Llegaron blandiendo el hacha de la guerra. Anunciaron con soberbia y con aire de colonizadores, que incendiarían la pradera y tomarían por asalto todo a su paso. Así, como en una película del viejo oeste, llegaron los bravucones de la extrema derecha a la Asamblea Nacional.

Cegados por la soberbia, el odio y la sed de venganza, descargaron sus más bajos instintos, ofreciendo a sus seguidores que en menos de seis meses arrasarían con la Revolución Bolivariana, desalojando del poder (por sopotocientas e infinitas vías) al Presidente de la República y, además, que arrasarían y convertirían a su causa a todos los poderes e instituciones públicas, principalmente el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Pues han pasado los meses. Y más allá de amenazas e insultos permanentes contra los poderes públicos y sus autoridades, la locura que persiste en la parlanchina Asamblea Nacional, los ha llevado por el camino del suicidio, se han ahogado en sus propios errores y torpezas.

El desvarío que más destaca es el pretendido desacato a las sentencias de las Salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Principalmente la referida a las impugnaciones por las marramucias detectadas durante el proceso electoral en el estado Amazonas, obligando al CNE y al propio sistema de justicia a abrir un proceso, aún en curso, para investigar dichas irregularidades.

Mientras el proceso judicial transcurre, se instruyó a la Asamblea Nacional que se abstuviera de juramentar a dichos diputados. Sin embargo, la soberbia y las maquinaciones privaron y las cúpulas de la derecha presionaron a sus diputados, instigándolos a desacatar las sentencias y ponerse en contra del más alto tribunal del país. Pues nuevamente rodaron.

Es por esto que el 11 de octubre del 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reiteró (Expediente 16-0897), en primer lugar, las "evidentes desviaciones de poder y fraudes constitucionales" ejecutados por la derecha fascista anidada en la Asamblea Nacional, toda vez que han excedido sus competencias y funciones al "incorporar" espuriamente a los diputados de Amazonas Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana.

Luego, en un nuevo acto de desacato, se dan el tupé de aprobar un Acuerdo de Rechazo al Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica (20-09-2016), a pesar de que la Sala Constitucional ya se había pronunciado sobre la constitucionalidad del precitado Decreto (2.452), reafirmando que en ella se "declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, en todo el territorio nacional, en la medida en que cumple los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad, adecuación, estricta necesidad para solventar la situación presentada y de completa sujeción a los requisitos constitucionales, dirigiéndose a adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que afectan la vida económica de la Nación, de diversa índole, afectando el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas".

Ante el evidente estado de desacato de la derecha fascista y golpista de la Asamblea Nacional, y ante la reiteración del Tribunal Supremo de Justicia, de que son nulos sus actos mientras se "mantenga el desacato a la Sala Electoral", la Sala Constitucional aprobó "Que en esta oportunidad el Presidente de la República deberá presentar el presupuesto nacional ante esta máxima instancia de la jurisdicción constitucional", con la finalidad de "garantizarle al Pueblo de Venezuela la estabilidad económica y financiera para el ejercicio fiscal del año 2017", como lo señaló el propio Presidente Nicolás Maduro.

El Presupuesto de la Nación presentado para el año 2017 alcanza la cifra de 8 billones 479.301 millones de bolívares. Utilizando un muy razonable y pertinente cálculo del barril de petróleo a 30 dólares y donde además se estima que el 83% del ingreso provendrá de la recaudación tributaria. Lo más importante para nuestro pueblo es que el gobierno revolucionario, comprometido siempre con los más humildes y necesitados, destinará más del 73% del presupuesto a la inversión social a través de las misiones y grandes misiones. El situado constitucional para las 23 gobernaciones, el Distrito Capital y la totalidad de las 335 alcaldías del país se incrementará en más del 400%, abarcando a todos los gobiernos locales y regionales sin ningún tipo de discriminación política.

Hay que seguir alertas. La derecha fascista no descansará ni retrocederá en sus pataleos y malcriadeces. Lo que efectivamente subyace con sus acciones de desacato, es el evidente intento de utilizar la Asamblea Nacional como espacio de perturbación para hacer colapsar las instituciones. Por esta vía de bloquear el presupuesto, sabotearlo o reorientarlo a su antojo, iban a provocar la paralización de todas las instituciones públicas. Este es el sueño dorado de esta derecha miserable y golpista. Nos hubiéramos quedado sin poder pagar los sueldos a los maestros, los médicos, los bomberos, los policías y todos los funcionarios y servidores públicos. Hubiesen colapsado los servicios públicos y la ejecución de obras desde el gobierno central hasta gobernaciones y alcaldías. Se hubiesen paralizado las transferencias de recursos para las pensiones, las viviendas o los proyectos productivos de las Comunas y Consejos Comunales.

Esta Asamblea en Desacato tenía bien montado la olla del colapso. Apostaban a la crisis presupuestaria para ahogar y estrangular sin piedad a todo el país.

Bien hecho por nuestro gobierno y las instituciones de justicia que obraron pensando en el bienestar colectivo. En garantizar el funcionamiento de todas las instituciones del Estado y asegurar la paz y tranquilidad de nuestro pueblo.