"…El color rojo es emblemático, pero la Constitución no tiene colores. Fíjate lo que estoy diciendo: ni la República, ni el Estado, ni la democracia la estamos refundando ahora, todo eso lo hicimos en 1999 y los conceptos sobre cada uno de esos valores, se hicieron, igualmente, en 1999… Una reforma es profundizar los valores…"

Carlos Escarrá Malavé

(Entrevista: Sobre la propuesta de Reforma

Constitucional del Presidente Hugo Chávez,

"Ultima Noticias", 2007)

De nuevo el tema de la Constituyente vuelve a ser protagonista de la historia constitucional de la Venezuela moderna; lástima que venga la idea en un escenario en el cual estamos llorando a nuestros muertos y seguimos empantanados en el lodo de la desunión y la confrontación política. De rajatabla, se sigue pensando que el interés de los grupos puede definir la cartografía de sentimientos y necesidades de todo un país; la vida pública amerita de intereses colectivos, de bien común, de consciencia republicana, no de sectarismo y movimientos programados de estrategia política que en nada representan las aspiraciones de individuos que están impregnados por la cultura global y que tienen derecho a involucrarse con el mundo y el confort que ese mundo le ofrece.

En el siglo XIX, época de Karl Marx, la vida cotidiana no tenía tantos atractivos como la vida contemporánea; el salario tenía un fin utilitarista práctico, pero a la vez, se podía satisfacer las necesidades básicas; hoy, con guerra económica o con autoflagelación oficialista, se está ante la imposibilidad de satisfacer el confort, porque no alcanza, y ante la anulación de satisfacer las necesidades básicas en todo su contexto, porque no solamente no alcanza el capital, sino que los productos escasean y el marcado negro ha tomado todas las aristas de esa escases y se ha convertido en una alternativa no solamente de satisfacción y vía para adquirir productos escasos, sino para crear un espacio vital de subsistencia nuevo denominado "bachaquerismo", cuya característica es posesionarse sobre productos escasos y colocarlos a precios cinco y hasta diez veces por encima de su valor nominal aceptado. La plusvalía se acrecienta a costillas de una nueva clase explotada: la difuminada clase media que junto a la figura del lumpeprolerariado, o trabajador pobre, hoy son los que pagan ese extra para tener un espacio de satisfacción de sus necesidades.

El país, aunque no es una cifra que recurre a algo halagador, ha bajado su consumo de cerveza en un 70%, y en otros licores, sobre todos los importados, está ya por el orden del 80%; cuando una sociedad no cuenta con el mínimo de recursos para darle satisfacción a sus hábitos y placeres, se vuelve una sociedad violenta y con claros traumas de conducta. Pareciera una nimiedad el análisis pero marca una pauta del antes y el después; tal como señala Juan Pablo Palladino ("Individuos agresivos, sociedades violentas", Revista Teina, N°17, 2008), "…el estilo de vida occidental fomenta el surgimiento de la violencia en múltiples modalidades. En muchas ocasiones la agresión puede partir de un estrés mal controlado porque la persona carece de las habilidades inhibitorias necesarias, alude. Y esto es común en sociedades altamente competitivas. «Vemos al otro casi como un enemigo con el que es muy difícil empatizar y no como alguien al que hay que ayudar y al que debemos respetar porque es un igual en cuya piel debemos ponernos. A esas exigencias culturales, dice, hay que sumar las «grandes dosis de frialdad que congelan la expresión de las emociones, sobre todo entre hombres…"

La percepción de un llamado a Constituyente debe entenderse, en ese escenario de sociedad violenta, y visualizando sus referentes teóricos; en este aspecto, tomando ideas de Francisco Soto Barrientos (Estudios constitucionales vol.12 no.1 Santiago 2014), el modelo de una Constituyente, o Asamblea Nacional Constituyente, en Latinoamérica, "…se asemeja a la fórmula que ha atraído a clásicos como Tocqueville, Paine, Condorcet y Sieyés…" Para estos autores, la figura de la Constituyente, es la única alternativa que garantizaría la generación de un orden constitucional como resultado de un debate deliberativo nacional, lo que augure el surgimiento de un constitucionalismo latinoamericano, que se estructure sobre la base de una serie de principios novedosos desde la perspectiva comparada, al igual que lo fueron en su momento las experiencias norteamericana y francesa. Lo que más ha resaltado en países como Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Venezuela, es el carácter participativo, plurinacional o intercultural, de sus Sistemas Políticos de corte democrático.

En concreto, la experiencia constituyente ha tomado características puntuales en la realidad sociopolítica latinoamericana; primero la Constituyente surge desde la iniciativa del Estado, a través de un frente de reformas totales o parciales a la Constitución; se da también, producto de un proceso revolucionario que asume el mando de la nación y se compromete a instaurar un nuevo orden institucional; también desde artificios legales que le dan la potestad al Estado de llamar a una consulta Constituyente; mediante la iniciativa legislativa que de forma consensuada y mayoritaria, marca la pauta de un nuevo sistema político-jurídico nacional; y estableciendo un sistema institucional originario que modifique toda la legislación básica elaborada a partir de la independencia, sobre la base de un acuerdo con la concepción indigenista de la historia que supone una relación especial con la tierra, la importancia de la comunidad y el retorno al pasado, se buscó estructurar una nueva carta fundamental que garantizara los derechos históricos de nuestros antepasados.

En este sentido, la Constituyente en Venezuela se reconstituye en razón de un procedimiento ideal, el cual, difícilmente, represente algo practicable, sin embargo, constituye una construcción intelectual que en la práctica en Latinoamérica se traduce en una especie de reforma sustancial de la Constitución vigente; la implementación lleva implícito exigencias formales y sobre todo materiales, cuyas condiciones de exigibilidad, le otorgan un fuerte componente deliberativo, factor que permite no solamente la legitimación del sistema institucional en su conjunto, sino la capacidad de generar empatía y compromiso a la ciudadanía.

En el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999, gaceta Oficial Número, 36.860), se asume el compromiso ciudadano Constituyente en la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual es la expresión operativa para cumplir con el mandato del soberano en la transformación de la Carta Magna vigente. Este mandato está en el Título IX, sub-titulado De la Reforma Constitucional, y donde aparecen reflejados tres capítulos>: el uno, que trata sobre las enmiendas; el dos, de la Reforma Constitucional propiamente dicha, y el tercero, de la Asamblea Nacional Constituyente. En este Capítulo tercero, conformado por dos artículos concretos, el 347 y el 348, se distingue, antes que nada, en el 347, que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario, y que activar ese llamamiento para la transformación total del Estado (no del Gobierno), pasa por crear un nuevo orden jurídico y una nueva Constitución. El artículo no da la intencionalidad de mantener estructuras o esquemas de la Constitución de 1999, sino de crear una nueva, es decir, con sentido y direccionalidad diferente a la actual. Así mismo, y acá no hay que rebuscar interpretaciones constitucionalistas no acercar otros articulados de la Constitución que pueden confundir la verdadera postura del mandato, al ser el pueblo quien es su albacea, al pueblo hay que consultarle si desea o no, activar este llamamiento. Acá el llamado a un Referéndum Consultivo es tácito, inherente al reconocimiento de los valores y derechos humanos del pueblo soberano.

En el artículo 348, quizás por bondad del legislador, se le da otros escenarios a la Constituyente, que pertenece al pueblo, pero que factores sociales e institucionales de ese pueblo, pueden perfectamente tomar la iniciativa para invitar, también a través de un proceso referendario consultivo, si se desea o no activar este recurso Constitucional para actualizar y reorientar el rumbo de la sociedad venezolana. Por iniciativa no debe mal entenderse igual que la categoría autonomía en el contexto universitario; la autonomía para el manejo del co-gobierno universitario no es un cheque en blanco para asumir una conducta licenciosa y exenta de controles por parte del Estado, debe haber intervención del Estado y debe fortalecerse el Control de sus actos administrativos y contables. Igual sucede con la categoría iniciativa, no es una licencia para invocar el recurso de la Constituyente de manera inmediata (ya sea por parte del Presidente, en Consejo de Ministros, de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o de los Cabildos municipales, o del 15% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral), sino entenderla como un llamamiento reflexivo y crítico de un sector, pero para su articulación debe constar con el apoyo, directo y en comicios universales y secretos, de un Referéndum Consultivo al poder soberano. De lo contrario, activar la Constituyente sin la debida consulta de activación o no, al pueblo depositario del poder constituyente, sería construir un escenario que necesita consenso y empatía entre todos los sectores de la sociedad, en una realidad ilegítima y segregadora de los derechos de las mayorías.

En el 2007, el Presidente Chávez perdió el Referéndum Aprobatorio de su llamado a Reforma Constitucional, en aquellos días él expresó estar en desacuerdo con victorias "pírricas", sin el apoyo masivo del pueblo; hoy que se está en el umbral de una situación real de pérdida de espacio político por parte de nuestro liderazgo como fórmula alternativa de Gobierno, se hace necesario contribuir con la Paz a través de procesos de consulta naturales y abiertos; querer permanecer en contra de la voluntad de una mayoría arrastrará más violencia y mayor distancia entre nosotros, los que creemos en una realidad diferente al capitalismo neoliberal-explotador, y ese pueblo que supo entender en el liderazgo del Comandante Hugo Chávez un camino de esperanza y de verdadera equidad económica, social, cultural, política y revolucionaria. No con esto se está reivindicando a los adversarios de la derecha y la ultraderecha violenta, pero tiempo de entender el papel que le toca al movimiento social y político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en su necesario de tránsito hacia el post-chavismo, el cual, a diferencia del peronismo argentino, tiene la responsabilidad de entender los aciertos y desaciertos, para no ceder ante la historia ni diluirse en el desierto de las ideologías.

La Constituyente debe crear una línea amarilla entre la roja y la azul, y en esa línea marcar el nuevo escenario del Estado venezolano, fortaleciendo las raíces liberales del sistema económico nacional con una visión socialista en la distribución y responsabilidad ética del empresariado, pero a su vez blindar las políticas sociales de la Revolución Bolivariana para no perder los espacios ganados y constituir un Estado Social que pueda coexistir con el Estado Gerente-Corporativo que es el que permite generar suficientes recursos económicos para satisfacer las necesidades de las gentes. No cometamos el error de crear nuevos escenarios bajo condición ilegítima, que consulta natural y abierta sea el compromiso de quienes les ha tocado trascender el legado de Chávez, a pesar del costo que se pueda llegar a tener.