a la población. Por eso, la oposición tiene que evitar que su euforia se desboque y en lugar de facilitar la reactivación de la economía, embarquen al país en el desgaste de un referendo revocatorio. Esto agravaría la inercia gubernamental, toda vez que el oficialismo se enfocaría en mantenerse en el poder y pospondría una vez más la adopción de las urgentes medidas económicas que se requieren. Y aun cuando la inacción del gobierno facilite el triunfo de la oposición, ésta recibiría un país a las puertas de una crisis de gobernabilidad. Por lo tanto, la oposición tampoco podría gobernar en un clima de paz social. Una postura sensata de ambas partes llevaría a retomar el diálogo político para acordar un Gobierno de Unidad Nacional, con un programa básico que detenga el deterioro.

El gobierno tiene que evitar el desgaste que significa enfrentar un referendo revocatorio y la oposición debe contribuir a reactivar la producción y el empleo,si quiere alentar sus esperanzas de gobernar con una economía sana y en un clima de paz social a partir de 2019.De allí la conveniencia para ambos de crear los consensos necesarios en la nueva AN para adoptar sin más retrasos las urgentes medidas que se requieren para corregir los desequilibrios macroeconómicos y reactivar el aparato productivo, comenzando por sincerar el precio de la gasolina, unificar el régimen de cambios múltiples e implantar una regla fiscal para que la AN no reciba presupuestos con un déficit mayor a 5%.A la luz de este acuerdo básico para garantizar la gobernabilidad económica, al menos estas diez leyes se deberíanadecuar en el primer trimestre de 2016:

1. Ley de Promoción y Protección de Inversiones para garantizar los derechos de propiedad y la seguridad jurídica que requiere todo aquel que vaya a arriesgar su capital o el de sus accionistas.

2. Ley del Trabajo que sustituya la estabilidad absoluta por la estabilidad numérica, combata el ausentismo y el relajamiento de la moral del trabajo, propia de una economía rentista que espera vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo.

3. Ley Orgánica de Precios Justos que lejos de contribuir a derrotar la especulación y la inflación ha impuesto rígidos controles que congelan el precio de venta del producto final pero deja liberados los costos de los insumos y fuerza de trabajo, generado pérdidas que desestimulan la producción y agravan los flagelos de la escasez, el acaparamiento y la especulación.

4. Ley del BCV para retomar el espíritu original de los mandatos constitucionales en cuanto a la autonomía del BCV en la emisión de dinero y el manejo de las reservas internacionales. Esto pasa por sustituir los fondos que se crearon para gastar la renta petrolera por nuevos fondos para ahorra un porcentaje significativo de la renta que permita encarar los tiempos de escasez.

5. Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología para que las empresas puedan invertir directamente sus aportes en el financiamiento de proyectos de modernización e innovación tecnológica, en función de mejorar productos y procesos productivosy llevar productos buenos y baratos al consumidor.

6. Ley de Concesiones para estimular la inversión privada nacional y extranjera en la repotenciación de las zonas y parques industriales, hoy carentes de los servicios básicos que requiere la actividad manufacturera.

7. Ley de la Pequeña y Mediana Industria, que son la mayoría de las empresas que conforman el sector manufacturero del país, cuya reactivación, reconversión y reindustrialización requiere una amplia gama de incentivos a ser consagrados en esta Ley.

8. Ley de Compras Gubernamentales para sustituir las importaciones que anualmente hace el gobierno por un programa de compras gubernamentales que priorice lo hecho en Venezuela.

9. Ley de Repatriación de Capitales para extender el beneficio de estos incentivos a la inversión en la agricultura e industria de los capitales de origen venezolano que se encuentran depositados en el sistema financiero internacional.

10. Ley del Ince para recuperar y repotenciar los centros de capacitación técnica y productiva que terminaron convertidos en centros de formación política e ideológica, lo cual explica en gran medida la escasez de personal técnico calificado que requiere la reactivación y expansión del aparato productivo nacional.

La aplicación inmediata de este conjunto de medidas y aprobación de leyes contribuiría a cerrar el déficit fiscal y evitar su financiamiento con emisiones de dinero sin respaldo. El alivio de las presiones inflacionarias que devoran la capacidad adquisitiva de los salarios tendrá un impacto positivo sobre la mayoría de la población. Esto permitirá a la nueva AN legislar en un clima de paz social para aprobar un nuevo marco legal e institucional que cree un ambiente mucho más propicio a la inversión productiva.