La Cancillería no había terminado de explicar nuestra victoria en la OEA, nada fácil, pues hasta medios locales se la atribuyeron a Almagro, ni de valorar la dignidad de los votos de República Dominicana, El Salvador y Haití, pese a las descaradas presiones y amenazas de EEUU, cuando la Sala Constitucional del TSJ sentenció que en la práctica, las funciones del Poder Legislativo pasan a ser materia suya o de quien asigne, pero que la Fiscal General, que acumulaba lo que consideró “violaciones constitucionales”, denunció como “ruptura del orden constitucional”. Era inevitable la reacción exterior, particularmente en los países latinoamericanos, como en efecto ha sucedido. La ofensiva desde EEUU y de la derecha continental, con el cerco mediático de las poderosas agencias noticiosas y no menos influyentes medios, puede mostrarse más activa en los próximos días y desbordará los límites de la OEA.

Mientras, en una nueva experiencia de la falta de apoyo popular, la calle no ha atendido el llamado de la oposición para “que el pueblo nos acompañe” en la denuncia de lo que ha considerado un golpe de Estado, como si no supieran lo que es un golpe.

El presidente Maduro tuvo una ponderada intervención el viernes por la noche, y convocó al Consejo de Defensa Nacional, en cuya reunión acordó exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional que justificó “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las de las actuaciones de la Asamblea Nacional”, y que originaron esta controversia. Aunque esa exhortación no la hizo directamente a la Sala Constitucional, que de acuerdo a la Constitución (art 336) es a la que corresponde “Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer” (numeral 8) y “Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público” (numeral 9). Finalmente fue esa Sala la que ayer anunció formalmente la supresión de las partes de su controversial sentencia que, además de la reacción opositora, y de algunos países, llevó a la fiscal Luisa Ortega Díaz a dar su no menos controversial denuncia de ruptura del orden constitucional.

Aunque no está claro para mí si esa Sala podía revisar su propia sentencia, el caso es que ayer la Sala en pleno informó al país la supresión de aquellas decisiones que generaron las mencionadas reacciones, lo que, en el fondo, significa que la Fiscalía tenía razón.

Años de represión

Increíble como los gobiernos de Acción Democrática y de Copei lograron involucrar directamente a las Fuerzas Armadas (que, por supuesto, no eran las mismas de ahora) en los crímenes, represión, lucha anticomunista, torturas y la persecución de cuanto oliera a izquierda durante un largo período (1958-1998). Pese al tiempo transcurrido hasta la aprobación de una ley que permitió investigar y abrir expedientes que mantenían secretos, así como vencer la resistencia de la institución castrense que silenció durante años tantos documentos reveladores, ha sido posible conocer gran parte de la verdad que se mantenía oculta.

El informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad, titulado Contra el silencio y el olvido, revela la cantidad de oficiales que dirigieron esos centros de crimen y tortura como fueron los Teatros de Operaciones (TO), así como su intervención en otros escenarios donde ocurrieron hechos criminales. En ese período, en los seis TO intervinieron un general de división, 17 generales de brigada, 49 coroneles, 60 tenientes coroneles, 70 mayores y 83 capitanes, que aparecen con sus nombres y funciones. También se mencionan los represores y torturadores civiles y a 33 delatores, aunque no incluye a decenas que lo hicieron circunstancialmente, así como a 13 agentes de la CIA, algunos de ellos extranjeros. Cabe preguntar si sobre ellos no caerá “el peso de la ley”, como se dice habitualmente.

La investigación de la comisión especial que tan diligentemente dirigió la fiscal Luisa Ortega Díaz, mereció este reconocimiento de José Vicente Rangel: “El resultado de ese prodigio de laboriosidad investigativa, de profesionalismo en el cumplimiento del mandato recibido, es un informe cuyos contenidos fundamentales determinan que el sistema democrático que surge en el marco de los años 1958-1998, acumula terribles violaciones de la Constitución vigente para entonces y de los derechos fundamentales de los venezolanos”.

Un documento de esa naturaleza (el libro tiene 800 páginas) formará parte de la historia contemporánea de Venezuela, que en lo sucesivo no podrá estudiarse sin que sea conocido y discutido, pues muchos de sus autores intelectuales, sobre todo civiles, continúan en la política ignorando hechos como los recogidos en el mencionado informe.

Pero como al mejor cazador se le va la liebre, también ocurrió ahora. Por ejemplo, mientras se ofrece la lista completa de los militares que estuvieron presos en el Cuartel San Carlos, se ignoran los nombres de algunos civiles que también estuvimos allí, como el de Jesús Faría, secretario general del PCV y senador; Jesús María Casal, Luis Miquilena, y el mismo Díaz Rangel, pues estuve dos años y medio preso en el San Carlos. Otra omisión es la de quienes pilotearon las decenas de bombardeos, con víctimas civiles, registrados en el informe.

Exitosa desde todos los ángulos la exposición Venezuela Potencia, en el Poliedro. La masiva concurrencia del público fue rematada con la clausura donde se hicieron presentes numerosos empresarios y se suscribieron importantes acuerdos.

Yo creía que habían desaparecido las elecciones sindicales, pues ni a este diario vienen los actores a informar de sus resultados, hasta que leí en Tribuna Popular que la Corriente Clasista Cruz Villegas, en la planta de Pepsi, de Valencia, había ganado con el 84% de los votos. Pero no informan cuantos votaron.

A la chita callando, como se decía, se viene organizando la Liga de beisbol profesional femenino, que hasta ahora tiene 12 equipos, de igual número de estados. Extraño no ver equipos de Aragua y Falcón, tan beisboleros.

¿Cómo interpretan ustedes que la declaración de Didalco Bolivar postulando la reelección de Maduro, no tuviera mayor eco: ni aplausos ni criticas.

Gozosos en AD por sus 234.804 firmas revalidándolo como partido. No se sabe cuantos firmaron dos veces, pero en todo caso emerge como el primer partido de oposición, mientras Copei se limitó a denunciar “irregularidades”.

Alguna vez escribí que Brasil con Temer surge como el país con mas corrupción en América Latina. El caso de Eduardo Cunha, expresidente de Diputados, y quien inició el “juicio” contra la presidenta Rousseff, es buen ejemplo: está sentenciado a 15 años. Tendrá apelación y por las amenazas que ha hecho de cantar todo lo que sabe, es posible que le rebajen la pena para silenciarlo. Todo puede ocurrir.