Sorprende al país la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en respuesta a un recurso del diputado Héctor Rodríguez, de la que copiamos algunos párrafos principales:
1.- Se ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que, en atención a lo dispuesto en el artículo 236.4, en armonía con lo previsto en los artículos 337 y siguientes, entre otros, proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción
2.- Se ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA)
Junto a esto, el máximo tribunal señala los límites de la inmunidad parlamentaria y asoma la posibilidad de que la Asamblea haya incurrido en un delito de lesa patria.
Más allá del análisis jurídico que compete a los especialistas, los aspectos políticos de la sentencia revisten suma gravedad. Veamos.
Es conocida la profunda crisis que hoy vivimos, afecta todos los sectores de la vida nacional, toca lo político, lo económico, lo social. En estas condiciones es lógico que la gobernabilidad esté perturbada, sin dudas la crisis reclama una recomposición de los mandos de la nación.
El TSJ había adquirido un poder político que al principio parecía muy cómodo al gobierno. El Tribunal le servía para resolver el obstáculo de una Asamblea con mayoría opositora; sus sentencias, a todas luces políticas, consiguieron neutralizar una Asamblea agresiva. Pero el precio -ahora se evidencia- fue alto, el Tribunal se elevó a actor político fundamental, aunque sujeto a los mandamientos del Ejecutivo; no obstante, ahora se ve que esa subordinación política es precaria, transitoria.
El Tribunal consiguió un poder inusitado. Además de sus atribuciones jurídicas, se transformó en un monstruo al que las circunstancias conducen a ser el poder real. Ahora ordena al Ejecutivo una serie de acciones difusas que quedan a la calificación del Tribunal si se cumplieron o no, de esta manera el tribunal puede decretar el desacato del Presidente Maduro con la misma justificación, jurisprudencia, que decretó el desacato de la Asamblea.
Ahora el gobierno del Presidente Maduro es más débil que nunca, más nominal que nunca, seguirá mandando pero con el ojo puesto en la cara del Tribunal, cuidándose de no irritar al poderoso, que le puede dar un vuelco a la tortilla, consultándole, obedeciéndole. Es así, el golpe del Tribunal se consolidará cada hora y la debilidad del Ejecutivo se hará insostenible. El gobierno está pagando sus transgresiones a las leyes de la política: a su conveniencia minó las bases jurídicas y políticas de la democracia burguesa, no las sustituyó por la legalidad revolucionaria, socialista. Ahora el edificio burgués se le viene encima.... cualquier cosa puede pasar… Inclusive que los chavistas se dejen de pendejadas, de ser el furgón de cola de estos gobernantes heridos de oportunismo, y decidan hacer que el Socialismo entre en combate.
