Al conocerse oficialmente 33 casos de COVID-19 en Venezuela el gobierno de Maduro declaró cuarentena colectiva, la cual abarcaría los 23 estados del país y el Distrito Capital a partir del 17 de marzo. Aunque, ciertamente, la cuarentena era una medida inicial necesaria para evitar el esparcimiento acelerado del virus, esta se ha consolidado como una política estatal unidireccional, militar y sin participación de trabajadores del área de salud e investigadores (ecólogos, biólogos) en la planificación, enfocada en una especie de acuartelamiento masivo en la que la ciudadanía está limitada en su movilidad y prácticamente cercenada en el ejercicio de sus derechos políticos y sociales. ¿Cómo activar la solidaridad y el cuidado comunitario con la predominancia de un Estado policial y de las restricciones de todo tipo? La situación se ha agravado por un acceso desigual a bienes y servicios, un agravamiento de la escasez de gasolina a nivel nacional (con privilegios para militares y personal autorizado) y un contexto crítico a nivel sanitario en el que no existen condiciones mínimas de respuesta al problema de salud.
En cierta medida, el aislamiento social se ha desarrollado. En los principales poblados del país los ciudadanos han procurado mantenerse en casa, pero surgen muchas dudas respecto al sur del río Orinoco, territorio de dinámicas económicas que hoy resulta prácticamente estratégico para el sostenimiento del modelo mafioso. En otras palabras, ¿El decreto de cuarentena colectiva incluye al Arco Minero y todo el territorio al sur del Orinoco en donde existe actividad minera? Con la quiebra de PDVSA y una producción menguada de barriles de petróleo (inferior al millón bpd) que prácticamente está destinada a pagar deuda con China, Rusia y otros acreedores, ¿se suspenderán las actividades extractivas de minerales, madera y otros recursos al sur del Orinoco? ¿Se puede pensar que la cuarentena social está siendo efectiva en las zonas mineras, cuando los primeros días de abril es asesinado el teniente coronel del Fuerte Tarabay de Tumeremo, Ernesto Solís, al que pobladores de la zona venían denunciando por violaciones de DDHH desde septiembre de 2019? ¿O cuando se reportan nuevas imágenes que demuestran cómo se sigue expandiendo la minería en el Parque Nacional Canaima?
Como han demostrado los hechos de la última década, testimonios y múltiples investigaciones en territorio, toda la actividad minera está atravesada y dirigida transversalmente por lógicas irregulares, informales, violentas y delictivas. El crimen no va a detenerse por la epidemia y son cientos de miles los que están directa o indirectamente relacionados con sus actividades, que ahora se transforman en población potencialmente amenazada por el coronavirus, el cual presenta una altísima tasa de contagio.
La realidad de Venezuela respecto al COVID-19 es sumamente preocupante. No solo porque el sistema de cuarentena como el implementado hasta ahora es insostenible económicamente a mediano plazo (las personas necesitan trabajar para poder subsistir), sino que además las poblaciones de zonas mineras y cercanas a estas no tienen la mínima capacidad de respuesta ante la llegada del Virus. Los dos consejos básicos de la OMS para evitar el contagio, limpieza y aislamiento social, se ven completamente desdibujados y cuesta arriba si tomamos en cuenta los siguientes factores:
- El acceso al agua en poblados enteros es bastante limitado, escasea por completo o la disponibilidad es de agua contaminada con mercurio y productos químicos;
- por la lejanía de los poblados mineros respecto a las ciudades y por las características de la economía en estas zonas, productos de limpieza básicos como jabón pueden llegar a costar varios gramos de oro, desestimulando su compra por parte de los pobladores.
- La situación sanitaria es sumamente crítica. El entorno minero es inherentemente tóxico y contaminante. Los ambulatorios están abandonados y todos los heridos y víctimas de bala por enfrentamientos armados o los enfermos de paludismo, por citar algunos casos recurrentes, acuden a los módulos o centros asistenciales de los municipios mineros o si tienen oportunidad llegan a los hospitales de las principales ciudades como Ciudad Bolívar, San Félix, Puerto Ordaz o Santa Elena de Uairen.
- Los casos de desnutrición, anemia y enfermedades que afectan el sistema inmunológico como el SIDA, se vienen expandiendo de forma alarmante en todo el territorio al sur de Venezuela, afectando principalmente a comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas.
- Hay poblaciones de miles de mineros confinados en campamentos, que habitúan a salir y entrar de las minas, y que por sus características de sujetos nómadas se mueven de un pueblo a otro cada cierto tiempo, dando las condiciones para un rápido esparcimiento del virus. A esto se suma la entrada y salida semanal de extranjeros desde/hacia las minas, provenientes principalmente de Brasil, Colombia y Guyana.
Cuando se incrementa la desigualdad las poblaciones más vulnerables buscan cualquier tipo de actividad económica para subsistir. De hecho, el auge de la minería de los últimos lustros es parte de ese fenómeno: quiebra de empresas básicas, deterioro y endeudamiento de PDVSA, recesión económica, política gubernamental de desidia y desinversión en actividades agrícolas y pesqueras, aumento del precio del oro y expansión desmedida de la actividad minera a pequeña y mediana escala. Como afirma Mariano Aguirre, "El COVID-19 pone en evidencia la profunda desigualdad que existe en la sociedad global" y el sur de Venezuela es uno de los ejemplos más crudos de esa realidad en el continente suramericano. Ya el pasado 10 de abril se reportó en Boa Vista (Brasil), estado fronterizo con Venezuela, el primer fallecimiento por COVID-19 de un adolescente de 15 años perteneciente a una comunidad indígena yanomami.
Ante el COVID-19 el modelo Arco Minero del Orinoco es una bomba de tiempo que puede agravar de forma alarmante la crisis humanitaria compleja en Venezuela. Por la indolencia y ambición que caracteriza a las mafias que dirigen el negocio minero, estas harán caso omiso de dicha realidad, y buscarán la forma de mantener sus ganancias a como dé lugar.
La foto publicada por Germán Dam (periodista con más de 10 años de experiencia en el reportaje e investigación sobre la dinámica minera en el estado Bolívar) es de presuntos sujetos pertenecientes a grupos criminales paraestatales ubicados en Tumeremo.
La imagen anterior resulta extremadamente contrastante con la situación de precariedad en los centros de salud del área o el grado de exposición y vulnerabilidad de mineros y pobladores (indígenas y "criollos"). La cruda realidad (la actual y la que se avecina) exige de nosotros una respuesta de cuidado, no violenta, creativa y solidaria. Necesitamos crear mecanismos humanitarios y ecológicos de resistencia. Que aporten apoyo a nuestras comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas, en las que ancianos, desnutridos y personas con patologías cardíacas y pulmonares son los sectores más vulnerables.
¿Qué tipo de respuestas comunitarias podemos diseñar para responder a la crisis, ante el abandono del Estado? ¿Cómo podemos alimentarnos mejor para resistir la inminente llegada del virus? ¿Cómo nos podemos organizar para apoyar a los más vulnerables? ¿Qué podemos hacer ante la escasez de agua? ¿Cómo podemos disminuir la ansiedad colectiva en contextos de conflicto? ¿Cómo podemos romper con la lógica militarista-restrictiva y concretar acciones sociales enfocadas más en el cuidado y la solidaridad? ¿Qué tipo de conocimientos y herramientas técnicas útiles podemos aportar? ¿Qué debemos reflexionar, aprender y desaprender si se "supera" la situación de la pandemia? Estas son algunas de las incógnitas que se nos plantean para afrontar los nuevos retos que se avecinan en lo inmediato.
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