Mucho se ha dicho, sobre el Referéndum que la derecha aspira que se realice contra el Presidente Nicolás Maduro, y sobre este tema ha habido mucha tela que cortar, de manera que uno de los factores interesados de las cinco patas de la MUD, logro introducir su iniciativa prácticamente 90 días después, del 10 de enero, tiempo que marco la mitad del periodo de gobierno del Presidente Constitucional.
Entonces vino la primera fase, de recolección del 1% del registro Electoral Permanente, que equivalía a menos de 300 mil firmas, sin embargo, los impulsores de la búsqueda del referéndum, declararon haber recogido más de 3 millones de firmas, y de las cuales habían auditado más de 2 millones que fueron llevadas y recibidas por el CNE.
Estas planillas donde fueron graficadas los datos de los electores que habían plasmado su rubrica y datos personales, fueron sometidas al chequeo establecido en el reglamento que rige la materia refrendaria; fue ahí donde se toparon con un conjunto de irregularidades inconcebibles y que deslegitiman de calle, a los factores que impulsan el hecho refrendario.
En esas planillas, que la propia MUD dijo haber auditado, aparecieron 10.995 personas fallecidas, otro tanto de ciudadanos que declararon no haber participado en ese evento y menos aún haber firmado; así como un grueso de sujetos no inscritos en el Registro Electoral Permanente del CNE, lo que a todas luces, vicia de toda nulidad, la intención de la derecha de querer someter la investidura del Presidente Nicolás Maduros Moros, a referéndum.
Es como si en un matrimonio civil, una de las partes aportara documentación falsa, comprobado el hecho, es declarado nulo de toda nulidad ese matrimonio, o por ejemplo, alguien que realice una transacción con billetes o cheques falsos, al demostrarse con pruebas evidentes, la autoridad competente declarara viciado el acto y por lo tanto nulo y tipificado el delito y se aplica la sanción correspondiente.
Igualmente, la lógica jurídica indica, que hubo intención manifiesta de fraude en la recolección de las firmas que servirían para legitimar a la parte que aspiraba que el CNE le reconociera y habilitara como el factor político solicitante del hecho refrendario contra la primera magistratura de la República.
De manera, que aquí, solo nos queda decir, que la culpa no es del CNE y menos aún del magistrado a quien aspiran revocar, sino de quienes, en su afán de salirse con las suyas, los tahúres de siempre hicieron como los sapos que sólitos, se ensartaron en esa acción viciada y fraudulenta por donde se le mire.
Considero, que al Poder electoral le ha faltado guaramos al no ejercer su autoridad, ya que premeditadamente quienes aspiran que se les reconozca como solicitantes del Referéndum, consignaron pruebas forjadas y falsas y llenas de irregularidades, lo que tipifica igualmente múltiples delitos; lo que implica, que en estas condiciones, sería una inmoralidad, que el Estado Democrático, y Social de Derecho y Justicia, se diera el tupe de llevar acabo un Referéndum, que en su primera fase de legitimación de sus solicitantes ha arroja tanta tracaleria.
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(*) Diputado Asamblea Nacional/Bloque de La Patria.
