Los recursos naturales del planeta son abundantes y durante mucho tiempo, al parecer, se creyó que eran casi ilimitados. Las peligrosas consecuencias que el mundo moderno sufre ante el irracional uso de esos recursos, aunado al desmedido crecimiento industrial de las sociedades capitalistas, particularmente las grandes potencias y su influencia imperialista en países de economías muy pobres para los que el medio ambiente ya no es un patrimonio, ha llevado a las sociedades a persuadirse de que dichos recursos naturales son finitos y por tanto urge racionalizar su uso y repensar su interrelación con el hombre.
La preocupación internacional por el deterioro del medio ambiente ha ido en aumento y se han creado asociaciones y organismos dedicados a su estudio, conocimiento y protección. No obstante, no se ha logrado detener ni el proceso de agotamiento y malversación de los recursos terrestres, ni el de la contaminación del medio ambiente. Al contrario, el numero creciente de desastres, guerras propiciadas por las grandes potencias, además del extermino directo del ser humano, contribuye a la contaminación atmosférica y de las aguas, muchas veces inutilizables por su alto grado de toxicidad. La desertización de grandes zonas del planeta, la desaparición de especies animales y vegetales, la disminución de la capa de ozono, son apenas, algunos indicadores de la cualidad de depredador del ser humano que, esta conduciendo al planeta a una situación limite y de alto riesgo.
Sin embargo, se han concretizado iniciativas entre las naciones tendientes a afrontar el peligroso y amenazante futuro que aguarda a la humanidad sino se toman medidas de protección ambiental. Una de ellas, quizás la más emblemática lo configura el Protocolo de Kyoto, cuyo objetivo es conseguir reducir en un 5.2 por cieno las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Este es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos. Para ello contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados reduzcan las emisiones de los seis gases de efecto invernadero de origen humano, entre los que se encuentran el dióxido de carbono, el metanol el oxido nitroso. Pero no bastan este tipo de iniciativas si los responsables directos de darle sentido efectivo como lo son los Estados que rigen las naciones industrializadas, desconociendo el orden jurídico internacional, no se adhieren a las mismas; se está dando el caso, harto conocido, de la negativa de la mas grande potencia del planeta, primera responsable del deterioro atmosférico que afecta la vida en la tierra, los Estados Unidos, de rehusarse a firmar el prenombrado Protocolo de Kyoto.
En este orden de ideas y ante la minimizada autoridad de la Organización para Las Naciones Unidas, para hacer cumplir los acuerdos entre las naciones, en el marco del derecho internacional, es perentoria la activación de nuevas formas asociativas entre países que conduzcan entre otros objetivos a establecer políticas de protección del ambiente. Ello va de la mano de una efectiva legislación interna reguladora de la utilización de los recursos naturales y su relación con el ser humano. En esta materia cabe destacar que la Republica Bolivariana de Venezuela, partiendo de la Carta fundamental, establece un conjunto de normas y leyes orientadas a regular el uso de los recursos naturales, a conservarlos y a crear un nuevo paradigma en la relación ambiente ser humano; amen que el Estado venezolano ha sido impulsor continental y mundial de la impostergable tarea de salvar el planeta.
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