El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, estuvo recientemente en Colombia para "alertar" de la crisis que vive Venezuela. Sus declaraciones se centraron en que nosotros somos culpables de los males de la nación vecina, ignorando que las políticas gubernamentales emanadas desde allí han causado gran parte de la situación crítica que atravesamos.
El diputado de Primero Justicia obvió hechos como que la Constitución Política colombiana de 1991 permite que el Departamento de Santander, concretamente la Alcaldía de Cúcuta, pueda legalizar productos venezolanos, como gasolina y alimentos, que entran por vía del contrabando.
Asimismo, se hizo la vista gorda con la resolución Nº 8, promulgada en el año 2000 en la presidencia de Pastrana, Art. 70, que le otorga legalidad a la compra y venta de divisas. Ya sabemos cómo esto alimenta Dólar Today, una vez que el bolívar se vende por debajo de su valor en el cambio por pesos colombianos para la compra de dólares. También está la falsificación de billetes venezolanos. Esto incide en la devaluación de nuestra moneda.
Ahora surge un nuevo elemento, las computadoras portátiles Cainamitas son comercializadas allá, como denunció Mario Silva en su programa La Hojilla. Hay que investigar cuál mafia participa en esa aberración, ya que el Gobierno venezolano hace una inversión importante para la población estudiantil, pero son otros los que se están beneficiando al legitimar la ilegalidad.
¿Si es sincera la preocupación de Borges por Venezuela, por qué no insiste en la derogación de la resolución 8? Y ¿por qué no aboga por sanciones a quienes contrabandean nuestros rubros en suelo neogranadino?
Finalmente, el parlamentario opositor dijo que la hermana república nos quiere donar medicamentos, los cuales ahí son bien costosos. Entonces, la tercera pregunta es: ¿por qué no se los dan al pueblo colombiano que no puede pagarlos?
