Con la mediación del Papa Francisco, quien en días previos nombró Cardenal a Baltazar Porras, activo golpista en 2002, se fijó el 30 de octubre de 2016 como el día en el que dirigentes de las organizaciones políticas PSUV-POLO PATRIÓTICO-GOBIERNO, por un lado, y MUD-BALTAZAR PORRAS-DERECHA, por el otro, intentarán ponerse de acuerdo para cesar la confrontación por el control del poder político venezolano, agudizada luego de la desaparición física del gigante Presidente camarada Hugo Chávez. Ese encuentro se da bajo la amenaza de protestas violentas por parte del sector más violento de la derecha, de hecho sus voceros Capriles, Machado y Florido, ya anunciaron su desconocimiento.
¿De qué van a conversar, en qué intentarán ponerse de acuerdo? ¿Cómo se espera concretar con objetividad la mediación del representante del Papa cuando es pública su aversión al gobierno, hasta el punto de avalar el golpe de estado de 2002, de manera pública y mediáticamente notoria? ¿Se ampliará la frontera agrícola, se reactivarán los planes de producción de semilla, se pondrán en funcionamiento las empresas en manos del gobierno y serán gestionadas directamente por los trabajadores y no por juntas interventoras centralizadas; las empresas privadas dejarán el saboteo productivo, se hará más eficiente la administración pública, abandonará la derecha sus actividades de violencia? ¿Qué impacto podemos esperar los venezolanos y las venezolanas en la solución de los problemas económicos y sociales?. Por ejemplo, ¿luego de los acuerdos aparecerá la comida y las medicinas, bajará la inflación? Y si eso ocurre ¿significa entonces que esos elementos básicos para la vida eran usados como medio para ganar adeptos a los intereses de los grupos en pugna? Y si esto último es verdad ¿no califica ese comportamiento para calificarse de delito, de intento premeditado de asesinato en masas, cabe entonces aplicar la justicia?
Esas inquietudes por una parte. Por otro lado, quienes se van a sentar a conversar representan casi por partes iguales (50,66% Maduro; 49,07% Capriles, 21,29% de abstención), a la población venezolana que votó por unos programas políticos en los que por ninguna parte aparecía la desestabilización del país, la corrupción, la impunidad, el asesinato, la guarimba, la ineficiencia como ofertas electorales. NO. Los venezolanos y las venezolanas nos hicimos partidarios de concepciones diferentes de comprender y actuar sobre la realidad, pero no de la destrucción económica del país y los consecuentes lastres sociales, muchos de ellos superados.
Lamentablemente, esa batalla por el poder es una de las causas (habría que evaluar su peso específico) que ha contribuido en la conformación de la profunda crisis económica venezolana, porque impide encontrar caminos democráticos para solucionarla. Es una crisis que tiene un impacto político, moral, ético, y principalmente social, cuyas consecuencias están en "pleno desarrollo", a pesar de que ya es evidente, entre otros, procesos de desnutrición, abandono de las escuelas, desmejora sustancial del sistema de salud y de la educación superior, en especial de las plantas físicas y de los servicios de apoyo; crisis que genera desesperanza, falta de credibilidad, deseos de abandonar al país. Sólo basta con saber que los niveles de inflación superan con creces los tres dígitos, para inferir sus graves consecuencias.
Entonces, preocupa al colectivo nacional el objeto del encuentro del 30 de octubre. No creemos que deba ser sólo un acuerdo entre las élites políticas o cúpula de las organizaciones políticas y del gobierno, incluida en el gobierno la Asamblea Nacional. En la construcción de los acuerdos debe estar el pueblo que todos los días defiende al país con su trabajo. ¿El 30 de octubre estarán acaso representados y representadas los trabajadores y las trabajadoras, los campesinos y las campesinas, las y los estudiantes, las empleadas y los empleados públicos, las iglesias, los bohemios, los intelectuales, los cultores, los militantes de base, las organizaciones populares, etcétera?
En ese sentido, dado que todos y todas los y las dirigentes políticos, en sus discursos dicen respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, proponemos 1) diseñar mecanismos de participación y protagonismo (derecho constitucional) del pueblo tanto en el debate como en las decisiones; 2) que esas reuniones sean televisadas y 3) que se diseñe un mecanismo de legitimación popular de esos acuerdos.
Finalmente, quien escribe, de forma autocrítica reconoce su responsabilidad, su cuota parte en la conformación de situación nacional porque fui diputado de la Asamblea Nacional durante el quinquenio pasado; y asumo mi responsabilidad porque formé parte de una de las patas del gobierno, la legislativa; lo soy, bien por acción o por omisión, quizá más por practicar una disciplina partidista acrítica y sin riesgos; pero soy responsable. Sin embargo, no basta con reconocerlo, es necesario asumir ahora posición frente a la crisis y mejor aún, realizar propuestas que tiendan a revertirla. Y como una autosanción, me comprometo a publicar por este medio, varias propuestas en la que hemos venido trabajando e involucrarme más en las tareas del pueblo, al fin y al cabo de ahí vengo y eso soy en esencia.
