Brindar abrigo constitucional a la diversificación de nuestra producción requiere tomar conciencia de dos elementos que entre otras cosas han incidido en el fracaso de intentos anteriores por impulsar el desarrollo industrial del país.
El primero, adoptar para la industrialización nacional el modelo de desarrollo liderado por EEUU, desconociendo que las potencias capitalistas han delineado ese modelo y llegado a donde están gracias la expoliación de saberes y recursos del resto del mundo y al desarrollo de sus fuerzas productivas en función de sus necesidades y prioridades.
El segundo, desvincular lo económico -siempre urgente y prioritario- de lo científico y tecnológico. Resultado: una pseudo industrialización dependiente, inserta en una división internacional del trabajo basada en manejo del conocimiento como elemento de dominación, su mercantilización y su administración planificada para garantizar la exportación y venta de otros elementos necesarios (e innecesarios) para el proceso productivo de los países del "tercer mundo", entre ellos Venezuela
Resumiendo, la visión economicista e inmediatista de la "modernización" de nuestra economía no se tradujo en los logros esperados, sino que más bien agudizó la situación de dependencia de nuestro país y revitalizó nuestra tendencia al rentismo y a la especulación.
De allí la necesidad de aprovechar esta ANC para definir un marco jurídico que frene el cortoplacismo, que estimule la integración de metas económicas y tecnológicas en una visión a largo plazo y supere de hecho, no de palabra, errores ya recorridos. Un marco que contribuya a fortalecer nuestra independencia tecnológica, por ende, nuestra soberanía.
A continuación, algunos elementos concretos que considero deberían quedar amparados por ese marco: la valoración y perfeccionamiento de "prácticas" productivas populares y tradicionales; la sistematización y aprovechamiento de los conocimientos y experiencias productivas y tecnológicas del sector petrolero y las empresas estratégicas del Estado; la desagregación jurídica, técnica y financiera de paquetes tecnológicos importados; la protección a la ingeniería, otras disciplinas y oficios directamente vinculados con la adquisición, el desarrollo y el uso de tecnologías duras y blandas; y la obligación de incorporar progresivamente conocimiento, maquinaria, equipo, partes, piezas, métodos y procedimientos nacionales en la producción local de bienes y servicios.
Ha llegado el momento de sentar las bases para consolidar un potencial científico, tecnológico y productivo acorde con nuestra realidad y la realidad regional, indispensable para el avance del proceso revolucionario bolivariano.
¡La Constituyente va, venceremos!
