A propósito de cumplirse dentro de algunos días 18 años del Caracazo, hay quienes han venido haciendo conjeturas sobre las posibilidades de que ahora se repita una revuelta similar. El malestar de quienes trabajan en la economía informal, la inflación y el desabastecimiento, anuncios de aumentos en el precio de la gasolina, el verbo presidencial especialmente agresivo últimamente, guardan cierta analogía con las tensas semanas que precedieron esa revuelta. ¿Pudiera repetirse? El 27 de febrero de 1989 ocurrió a 25 días de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, un líder entonces bastante popular, que había ofrecido durante su campaña electoral una vuelta a tiempos de prosperidad y bonanza petrolera. Sin embargo, a contracorriente de sus promesas, el 15 de febrero anunció su voluntad de someter la economía a los dictados del FMI. El anuncio tuvo lugar en medio de un creciente desabastecimiento de alimentos básicos, una inflación galopante, una crisis económica insostenible y denuncias de corrupción contra el saliente gobierno de Jaime Lusinchi. El lunes 27 entró en vigencia el aumento de los pasajes como consecuencia del aumento de los precios de la gasolina.

La gente desde temprano en la mañana se encontró con un aumento de 100% en su transporte. Las protestas se iniciaron en las paradas y terminales interurbanos del transporte público, y desde allí, y ante una total ausencia de gobierno, que ni enviaba a los cuerpos policiales a contener las protestas ni controlaba abusos en el cobro de los pasajes por parte de los choferes, unas protestas se encadenaron a otras, pasaron a disturbios, a saqueos, hasta que al caer la noche, Caracas y otras ciudades habían colapsado. El martes 28, los saqueos se generalizaron en todo el país. El Gobierno apareció a final de la tarde y anunció la suspensión de garantías y el toque de queda, lo que desembocó en una brutal y sangrienta represión contra los pobres. Fue el principio del fin de la democracia partidaria levantada desde 1958.

Lo asombroso del Caracazo fue que se dio en un país donde el régimen político era democrático. Esa paradoja me dio vueltas por muchos años. La incapacidad de los partidos políticos, los sindicatos y los gremios por atinar a saber qué estaba ocurriendo, y la absoluta incompetencia de un gobierno recién electo con una mayoría importante de votos, que hasta la noche del 27 no se había enterado de la vasta protesta, son elementos centrales que explican la magnitud del Caracazo y ponen al descubierto la descomposición alcanzada por ese régimen político. El Caracazo mostró que no estaban funcionando las mediaciones entre sociedad y Estado propias de una democracia.

Las elites políticas se habían aislado de sus bases, ajenas a las penurias de las mayorías pobres y de ingresos medios. Y ante esta orfandad, los pobres tomaron la calle, golpeados por una crisis económica que llevaba ya más de un lustro, a la que se sobrepusieron el desabastecimiento, la especulación y la desilusión frente a CAP, quien defraudó las esperanzas que habían abrigado cuando votaron por él.

Hoy, la pobreza de una vasta porción de venezolanos sigue siendo considerable. Los anuncios presidenciales desde el 15 de diciembre han venido creando un clima de incertidumbre, pero ahora, no para los pobres sino para sectores medios y altos. Hay desajustes de la economía, inflación y desabastecimiento que afectan sobre todo a los pobres. Pero, a diferencia de entonces, venimos de tres años de crecimiento sostenido, y de flujo de renta petrolera hacia abajo a través de múltiples Misiones. Creo, por ello, que para las grandes mayorías, la esperanza aún no se ha perdido. Aunque también pienso que el descontento viene creciendo ante la ineficiencia, la corrupción y los severos problemas de seguridad que se sufren en las ciudades.

Otra diferencia importante con aquella época tiene que ver con los actores de la mediación y representación. Pese a la mala calidad de los actuales partidos de vocación popular, y la debilidad de los sindicatos y gremios, son actores que están más cerca de los sectores populares de lo que estaban AD, Copei y la CTV cuando el Caracazo. Por otra parte, las tensiones en torno al problema de la economía informal, si bien han provocado protestas, algunas violentas, han sido controladas con rapidez, negociando en ocasiones con los afectados, sin dejar que se desborden las manifestaciones como en aquel terrible episodio, cuando pasó más de un día sin que un representante gubernamental se dejara ver. Quienes sí tienen hoy problemas de mediación y representación son los sectores medios y altos, cuyos dirigentes abandonaron las elecciones parlamentarias en 2005, dejando la Asamblea Nacional sin la representación de esos intereses. Por otra parte, el discurso oficial ha optado por considerar la porción de venezolanos que constituye la oposición como inexistente, lo que alimenta el conflicto social y contribuye a la permanencia de la polarización, degradando la calidad democrática del nuevo régimen político que se dice querer construir.

En síntesis, aunque las revueltas de la magnitud del Caracazo son en verdad impredecibles –alguien los llamó "momentos de locura" de una sociedad–, los elementos que aquí hemos señalado como enturbiadores del clima sociopolítico actual no parecen suficientes para desencadenar algo de esa magnitud. Eventos tan lamentables como ese nunca debieran acontecer. Menos aún en una sociedad como la nuestra, que desde hace tantas décadas se ha esforzado por regular sus relaciones de poder a través de un sistema político democrático.

La urgencia de la necesidad A propósito de los tiempos que requieren los procesos de democracia profunda, fue el subcomandante Marcos, representante de uno de los movimientos sociales más importantes de América Latina, quien sostuvo que se debe ir al ritmo del más lento, pues es necesario que todos lleguemos a los cambios juntos y convencidos.

Viene a colación pues un intelectual canadiense de izquierda, que vive en nuestro país, considera que las necesidades de la gente pobre son de tal urgencia, que no hay tiempo para consultar, discutir o dejar que la gente desarrolle una cultura política cónsona con valores distintos a los del paternalismo y clientelismo tan arraigados en nuestro pasado. Más aun, sostiene que proceder apurado es democracia práctica verdadera. Y pregunta por qué los intelectuales no quieren ir apurados, insinuando que como tenemos las necesidades básicas satisfechas, no nos urge el ritmo.

Legitimar la Ley Habilitante con este argumento es falaz. Sin duda, existe siempre una tensión entre el tiempo que requiere procesar democráticamente los cambios y la urgencia de su implementación. Pero la democracia se sacrifica cuando se pone el acento en lo segundo. Al privilegiar el operativo, se opta por un medio vertical y autoritario para alcanzar el fin. No llamemos democracia a lo que no lo es. Para llegar a una sociedad más justa y democrática los medios son tan importantes como los fines.