Los nuevos dirigentes del Cono Sur son incompetentes, débiles, carentes de visión estratégica, siempre a la defensiva y sobre todo una profunda incapacidad de entender el valor de la cultura y sus efectos en sectores sustantivos de la población. Siempre abordaron a Antonio Gramsci, pero, actúan bajo el convencimiento del sistema capitalista, el libre mercado y consideraron la revolución como un deber para subsistir en base al relato marxista.
En Colombia también el relato marxista viene haciendo hace años su trabajo en los colegios, en las universidades, en las iglesias, en los medios de comunicación, en el sistema de administración de justicia. Acá también la izquierda radical se ha dedicado a deslegitimar el régimen democrático. Y sería un grave error confiarse en las cifras de crecimiento económico, formidables este año.
De esa unidad depende el futuro. l 2021 terminó con un aumento histórico del salario mínimo, pues con la expedición del Decreto 1724 de 2021, mediante el cual se fijó como salario mínimo legal mensual a partir del primero de enero de 2022, la suma de un millón de pesos, se aumentó dicho salario en comparación con el año anterior en 10,07%, un porcentaje casi dos veces superior a la inflación del cierre del 2021 en el país; convirtiéndose este salario, en uno de los aumentos más significativos en la historia de Colombia, cabe anotar que cuando el presidente Duque recibió su mandato en el 2018, el salario mínimo se encontraba $781.242 y que en la culminación del mismo lo deja $1.000.000..
Y es que a pesar de la coyuntura económica a causa del Covid-19, la actividad económica ha venido recuperándose aceleradamente, lo que hizo que la economía del país, en comparación con otros países, fuera una de las de mayor crecimiento a nivel mundial, lo que sin dudas hace que el gobierno de Duque termine de manera positiva, al menos en lo referente a este sector.
Con tantos problemas internos, preocuparse por los derechos humanos en el resto del mundo parece un despropósito. Ocurre todo lo contrario. Un presidente que asuma en las relaciones exteriores una posición a favor de los derechos humanos seguramente aceptará que vengan muchas misiones del exterior a monitorear lo que ocurre en el país. Un presidente comprometido con el respeto a los derechos humanos en el orden interno encontrará en esas misiones un punto de apoyo adicional para la realización de necesarios cambios. Todo lo contrario, a las dilaciones y los forcejeos con misiones de la ONU y de ONG preocupadas por lo que ocurre en Colombia y Venezuela, típicos de la Cancillerías, de ambos países, Venezuela y colombiana. (La Nueva Granada).
Una política exterior comprometida con los derechos humanos es, además, una sana apuesta de largo plazo. Supongamos que en las próximas elecciones tuviéramos la fortuna de reemplazar a la coalición gobernante por otra comprometida con la reducción de la inseguridad, pero sin atropellos, con un ejercicio de la fuerza siempre dentro de los límites de la Constitución y la ley. Nada nos garantiza que no volvamos a tener un gobierno tan insensible como el que tenemos. Para gobiernos como este es que ha sido creado el sistema internacional de los derechos humanos, un sistema que hoy sabotean, entre otros, los dictadorzuelos de Nicaragua y Venezuela, el gobierno autoritario ruso y el gobierno totalitario chino.
Aunque prefiera el orden establecido por Vladimir Putin, caracterizado por su seriedad.
No hemos visto al gobierno chino criticando la situación de derechos humanos de otro país, excepto la de Estados Unidos, al cual acusan, con muy buenas razones, de una gran hipocresía. En la primera reunión de representantes del gobierno de Joe Biden con el de Xi Jinping, estos le enrostraron todos los asesinatos de afroamericanos a manos de la policía, que han motivado la formación del movimiento Black Lives Matter. No habría que remontarse al oprobioso apoyo a dictadores bastante crueles. En una reciente visita a Colombia, el Secretario de Estado, Antony Blinken, tuvo la desfachatez de hacer un encomio del Gobierno de Iván Duque como si en este país no hubiesen ocurrido graves violaciones contra los derechos de las personas.
A pesar incluso de no haber ratificado muchos tratados de derecho internacional, Estados Unidos sigue siendo un gran aliado en la defensa de los derechos humanos. Un alineamiento con Estados Unidos en esta materia y, en general, con todos los países con políticas similares es un asunto de supervivencia. Solo hay que tomar nota de la suerte que han corrido los uigures en la provincia china de Xinjiang, la pérdida de libertad de los ciudadanos de Hong Kong o las amenazas de invasión contra Taiwán. Ni hablar de los disidentes ni de los que alertan de la ocurrencia de pandemias, como sucedió recientemente con el COVID-19. En el mundo en que los dirigentes chinos quieren vivir, nadie puede tener la osadía de hacer denuncias públicas. A los ojos del mundo está el caso de la tenista Peng Shuai, cuya integridad personal está en vilo luego de atreverse a denunciar la agresión sexual en su contra del antiguo vicepremier Zhang Gaoli. Deberíamos preguntarnos: ¿querríamos vivir en ese mundo?
Al plantear que nuestra política exterior debería tener los derechos humanos como uno de sus ejes centrales, me he encontrado con la objeción de que eso tendría como consecuencia que no podríamos tener relaciones diplomáticas con casi ningún Estado y que casi ningún Estado, dada nuestra grave situación, querría tener relaciones exteriores con nosotros. Esta objeción es una falacia, la llamada non sequitur, una expresión latina que significa que de una cosa no se sigue la otra. En efecto, tener una política exterior centrada en los derechos humanos no significa romper relaciones diplomáticas con otros países sino todo lo contrario: mantenerlas de manera que conservemos nuestra interlocución para hacer sentir nuestra voz contra las arbitrariedades.
Esto es precisamente lo que hay que hacer con Venezuela, cuyo gobierno el presidente Iván Duque creyó que podría contribuir a derrocar. No hay duda de que el gobierno de Maduro conspira contra el de Colombia ofreciendo su territorio como retaguardia al ELN y las disidencias de las Farc. No obstante, para confrontar esa amenaza a nuestra seguridad nacional no es necesario romper las relaciones diplomáticas y dejar sin protección consular a las poblaciones de ambos países.
Hacer de los derechos humanos un eje central de nuestra política exterior tampoco significa sobreestimar nuestra capacidad en la esfera internacional. Colombia no está llamada a obrar como un kamikaze para evitar los abusos de otro país. Australia, por ejemplo, ha pagado un precio muy alto por pedirle a la República Popular China una investigación imparcial acerca de las causas del COVID-19. El gobierno chino elevó los aranceles que cobra por los productos australianos para enviarles de este modo a Australia y al resto de países una señal muy clara de que no tolera críticas de ninguna clase.
Sin embargo, le queda muy difícil responder de ese modo, cuando es una amplia coalición de países la que cuestiona las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en su territorio. Colombia debería hacer parte de esa coalición. Todo lo contrario de la actitud obsecuente ante China que ha tenido la embajadora colombiana ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, luego del regalo de un lote de vacunas Sinovac.
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