El amigo Julio César Centeno ha escrito recientemente un nuevo artículo en Aporrea donde denuncia a Fudeci ante la comunidad nacional e internacional: "Fudeci expropia conocimientos ancestrales de indígenas venezolanos" Si uno busca en google "aporrea fudeci" encontrará de manera repetida el siguiente título: "Fudeci expropia los conocimientos indígenas".

He sido nombrado nuevamente director de Fudeci en Amazonas, y esa clase de afirmaciones se convierten en una acusación directa donde aparecemos como biopiratas o ladrones mi persona y todo el personal de FUDECI.

Creo que Centeno está realmente preocupado por la realidad de los pueblos indígenas, pero la imaginación en base a trozos de información no la convierten en realidad. Hay que aclarar algunas cosas, o tal vez muchas. Fudeci no es, así como así, una organización privada, ni el gobierno nacional "impulsó un proyecto de registro de conocimientos ancestrales sobre el uso de los recursos biológicos con fines alimenticios y medicinales" que finalmente le encargó a Fudeci, tampoco esta fundación fue creada para tal fin como del artículo se desprende. FUDECI, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, fue creada por miembros de la Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela en el año 1973 como organización académica que tiene sus orígenes en la fundación de la Universidad Central de Venezuela desde la época de Bolívar, ha mantenido una evidente pluralidad de pensamiento, con miembros de las más diversas tendencias políticas, pluralidad que tiene sus orígenes en la fundación de la Universidad Central de Venezuela desde la época de Bolívar. Fudeci era financiada por la Academia de Ciencias a partir de recursos del Ministerio de Educación y aportes de los académicos.

Centeno afirma que las organizaciones indígenas han prohibido el acceso a las comunidades indígenas al personal de FUDECI. Sí ha habido una reducción drástica de nuestro trabajo en las comunidades en los últimos años, pero como consecuencia de la situación que viene atravesando el país. Así como las comunidades fueron prácticamente casi inmovilizadas y aisladas mediante la restricción y posterior escasez del combustible, lo que benefició grandemente las actividades ilegales de minería masiva descontrolada, el contrabando de extracción de combustible y materiales estratégicos, y el narcotráfico, el personal de Fudeci se ha visto fuertemente disminuido en su capacidad de movilización. Sumando a estas causas, las dificultades ante las autoridades que dan salvoconductos por ser y no ser una ONG. Mientras, siguen trabajos de prospección de recursos sin permisos de ningún tipo que son (como antes) facilitados por el entramado logístico cívico-militar de las mafias.

Escribo que Fudeci "era" financiada, porque el gobierno nacional quitó sus aportes ante la negativa de la Academia de convertir ese espacio académico en un espacio político-partidista donde los académicos y su presidencia fueran elegidos por el gobierno nacional, y no en base a la tradición académica. La Academia de Ciencias de Venezuela era, entre otras cosas, el órgano asesor en C y T del gobierno nacional al que podía recurrir cuando requería de opiniones técnico-científicas no politiqueras, menos atadas a jalamecatismo o a intereses por cargos públicos.

Algo que llama la atención en el escrito de Centeno es que menciona unas fechas, pero otras fechas claves no. Debo personalizar aún más de aquí en adelante el artículo porque es necesario.

El verdadero origen del proyecto de base de datos multimedia para resguardo de la información de uso de la diversidad natural por parte de los pueblos indígenas DE VENEZUELA (comenzando en Amazonas) fue ideado, formulado e incluso adelantado aquí en Puerto Ayacuho, estado Amazonas, Venezuela, por mi persona, soy el "culpable" de eso. La base de datos original (el software) fue desarrollada por mi hijo Artziel Angel Narvaiza González cuando ni siquiera era aún estudiante universitario de computación o informática, y presentaba evidentes y reconocidas innovaciones para el momento, años 2007-2008.

La base de datos se ideó pensando en la acelerada erosión de los conocimientos indígenas por imposición también acelerada de la cultura llamada "dominante" y por la incursión frecuente de investigadores nacionales y extranjeros trabajando para universidades y empresas farmacéuticas, además de la dispersión de publicaciones de todo tipo (antes y ahora) de plantas útiles del estado sin mencionar el origen de la información. Para concretar la idea del proyecto se realizaron conversaciones en la comunidades con diferentes líderes y no líderes indígenas (que también tienen derecho a ser informados) entre ellos puede dar fe Guillermo Guevara, para entonces máximo representante de ORPIA y posterior constituyentista. Las colecciones botánicas eran pocas porque el trabajo se basaba en registros fotográficos y videos, y se tomaban cuando era necesario su identificación científica, sin embargo, era claro que las muestras botánicas iban al Herbario Regional Julian Steyermarck del Ministerio del Ambiente. Más arriba escribo que no se mencionan algunas fechas claves, y es que hay que tomar en cuenta que para ese entonces no existían las obligaciones mencionadas que hoy están establecidas por ley, entre ellas la consulta informada previa (que sin embargo se realizó porque lo entendí como obligación moral, no legal) y el contrato de acceso a recursos genéticos. Se solicitaba una autorización al Ministerio del Ambiente para la toma de muestras botánicas, no se realizaron capturas de animales para museo.

Pero la base de datos del proyecto tenía también las siguientes características: la localidad además de las coordenadas debía estar identificada con la población indígena más cercana que aportaba la información, además del nombre del que la suministraba y una foto de esa persona. Por otra parte, en cuanto al nombre indígena con el que identificaban la planta, el animal o el producto, debido a nuestra dificultad para escribirlo correctamente y debido a que existen dos formas de escritura establecidas aquí en Amazonas, una de los lingüistas de la UCV y otra de la Iglesia Evangélica de Las Nuevas Tribus, y por si fuera poco debido también a que dos miembros de una misma familia podían escribir el mismo nombre de forma distinta, se decidió no escribir más los nombres y se abrió un nuevo espacio en la base de datos para grabar a la persona pronunciando el nombre de manera corrida y posteriormente por sílabas. Así el que aportaba la información quedaba registrado con su identificación oficial, su foto y su voz para las siguientes generaciones que consultaran la base de datos.

Se establecía también en el proyecto la compra de mejores equipos y material fotográfico para el registro de video y fotografías que se digitalizaba posteriormente, pronto sustituido por la fotografía digital. Se solicitaba también una computadora capaz de manejar imágenes y videos, con discos duros de buena calidad donde ir guardando la información. Se establecía también la obligación de ubicar esa computadora con la base de datos en Puerto Ayacucho y establecer con las organizaciones indígenas su forma de uso o consulta.

Está claro que este proyecto no se ajustaba al "Modelo del Comité Internacional para Documentación del Consejo Internacional de Museos" y si lo hizo sería por carambola, porque ni lo conocíamos ni lo conozco.

El proyecto tuvo muchas dificultades para ser financiado, entre ellas la práctica desleal aquí en Amazonas de ocultar o manipular información sobre las convocatorias del CONICIT para la presentación de proyectos. El verdadero conflicto no era ni es con las comunidades sino con los mercaderes de la politiquería de siempre, con los intereses de las mafias y los intereses mezquinos de algunos profesionales. El primer financiamiento (escaso, pero que permitió avanzar) fue logrado por mediación de la diputada Lelis Páez del PPT del antiguo Congreso que como académica de la facultad de ciencias de la UCV entendió rápidamente su importancia, pero era un financiamiento solo para reforzar el trabajo que se hacía con recursos personales y escasos recursos de entonces de FUDECI-Amazonas. Finalmente se logró el financiamiento por CONICIT pero siempre y cuando el responsable tuviese título doctoral, lo que coincidió con el retorno de su postgrado en Inglaterra del Dr. Ramiro Royero que se menciona en el artículo de Centeno, y así el responsable del proyecto pasó a ser quien era también el director nacional de FUDECI, el Dr. Royero, quien modificó aspectos claves del proyecto en lo que tiene que ver con la identificación de los informantes, eliminando por ejemplo sus fotos e identificación, asignó un personal del IVIC para la base de datos, la cual se estableció en Caracas y no en Amazonas, contrató personal en Caracas para el trabajo de campo. El Dr. Royero posteriormente fue invitado por la Junta Directiva a dejar FUDECI, y pasó rápidamente a ser gerente de desarrollo endógeno de CVP-PDVSA hasta la antepenúltima reestructuración que hizo Maduro a la empresa petrolera. Tal vez él pueda informar del paradero de los registros de la base de datos, que es imposible que sean tantos como supuestamente el menciona según el artículo.

Yo invito a Centeno a seguir indagando en todo esto de la biopiratería y de todo aquello que está erosionando el conocimiento indígena, como el abrupto incremento de la minería ilegal, la infiltración de personas extrañas en la comunidades ligadas a negocios con Colombia, los trabajos realizados por instituciones nacionales y su personal ligados a facultades e industrias farmacéuticas extranjeras, por ejemplo en el Sipapo -creo que Centeno debe saber algo de eso y podría profundizar- de ahí también llevaron muestras de microorganismos como indica que pasó en Bolívar.

No me han prohibido ingresar a las comunidades, pero no puedo llegar a ciertas partes del estado por graves y costosas dificultades de movilización, o porque ahí se practican actividades ilícitas. Tampoco los miembros de las comunidades indígenas pueden transitar libremente por su territorio, la última información sobre el barehüa (copoazú) y del cacao de las plantaciones (impulsadas por FUDECI y el Ministerio de Ciencia y Tecnología) del Guayapo (cuenca del Sipapo) indica que no llegará más el poco cacao que podían movilizar de ahí porque a la familia indígena que posee esas plantaciones no le dejan ingresar a ellas, ahí ahora hay minería de oro y campamentos de mafias colombianas y mexicanas armadas.

Ante el corte del financiamiento a FUDECI por parte del gobierno, la negativa a recibir financiamiento de organizaciones con fines políticos, y así la imposibilidad de seguir pagando al personal, FUDECI entregó a sus trabajadores la estación de Amazonas para lo cual constituyeron una cooperativa, posteriormente la cooperativa fue sometida a una brutal ola de robos y desvalijamiento de infraestructura y vehículos al igual que en la estación del INIA Amazonas sin que las autoridades hicieran NADA. Se denunció ante la fiscalía al mismo CICPC por no actuar, pero nunca se actuó. Sería interesante que Centeno, si viene a Amazonas, visitara a la cooperativa y se enterara de la verdadera realidad y del papel que muchos militares tienen aquí en relación con esta realidad tan particular. No hago una invitación a Centeno a que venga a Amazonas porque apenas puedo financiar mis gastos personales básicos y los de mi familia, y creo que su movilización aquí será muy limitada, pero si puede venir con su salvoconducto y trae una buena cantidad de dólares o pesos, podrá ver al menos una parte de la realidad verdadera, real, que aquí, como en gran parte del país, se vive, agravada por ser un territorio donde las vías de comunicación son fluviales.

¿Quiénes realmente expropian los conocimientos a los pueblos indígenas?

Tengan la seguridad de que el artículo de Centeno, como lo hemos hecho con otros artículos de ese tipo, lo llevaremos para su discusión nosotros mismos a las comunidades donde realizamos algún tipo de actividad.

Sí, Centeno en esto tiene razón: "Tarde o temprano se hará justicia"