¡Boicot a la constituyente anti-democrática!

Apoyamos la última actuación de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por cuanto la consideramos acorde no sólo con nuestra Constitución, sino con la necesidad histórica de anular la posibilidad de que se instale una Asamblea Nacional Constituyente decretada por el gobierno de Nicolás Maduro. Efectivamente, esta Asamblea no responde sino a una usurpación del poder constituyente, que debe ser ejercido única y exclusivamente por el pueblo y no por una cúpula gobernante. Muchos movimientos, organizaciones e individualidades de izquierda se han pronunciado claramente en contra de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, decretada de forma inconsulta por el Presidente Maduro, el Primero de Mayo del año en curso. El principal argumento de todos estos compatriotas para oponerse categóricamente a esta Asamblea ha sido su carácter inconstitucional, arbitrario y anti-democrático, así como su objetivo (negar cualquier posibilidad de elección constitucional), su metodología de convocatoria y sus bases comiciales. Efectivamente, en ningún momento el Presidente le ha consultado a la gente, al soberano, es decir al sujeto constituyente, si está de acuerdo o no en cambiar nuestra constitución para reemplazarla por otra (el gobierno habla de “ampliarla”, lo que significa, en términos jurídicos, reformarla, y para eso no hace falta Asamblea Constituyente sino Reforma, es decir que el mismo gobierno no termina de definir si la cosa es chicha o es limonada…). Además de no consultarle al pueblo si quiere Asamblea Constituyente o no (las bases comiciales descartan muy claramente esta consulta), el gobierno parece también querer saltarse el paso del referéndum aprobatorio, es decir la consulta posterior a las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, para preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no con la futura e hipotética nueva Constitución. Pero en este aspecto, el Ejecutivo echa pa ‘lante y pa ‘tras: mientras en un momento dado parecía descartar el referéndum aprobatorio, Maduro dijo últimamente que sí lo iba a hacer, pero para referirse a esa consulta posterior, habló de referéndum “consultivo”: otro tres por ocho… Lo cierto es que, en los últimos días, nadie, dentro del gobierno, ha vuelto a hablar del fulano referéndum aprobatorio. El mismo parece entrampado en sus propias contradicciones y en su ausencia de argumentación… Y por esa razón se la pasa vociferando e insultando a todo aquel: a quien se le acaban los argumentos, no tiene otra salida sino la violencia y la agresión.

Por todo lo dicho anteriormente, consideramos que es necesario respaldar las últimas acciones de la Ciudadana Fiscal, más allá de todas las críticas que le podamos dirigir por los niveles de impunidad que toleró durante años (en el caso del asesinato del cacique yukpa Sabino Romero, por ejemplo, de la desaparición de Alcedo Mora, de la larga lista de jóvenes masacrados por los cuerpos represivos del Estado en el marco de las tristemente célebres Operaciones de Liberación del Pueblo - OLP - y de los centenares de líderes campesinos y obreros asesinados o injustamente encarcelados). En particular, es necesario respaldar el recurso de nulidad en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, que introdujo la Fiscal General de la República ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el día 8 de junio de 2017. Además, condenamos el linchamiento moral, comunicacional y político que protagoniza actualmente el gobierno en contra de la Fiscal Luisa Ortega Díaz. Las constantes injurias, insultos, descalificaciones y difamaciones, proferidas en actos públicos del PSUV y en los medios de comunicación del Estado son absolutamente intolerables. Por ello, y por muchas razones más, consideramos que este gobierno es profundamente retrógrado y no corresponde en nada a los lineamientos de ese proceso revolucionario que hemos defendido y construidos durante más de una década. Por ello decimos también que es una necesidad histórica utilizar todos los recursos a nuestro alcance, como pueblo anti-capitalista y anti-imperialista, para boicotear el intento autoritario del gobierno por imponer una Asamblea Constituyente decretada.