Empezar este artículo aludiendo al nombre de la célebre composición de ese gran venezolano, carabobeño y porteño, Italo Pizzolante, no es más que un intento vano, por mi parte, de alegrar una tarea, que no puede ser, sino poco grata: hablar de las razones de la inflación en Venezuela; por lo que, decidido a ello, no nos queda más que apurar esta obligación.

La inflación en Venezuela es un mal crónico, que inició en los años setenta del siglo pasado, años caracterizados por la aparición de una inflación de dos dígitos. Gradualmente, este mal fue alcanzando en nuestro país cotas más elevadas y, aproximadamente, desde 2017-2018, el mal dio pasó a una hiperinflación (inflación de 500% anual o superior). En términos superficiales, la inflación es un alza importante y sostenida de todos los precios -o de los más importantes- en una economía. En un sentido más profundo, la inflación es el reclamo de mayores niveles de ganancia por parte de los dueños de capitales, a cambio de la inversión que realizan en la sociedad. Por lo general, a mayores niveles de riesgo para el capital, mayor es su reclamo de rendimientos y ganancias. Ahora bien, independientemente de los niveles de riesgo prevalecientes en Venezuela, es claro que los rendimientos y ganancias a los que aspiran los dueños de capitales en nuestro país son demasiado elevados. Una muestra de ello, es la diferencia notable que existe entre los precios de los bienes o productos en Venezuela y sus similares en el extranjero y la especulación sobre el valor de la divisa; es decir, en Venezuela, actualmente, los productos se venden a precios muy por encima de los similares del exterior. Igualmente, destaca la rapidez con la cual se trasladan las alzas en el precio interno de la divisa (precio del dólar) a los demás precios en la economía nacional, lo que anula cualquier política sencilla de estímulo, por vía cambiaria, de las exportaciones. También, revela este hecho, el excesivo grado de concentración de la oferta y los mercados en Venezuela. El predominio de pocas empresas en el abastecimiento del mercado venezolano, les otorga un gran poder, para influir sobre los precios a los cuales se venden esos productos al consumidor.

Los precios en Venezuela no están reflejando la existencia de muy bajos niveles salariales, lo que pensamos agrava más la injusticia de la permanencia de esta situación. La reacción excesiva de las empresas, a favor de las alzas en los precios, desestima la adopción de otras estrategias para generar ganancias por parte de éstas, que las orientarían a invertir, para ser más eficientes y productivos, y lograr así vender más productos. Es decir, elevar las ganancias aumentando la cantidad de ventas y no los precios de los productos que vende. Ahora, y hemos insistido sobre ello, para que tenga éxito esta estrategia, es necesario además adoptar una política decidida a favor de recuperar el poder adquisitivo de los salarios en Venezuela; por lo que, estamos completamente opuestos a una política que pretenda mantener los salarios de los venezolanos en niveles tan bajos.

Adicionalmente, la inflación es resultado del intento, por parte del Estado venezolano, de financiar su gasto, a través de la emisión de dinero, obligado además por las políticas de fuerza que potencias internacionales -aliados con factores políticos locales- han adoptado para impedir el acceso por parte del gobierno y Estado venezolanos a fondos externos y al crédito internacional; de esta manera, la inflación del país, revela además la renuencia, por parte de los dueños de los capitales, a contribuir al financiamiento del gasto estatal, como se hace en cualquier sociedad, por supuesto, también en las capitalistas. La prevalencia de una importante renta petrolera permitió históricamente a la burguesía venezolana posponer sus responsabilidades en el financiamiento del gasto público y tener simultáneamente acceso a elevadas ganancias; ahora, en ausencia de esta renta petrolera, toca a la sociedad venezolana definir en una especie de nuevo "pacto social", cuál será el nivel de contribución de los capitales al financiamiento del Estado y de los planes públicos y, por vía indirecta, quizás una mayor moderación de los niveles de ganancia del capital en Venezuela, lo que para nada significa que se encuentren en desventaja con los capitales del resto del mundo, sino una disminución en relación con las ganancias extraordinarias a las que están acostumbrados, todo en beneficio de un pacto social que haga viable a largo plazo el acuerdo social sobre el que se sustenta una nación o Estado.

Cómo he dicho antes, ésta es una decisión que todas las sociedades deben encarar y que al día de hoy otras han resuelto de manera más o menos consensual. En Venezuela, toca -entre otros aspectos- revisar el régimen fiscal y tributario, para hacerlo más transparente, progresivo, eficaz y eficiente; éste es un aspecto insoslayable que hemos recomendado resolver, acercando el régimen fiscal venezolano al prevaleciente en países de la región que pudiéramos usar como ejemplos. Esta resulta, por tanto, una medida central, para combatir la inflación en nuestro país.

Obviamente, es necesario acordar cambios en la política de remuneración del trabajo que promuevan niveles salariales con un poder adquisitivo mayor, suficiente como para dar soporte a la economía nacional y a la creación de un proyecto sostenible de crecimiento y progreso económico general de la Nación. Esta suele ser tarea de una clase política con amplias miras y consciente de su responsabilidad democrática ante el pueblo y las generaciones futuras.