El gobierno de Guyana a inicios del año 2018 aparece invocando el artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra, para solicitarle al Secretario General de la ONU que mande el caso a la Corte Internacional de Justicia, como efecto ocurrió, para que reabran la discusión de validez del Laudo de París de 1899, que como todo el planeta sabe, ese mismo acuerdo de Ginebra lo resolvió en 1966. Constituyéndose en inconsistencia jurídica fácilmente demostrable.

El 29 de marzo de 2018, el Gobierno de Guyana presentó en la Secretaría de la Corte una demanda, por la que se abrió un proceso contra Venezuela, con respecto a esa controversia de "la validez jurídica y el efecto vinculante del Laudo de París.

Desde al año 2019 el Servicio Geológico de Estados Unidos ha certificado 12.000 millones de barriles de reservas probadas a Guyana y gas en el territorio en disputa.

En los últimos días, mientras los venezolanos estamos en un proceso de Referéndum consultivo para volver a decirle al mundo que el Esequibo es nuestro, vemos que el Gobierno de Guyana, por medio del Ministerio de Recursos Naturales (MNR), desde el 30 de octubre hasta el 14 de noviembre reciente, realizó una consulta pública a su población y a expertos de su país, sobre la estrategia de monetizar las reservas de gas ya certificadas en los bloques Stabroek y Corentyne que poseen importantes recursos de petróleo y gas que se encuentran en zonas en disputa.

El MNR dijo que la estrategia pretende servir como una "hoja de ruta fundamental para gestionar los importantes recursos de gas del país" y una "herramienta vital para que Guyana tome decisiones informadas sobre la utilización de sus recursos de gas". El vicepresidente Dr. Bharrat Jagdeo manifestó que el documento propuesta de la consulta fue elaborado por sus consultores y puesto en el dominio público para recibir comentarios.

Hasta la fecha, los proyectos aprobados en el Bloque Stabroek se centran únicamente en la extracción de petróleo. El gas producido se reinyecta para facilitar la máxima recuperación de petróleo. Sin embargo, se están llevando a cabo programas de evaluación de descubrimientos con importantes cantidades de gas y condensado en Pluma, Haimara y otros lugares.

En fin, son recursos certificados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que está contabilizando a nombre de la República Cooperativa de Guyana y no a Venezuela, en un vil acto de agresión y robo internacional de Estados Unidos contra Venezuela. Que es el mismo país que nos mantiene bloqueado y chantajeado desde el 2015. Que es el mismo imperio que utiliza a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) adscrita a su Departamento del Tesoro, para condicionar si producimos o no petróleo, o con qué país nos aliamos estratégicamente.

Esa consulta sobre la monetización de las reservas certificadas, tiene como fin último, que la ExxonMobil y las empresas aliadas que están explotando y produciendo petróleo en el mar venezolano, garanticen la explotación futura, puedan capitalizar sus inversiones por medio de la banca y las bolsas de valores globales en los mercados de commodities o el mercado futuro del petróleo, blindándose judicial y administrativamente cualquier reclamo que en el futuro nuestro país pueda realizar sobre esos recursos petroleros y gasíferos. Un proceso de aprovechamiento y beneficios mientras sigue el proceso judicial internacional que determinen los usurpadores de nuestro territorio.

Ahora el día 24 de noviembre de 2023, el presidente de Guyana, tuvo la osadía de ir personalmente a colocar una bandera de Guyana en la serranía de Pacaraima, en una especie de marcar territorio. Así mismo, ha advertido que en los próximos días agentes del Departamento de Estado de Estados Unidos visitará ese territorio para prepararse ante cualquier eventualidad, incluso, de hasta montar una base militar con apoyo de ellos.

Es por lo anterior, que hay que alertar, que mientras los gobiernos de Guyana asesorados por Estados Unidos, nos distraen en escenarios jurídicos internacionales que son lentos y llenos de manipulaciones, las petroleras instaladas en nuestra fachada continental de la Guayana Esequiba siguen certificando, sumando reservas probadas a nombre de Guyana y recibiendo contratos de 30 años con prórrogas seguras.

Como ven, esa es la principal estrategia que hay detrás de la reciente demanda de Guyana en la Corte Internacional de Justicia, la dilación judicial mientras siguen robándonos nuestros recursos.

Esto se devela con la última decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso presentado por Guyana, donde la propia Corte advierte, que "si el medio de solución previamente elegido no conduce a una solución de la controversia, dicha disposición insta al Secretario General a elegir otro de los medios de solución previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, sin exigirle que siga una secuencia determinada."

Valga decir, mientras la Corte nos quiere regresar a discutir sobre la validez del Laudo de París de 1899, que como se demostró, ya fue resuelto en 1966, y ratificado por Venezuela en el Protocolo de Puerto España de 1970, que pretendía hacer lo mismo que están haciendo ahora.

Como vemos, es una serie de procesos conspirativos internacionales que padece la Venezuela actual, impulsadas por el gobierno de Estados Unidos a través de su superestructura de dominación jurídica, financiera, económica, industrial, militar, mediática y geopolítica internacional, enfilada contra de nuestros interés nacionales. Está agresión imperial se suma al conjunto de sanciones y bloqueos que actualmente sufre nuestro país.

Y es por eso que hay que decirle SI a las 5 preguntas del referendo consultivo sobre el desconocimiento del Laudo de París de 1899 y reconocimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966, porque ese tema del intento del robo de nuestro territorio fue resuelto en 1966, reconocido tanto por Gran Bretaña y por la misma colonia de la Guayana Inglesa, antes de su independencia el 26 de mayo de 1967.