En los últimos meses, ha resurgido un tema álgido en la izquierda latinoamericana: La Represión Estatal. Lo que parecía ser un debate superado en décadas pasadas para la mayoría de estos sectores políticos, los cuales la rechazaban contundentemente, hoy abre brecha en el debate público e inicia una grieta que se abre camino progresivamente. Múltiples sectores de izquierda, y venezolanos independientes, debaten si la represión del Estado está justificada o no, o si la misma se amerita dependiendo del contexto.
Con los claros hechos de represión del gobierno de Mauricio Macri en Argentina, para la izquierda tradicional existe un consenso prácticamente monolítico de rechazo a la misma por ser Macri un empresario conservador, pero con respecto a Venezuela todo se relativiza, porque aseveran que el gobierno es “revolucionario” y “está a favor de los sectores populares”. Por lo tanto, como Oscar Pérez era acusado por la institucionalidad de ser un terrorista, pasan a ser justificables todas las acciones ilegales e inconstitucionales que los Organismos de Seguridad llevaron a cabo durante y después del operativo armado (destrucción de evidencia, negativa de entregar los cuerpos a los familiares durante más de 5 días, etc.). Caben unas reflexiones previas antes de continuar el debate.
¿Qué tipo de estado reprime? ¿Qué tipo de gobierno es este?
Estas son preguntas fundamentales a contestar para poder dar un debate serio y a profundidad sobre la temática, y así trascender las matrices sensacionalistas instaladas por los principales medios públicos y privados, de prensa y televisión. El primer punto de partida pasa por caracterizar el Estado. Aunque, desde el 5 de Agosto de 2017, con la instalación de la espuria “Asamblea Nacional Constituyente” se formaliza el diseño de un nuevo régimen político (que aún no se ha consolidado), el estado venezolano mantiene sus características fundamentales intactas: burgués, rentista, paternalista y asistencialista. Este no es ni obrero ni popular ni democrático, por lo que se impone como superestructura sólida para defender los intereses de la cúpula gobernante, así como en la cuarta república, salvando claro grandes diferencias y contextos históricos.
Actualmente el estado venezolano es administrado por una cúpula militar/cívica instalada en el ejecutivo nacional. Un gobierno, que por las políticas que viene aplicando desde 2014, evidencia que: está al servicio del capital financiero internacional (reduce en un 70% de importaciones para pagar deuda externa), es neoliberal (entrega zonas económicas especiales a grandes transnacionales) y es extractivista (explotación del Arco Minero y Faja Petrolífera). Además, viene degenerando en una política paraestatal de control social mediante el sostenimiento de bandas criminales en múltiples municipios a nivel nacional: “sindicatos” mineros en los municipios del sur del estado bolívar, pranes que controlan negocios (internos y externos) en las cárceles, y grupos parapoliciales ubicados en los sectores populares mal denominados “colectivos”, que nada tienen que ver con grupos autónomos que llevan a cabo labores sociales.
La represión en Venezuela existe, es concreta y ha sido desmedida. Se puede cuantificar. Lo demás queda a interpretaciones subjetivas y juicios de valor que no vienen al caso. Desde hace unos años atrás, el gobierno viene desarrollando una política sistemática de represión contra los sectores populares, mediante la aplicación de operativos con las OLP, que han deparado en cientos de jóvenes pobres asesinados. Nada más entre agosto de 2015 e inicios 2016, hubo un aumento de 173% del promedio de muertes de este tipo de operativos, incluyendo aquellos desarrollados en los años 90’ con la cuarta república. [1] La política represiva que existió durante la gestión de Hugo Chávez (ej: nacionalización de SIDOR, Mitsubishi, etc.), la cuál se caracterizaba por ser intermitente y no mortal, ha quedado desplazada por la del presidente Maduro que es más acentuada, sistemática, retaliatoria y sustentada en una campaña persecución y hostigamiento. De hecho, durante los meses de protestas en 2017, el para entonces Defensor del Pueblo, Tareck William Saab (actúal Fiscal General), afirmó, a principios de junio, que había una decena de muertos producto de excesos de cuerpos de seguridad [2], y el ministro de defensa, Vladimir Padrino López, reconoció que la Guardia Nacional había “cometido atrocidades”. [3]
Los infiltrados de Atilio Borón
En este sentido, llama la atención un fragmento del artículo de Atilio Borón de diciembre pasado. El mismo intelectual que justificaba las acciones de Maduro contra las manifestaciones y que a mediados de 2017 llegó a justificar un derramamiento de sangre en Venezuela, en su artículo “Diciembres Traumáticos” explicaba los ajustes aplicados por el gobierno de Macri y rechazaba la represión estatal. En general, Borón hace un análisis acertado en el texto, pero es en unas pequeñas líneas donde se evidencia el cinismo de la izquierda tradicional (modelo soviético) respecto a la temática que venimos abordando; cito y subrayo: “… apalea (El Gobierno) multitudes de gentes que pacíficamente se oponían a la iniciativa (debidamente infiltrada por “agentes provocadores” para justificar la represión) y saca entre gallos y medianoche una ley reaccionaria e inconsulta.” Curioso que ignore las innumerables leyes reaccionarias que ha aprobado el gobierno del PSUV de manera inconsulta, pero eso da para otro análisis.
Para Borón, en las movilizaciones ocurridas en Argentina sí habían grupos infiltrados, pero en las de Venezuela la movilización eran de cientos de miles de “terroristas y asesinos”. ¿habían guarimberos en las manifestaciones? Si, grupos reaccionarios minoritarios ante el grueso de los manifestantes. ¿la dirección de las movilizaciones era la MUD? Si, y que por sus características advertíamos, desde Marea Socialista, que era incorrecto acompañar a una dirección reaccionaria, anti-democrática, neoliberal e irresponsable, y rechazábamos las acciones vandálicas de grupos extremistas, que no tiene nada que ver con la legítima defensa de los manifestantes ante la agresión de la policía o la fuerza armada. Lo cierto, es que ninguno de esos elementos le quita legitimidad a las manifestaciones de Marzo-Julio de 2017.
¿O es que acaso en Argentina si es válido protestar contra la aplicación de ajustes económicos anti-populares pero en Venezuela no? ¿Sabe Borón que en Venezuela impera el hambre, aumenta la desigualdad social, se ha incrementado la mortalidad materna en más del 65% (entre 2015 – 2016), y que hay una epidemia de malaria extendida en todo el territorio nacional? ¿O es que las zonas económicas especiales, la ley de inversión extranjera de la ANC, la flexibilización de la ley del trabajo, la exoneración de impuestos a las transnacionales, el sacrificio de importaciones para pagar deuda externa, mantener un control de cambio mafioso, los negocios con Vollmer-Cisneros y los despidos injustificados no son parte de un paquete de ajustes? ¿O son culpa de la supuesta “Guerra Económica”? ¿Por qué intelectuales como Borón o Fernando Buen Abad, que recibe miles de dólares de nuestra renta, no hablan de la corrupción en PDVSA? ¿Como explican que el país esté atravesando esta situación de miseria cuando el barril de petróleo supera los 60$ desde noviembre de 2017? ¿Acaso los 35.000 millones de dólares de los que habla Saab es poca cantidad? ¿Saben que el 98% de los dólares que ingresan al país los controla el gobierno? ¿Acaso ignoran que investigaciones demuestran que del país se robaron más 500.000 millones de dólares? ¿Serán conscientes de lo que significa ese monto? Bueno para que tengan una idea, los 500.000 millones de dólares que están en cuentas de venezolanos en el exterior equivalen a un aproximado de 10 años de ingresos petroleros sin vender un solo barril de petróleo.
Por ello, repregunto, ¿Por qué se defienden los derechos de manifestantes en otros países y se criminalizaron las movilizaciones de abril-julio de 2017? ¿por que aun se siguen criminalizando? ¿Acaso los guarimberos extremistas, que atacaron guarderías y quemaron personas inocentes, no serían los infiltrados de movilizaciones totalmente legítimas y desarrolladas en todo el país? ¿Y los derechos de la mayoría de los manifestantes que no hacían guarimbas? ¿No cuentan? ¿Acaso la situación de crisis y miseria que padece la sociedad venezolana no son suficientes razones para movilizarse? ¿Y que hizo la izquierda ante esa situación? De manera indolente volteó la mirada y continuó chupando de la teta del estado, succionando una ínfima porción.
Cesar Romero. @RomeroCesarG
[1] "Reflexiones sobre la (in) seguridad en Venezuela (LII)". Keymer Ávila. 31 de julio de 2016. https://www.aporrea.org/ddhh/a231694.html
[2] "Defensor del Pueblo: 52 personas fallecidas en protestas y 13 durante saqueos". Panorama- Aporrea.org. 1 de Junio de 2017.
https://www.aporrea.org/ddhh/n309356.html
[3] " Ministro Padrino López: "No quiero ver un Guardia Nacional más cometiendo una atrocidad en la calle" ". Por APORREA.ORG. 6 de Junio de 2017.
https://www.aporrea.org/ddhh/n309622.html
