De un tiempo para acá, figuras claves del gobierno de Hugo Chávez Frías se han convertido en desertores del chavismo, aunque simulen lo contrario. Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior, y Luisa Ortega Díaz, la fiscal general, son dos ejemplos.
Ambos tienen en común que se les vendieron a los Estados Unidos a cambio de derrocar a Nicolás Maduro. Su lado vulnerable: dinero invertido en empresas de maletín, una vez que han sacado provecho del cargo ocupado en el Gobierno venezolano. La esposa de Rodríguez Torres aparece en compañías inactivas en los EE.UU y en una importadora de alimentos a la que se le otorgaron divisas a precio de dólar preferencial. La hijastra de la fiscal, en paraísos fiscales en Panamá. Así lo han denunciado autoridades gubernamentales.
Otro aspecto que los identifica es su particular discurso sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, coincidente con el Gobierno estadounidense: que es antidemocrática. Esto sigue la línea de descalificación contra Venezuela, con frases como régimen dictatorial y Estado fallido o forajido.
Con base en lo anterior, les interesa negar, que la ANC es la mayor muestra de participación, resultado de un sistema democrático que supera ampliamente las limitaciones de la democracia representativa. Esto se traduce en más poder para el pueblo. Lo opuesto a los EE.UU, donde las trasnacionales son las que deciden por las mayorías.
Asimismo, se contradicen en que dicen defender el legado de Chávez y la soberanía popular, pero niegan que: 1) la Constitución venezolana es perfectible y 2) que no hay algo más soberano que ese pueblo elija a sus representantes desde las bases.
En definitiva, para Rodríguez Torres, quien pactó con la CIA; y Ortega Díaz, con evidentes aspiraciones presidenciales, les resulta mejor desertar y sabotear, albergando intereses foráneos, que responsabilizarse ante la justicia.
