Cada vez que en Venezuela se acerca una nueva jornada electoral resurgen las dudas y los temores sobre la legalidad del proceso y la transparencia de los actores a cargo del mismo, específicamente, porque de nadie es desconocido, que el fraude electoral, se ha convertido en las últimas décadas, en la máxima expresión de la corrupción política en el país. Algunas veces reflejado en un ventajismo.

Lejos de encontrar posibilidades de eliminación, los fraudes electorales se han solidificado, convirtiéndose prácticamente en una modalidad institucional muy bien arraigada y cuyas secuelas, son la peor herencia que la clase política puede dejarle a las nuevas generaciones.

La abstención, es un factor primordial de esa distorsión, porque la ley conmina al ciudadano a votar, pero, en ningún momento, este, asume responsabilidades hacia el Estado, pero, sí exige derechos. En consecuencia, debe existir una sanción para ellos y quién critique los procedimientos del Consejo Nacional Electoral, sin haber ido a sufragar, debe ser amonestado por las autoridades parroquiales donde reside.

No se trata simplemente de deslegitimar los resultados electorales solo porque sí, por capricho o porque algunos partidos políticos, particularmente los de oposición, sean malos competidores, o no tengan suficiente respaldo popular, es que el sistema electoral venezolano, está en crisis de credibilidad y operatividad, sin ninguna posibilidad de garantizar la legitimidad del modelo de votación y transmisión de resultados.

Basta con remitirse a los antecedentes más recientes, la manipulación del Censo Nacional Electoral y las denuncias de fraude hechas por algunos líderes políticos que hoy, a conveniencia, defienden el sistema al que hasta hace muy poco cuestionaron por sentirse afectados. O, el caso del Estado Bolívar.

Estas situaciones agudizan el descrédito de la clase política y del modelo de elección y transmisión de resultados, que ya urge de reformas significativas a fin de volverlo transparente, efectivo e independiente de influencias externas.

No es posible para el caso, que el CNE, siga compartiendo la administración y representación de las Mesas Electorales Receptoras, con los mismos partidos políticos en contienda, ni permitiendo la participación abusiva e indiscriminada de candidaturas “de maletín”, sin respaldo popular y sin estructuras, surgidas a conveniencia de quienes desean mantener el control en la mesa.

Estas y otras maniobras fraudulentas, incluso algunas muy sofisticadas como en los sistemas de cómputo, y que son promovidas por una clase política experta en este tipo de irregularidades, se convierten en la principal amenaza para el nuevo proceso electoral, dándole fuerza a la histórica frase acreditada al líder ruso Joseph Stalin, en el sentido que “no importa cómo se vota ni quién vota, ni dónde ni a quién. Lo importante es quien cuenta los votos”.

Ante la duda y la incertidumbre, que con justa razón priva en los diferentes sectores de la sociedad nacional, es una obligación ineludible, para el CNE, como órgano líder del proceso electoral, convocar a los partidos políticos, a sus candidatos municipales, a sus equipos de campaña e informáticos, para ofrecer la información respectiva, aclarar las dudas y garantizar la legalidad y transparencia mediante pruebas irrefutables, y estas garantías hasta ahora no se han ofrecido.

Un político no debe ser nada más que uno más de la comunidad, con iguales deberes y derechos que otro cualquiera, si todo ello no se cumple y muchas cosas más que habría que puntualizar; la democracia no existe, y lo que existe seguirá siendo un conjunto de corrupciones y abusos, cuyo nombre aún está por definir.

De rodillas solo para orar a Dios.