La otrora Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, ha decidido optar por abandonar sus funciones institucionales como dirigente de un órgano del Estado para asumir nuevas funciones, propias de una candidata a algún cargo de orden político. Es así, que la relación interinstitucional muy propia entre órganos del Estado, ahora la asume desde los micrófonos de los medios de comunicación y no, desde los mecanismos interinstitucionales tradicionalmente establecidos. Pareciera, jugárselas a proyectar más su imagen personal que la de la Institución a la cual le toca representar por voluntad de la Asamblea Nacional. Ya, el propio camarada Diosdado Cabello solicitó disculpas al pueblo revolucionario por tamaña metida de pata, recuérdese que le tocó a él, presentar al seno de la Asamblea Nacional, Revolucionaria entonces, su postulación como Fiscal General de la República.

Hoy por hoy, el Ministerio Público es una institución que transcurre al garete de las directrices que se le ocurran a los pranes de la oposiMUD, según se desprende de lo ocurrido con el hasta hace días atrás Fiscal Víctor González, destituido de su cargo por expresa disposición del terrorista, inhabilitado por corrupción, Henrique Capriles Radonski. Informa González, en senda entrevista Con Amorín que, en menos de un año, se han retirado de esa institución del Sistema de Justicia un poco más de mil fiscales, "debido a las incongruencias de la institución". Lo cual, habla mucho del descalabro que vive esa otrora respetable institución que, en poco menos de un año, se ha venido a menos.

En los tiempos que cursan, si a Luis Almagro se le ha asignado la tarea de organizar y estructurar la ofensiva internacional contra la Venezuela Bolivariana en conjunción con Julio Borges; en el plano nacional, una vez que ha sido captada para la causa imperialista, a la Dra. Luisa Ortega Díaz se le asignado la tarea de intentar implosionar los órganos del Estado desde la Fiscalía. Esto, debido al fracaso en esa misión asignada por la Embajada de EEUU, previamente, a la Asamblea Nacional surgida a partir del 6D-2015. No por casualidad, el Ministerio Público, ahora dirigido por Capriles Radonski, se ha enfocado a procurar la impunidad de los crímenes cometidos por sus terroristas "pacíficos" que ya han causado la muerte de 52 compatriotas (13 de los cuales fallecieron participando en saqueos y actos vandálicos, 3 por francotiradores, 3 por crímenes de odio, 5 en accidentes por bloqueos de vías, 16 no eran partícipes de protestas o movilizaciones de los actores políticos y el resto por otras causas, como por ejemplo: ser asesinados por sus propios compañeros con esferas metálicas o sicariatos). De ese total, según investigaciones, 7 casos involucran la participación de funcionarios del orden público, 3 de ellos a la GNB, 2 a la PNB, uno a la policía del Municipio Sucre y uno a la policía del Estado Bolívar, según Informe hecho público por la Defensoría del Pueblo este miércoles 01 de junio, y 1.119 heridos y lesionados, 349 entre GNB y PNB, por la violencia opositora. En su balance, el Defensor del Pueblo, Tareck W. Saab, manifestó su preocupación ante el hecho que tan sólo 2 personas están detenidas por esos casos. Evidencias todas, de que el Ministerio Público ha abandonado sus funciones de garante del mandato 285 Constitucional que le ordena en nombre del Estado, ejercer la Acción Penal contra las y los infractores de las leyes de la República y la Constitución.

A Luisa Ortega, la política hoy en funciones, la Embajada le ha encomendado las complejas tareas de intentar socavar la integridad institucional de nuestro Máximo Tribunal de la República y, a su vez, sabotear la convocatoria a Constituyente, promovida por el camarada Presidente Nicolás Maduro. Para ello, Ortega Díaz, hace uso de su máscara de simpatizante "Chavista", para intentar también, socavar la unidad compacta que hoy presentan las fuerzas de la Patria. Pretende así, ganar los favores del imperialismo hacia una potencial candidatura presidencial suya en 2018, ante el descalabro de las fuerzas oposicionistas de la derecha fascista, organizadas en la MUD. Se reorganizan en torno suyo, los mal llamados "chavistas críticos", muy críticos con el Gobierno del camarada Presidente Maduro, pero cero críticos con la derecha fascista y el imperialismo. Constituyen, el bagazo de los restos de la molienda dejada por Luis Miquilena en su paso por filas revolucionarias.

En su accionar contra la Sala Constitucional del TSJ, y la convocatoria a Constituyente promovida por el camarada Presidente Nicolás Maduro, se han centrado en las inconsistencias de la "inmejorable" Constitución Bolivariana. Si bien, la Sala Constitucional, ya dilucidó –jurídicamente- la validez del llamado formulado por el Jefe del Estado a Constituyente; ahora se enfocan, en desmeritarla sobre la base de un hecho incontrovertido, no resuelto en la Constitución Bolivariana, y tiene que ver con lo que ocurrirá una vez que los Constituyentistas de 2017 culminen su obra, si la misma se da como aprobada, como ocurrió con la Constitución de 1961 o al contrario, el texto Constitucional por ellos y ellas elaborado, deberá ser sometido a consulta al Soberano para su aprobación, como deberá ocurrir. Al efecto, es importante que nuestro pueblo lea el texto Constitucional vigente, en especial, el Capítulo III, que trata de la Asamblea Nacional Constituyente, sus artículos 347, 348, 349 y 350. Podrá constatar, que la "inmejorable" Constitución Bolivariana no contempla nada al respecto, razón que deja a la Sala Constitucional sin respuestas a los ataques que provienen desde la derecha y sus aliados "críticos" de hoy. A tal efecto, corresponderá a la nueva Constituyente enmendar la plana y corregir esa falla, no estipulada en nuestra Carta Magna. Razón por la cual, el proponente de este nuevo Proceso Constituyente, el camarada Presidente Nicolás Maduro, esta semana se ha pronunciado al respecto, manifestando que propondrá a la Asamblea Constituyente que su propuesta Constitucional sea sometida a Consulta Pública para su aprobación por el Soberano. Importante, no solo acordar esa propuesta del camarada Nicolás, sino que, una vez sean electos y electas, con mayoría plena de contituyentistas surgidas de filas revolucionarias, en acto público, debe procederse a suscribir un Acuerdo, que garantice el compromiso de los mismos a someter sus resultados al escrutinio popular y, además, dejar plasmado en el nuevo texto Constitucional, en un artículo en específico, que de allí en adelante, todo proceso Constituyente y sus resultados, deberán ser, no solo obra, sino refrendados por el pueblo mismo.

Los hechos, hasta ahora, desmienten las acusaciones de la oposicionista Luisa Ortega Díaz, en el sentido de afirmar que, la Democracia Participativa y Protagónica ha sido cercenada por el TSJ. Cerca de 20 mil candidatos y candidatas potenciales, se han inscritos en el portal del CNE, como manifestación de voluntad para presentarse a los comicios Constituyentes. No pecamos, al afirmar de la no existencia de tal cantidad de candidatos y candidatas en algún proceso electoral que se haya realizado en alguna parte de nuestro planeta, en toda su historia. Esa sola cifra, habla muy bien de cuán viva está nuestra Democracia Participativa y Protagónica. Mayor desmentido a las acusaciones de la política oposicionista, surgida desde el Ministerio Público. Se demuestra con hechos, esa concepción de nuestro Comandante Infinito, Hugo Chávez Frías, de que el Proceso Constituyente es Permanente, tal cual debe serlo nuestra Revolución Bolivariana. Asimismo, una evidencia más, de que nuestras Constituciones Bolivarianas no son "inmejorables". Al contrario, deben ser permanentemente sometidas a la revisión del pueblo, quien preverá en qué momento y bajo cuáles circunstancias, procederá su revisión y reformulación según las exigencias de los nuevos tiempos por venir. "¡Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta!"…