No sé si es válido que una persona en particular pueda presentar propuestas en el marco del actual proceso de reforma constitucional que anunció el presidente Nicolás Maduro el pasado 15 de febrero de este año. De entrada, por supuesto que sí se puede, pero el hecho de que nuestro presidente haya señalado que ya él posee un "proyecto" de reforma conformado por un paquete "de casi 80 artículos" los cuales, entiendo, serán el sujeto de consulta popular (publicación web de "Misión Verdad" del 17FEB2025), me pone a dudar. Igual yo traigo acá "mis propuestas".
Nuestro presidente Nicolás Maduro ha agrupado sus propuestas en cuatro temas fundamentales. Mis propuestas tocan tres de estos temas o agrupaciones. Voy a exponer acá una propuesta dentro del tema "ampliación y perfeccionamiento de la democracia…", una propuesta dentro del tema "construcción de una nueva sociedad" y siete propuestas dentro del tema "nuevo modelo económico diversificado"; en total son nueve (09) propuestas para consideración de quienes esto leen.
A. Sobre el Tema: Ampliación y perfeccionamiento de la democracia participativa, protagónica y directa.
Hasta ahora, nuestros parlamentarios de la asamblea nacional son electos para el conjunto total de la sociedad, sin más distingos que los estados o entidades político territoriales y circunscripciones electorales (base poblacional. Art. 186 de la constitución y 9 de la ley orgánica de procesos electorales), es decir, cada diputado representa a la sociedad toda dentro de un espacio territorial correspondiente pero que, obviamente, pueden y deben hablar por todas y todos los venezolanos. A esto llamo, antojadizamente, una "diputación unifactorial". Nuestra actual manera de elegir la diputación AN hace que tengamos diputados de diversos pensamientos políticos, dependiendo del partido o corriente política del que provienen, pero siempre representando a la base poblacional "genérica o masal" llamémosla así. Podrán pertenecer a tal o cual comisión, podrán abrogarse o autotitularse como "el diputado de la juventud", como "el diputado de los campesinos", "diputado del deporte", pero en verdad, nominalmente, son "solamente" (unifactorialmente) "diputados del pueblo" (¡que mayor honor que este!).
Solo nuestra diputación indígena es genuina representante de un sector particular de nuestra sociedad toda: nuestra población indígena. Y lo hacen gallardamente, sin menoscabo por supuesto a su función de ser también "diputados del pueblo venezolano todo", como debe ser.
Pues lo que propongo es justamente replicar el ejemplo de elegir diputados que vienen de y representan particularmente a grupos sociales determinados, así como ocurre con nuestros pueblos indígenas.
La incorporación de más diputados, esta vez electos en representación de sectores sociales particulares, dinamizaría el debate democrático, lo enriquecería, acercaría más nuestra asamblea nacional al pueblo y, en definitiva, ampliaría y profundizaría nuestro ejercicio democrático.
Que las y los deportistas elijan una diputación particular. Igual las amas (y amos) de casa; los estudiantes, nuestros trabajadores petroleros, nuestros trabajadores siderúrgicos, nuestros trabajadores en general, nuestras campesinas y campesinos, nuestros productores agropecuarios, nuestros pescadores y acuicultores, nuestras educadoras y educadores, los médicos y el personal de salud en general, las cultoras y cultores, nuestras investigadoras e investigadores, la academia, nuestra fuerza armada nacional, las emprendedoras y emprendedores, empresarias y empresarios, industriales, nuestro pueblo afro descendiente, los ambientalistas, los transportistas, los usuarios y consumidores, los profesionales y técnicos, nuestro pueblo religioso, los inmigrantes, el funcionariado público, los jóvenes, nuestra población de tercera edad. Y así los distintos sectores que conforman nuestra sociedad nacional (perdón por alguno que se me escape). Representarían "más legítimamente" a los distintos sectores sociales del país, amén de representar también a nuestra sociedad en general (como debe ser).
Estos "sectores" que deben estar representados directamente en la Asamblea Nacional, en adición a nuestras tradicional diputación electa por circunscripción electoral territorial, estaría por definirse de mejor manera, por supuesto. Igual quedaría a criterio de instancias rectoras definir cuantos diputados por cada sector social correspondería, y esta proporcionalidad no puede responder a poder mediático o económico sino a "participación poblacional ponderado con el impacto en la vida nacional". Por supuesto, creo, estas nuevas diputaciones deberían ser electas por circunscripción nacional.
En resumen, mi propuesta n° 1: Elegir diputación en representación de sectores sociales particulares, en adición a nuestra actual composición asambleísta.
B. Sobre el tema: Construcción de una nueva sociedad.
No aparece por ninguna parte una declaratoria expresa, taxativa, que señale que nuestro país se reconoce como "ecosocialista". Esto se explica porque para 1999 todavía no se manejaba ese término, por lo menos de manera generalizada como ahora. Fue el trabajo y la evolución intelectual de nuestro eterno líder Hugo Chávez Frías quien desarrolló ese término en nosotros. Ahora muchos sí sabemos a qué se refiere, ¡dejémoslo plasmado en la constitución!
Reconozco que para muchos otros es desconocido aun lo que significa esa palabra, aunque se intuye; otros que, medio entendiéndola, tienen ciertos miedos. También están los que saben muy bien lo que significa y se oponen por lo mismo (ya sabemos quiénes son o los intereses que defienden).
Una nación "socialista" en su concepción, no se trata de expropiaciones a diestra y siniestra (¿hemos aprendido eso?) ni de quitarle logros socioeconómicos a sectores sociales que se los han ganado con luchas y mucho trabajo decente (me refiero, todos lo sabemos, a nuestra clase media, a nuestros trabajadores, a nuestros profesionales y técnicos ¡qué error tan lamentable y perjudicial!), pero se construye sí con mejor reparto de la riqueza, con crear más oportunidades de superación, con más y mejor educación y con más y mejor producción, con justicia social pues. Y es que nuestra constitución vigente es muy clara: Estado social y de derecho, igualdad de oportunidades, solidaridad. También es clara en cuanto a lo debemos ser como sociedad con conciencia ambiental: derecho a un ambiente seguro sano y equilibrado, emprendimientos sustentables, protección y reparación ambiental, desarrollo ecológico social y económicamente sustentables, responsabilidad transgeneracional. También lo es cuando expone los medios para alcanzar el desarrollo: participación popular, organización social, libre iniciativa, libre empresa, seguridad jurídica, recursos naturales propiedad de todos.
Sí, los argumentos que acabo de mencionar sirven de soporte a una declaratoria de "Venezuela: país ecosocialista", pero pueden mejorarse o fortalecerse. Parte de estos otros argumentos los expongo a continuación.
En resumen, mi segunda propuesta: Modificar la redacción en el preámbulo y particularmente en el artículo segundo, para incluir el término o calificativo "Ecosocialista" al referirse al Estado y a la sociedad en que queremos convertirnos.
Sobre el tema: Nuevo modelo económico diversificado.
La declaratoria constitucional de Venezuela cómo nación ecosocialista se puede soportar en las definiciones constitucionales ya existentes de justicia social, democracia participativa, libre competencia, protección al ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad (preámbulo y art. 299, capítulo I del título VI). Expone también este título constitucional que la agricultura sustentable, la pesca y la acuicultura son actividades prioritarias del interés nacional. Igualmente protege este articulado del capítulo I título VI a la pequeña y mediana industria, a la actividad artesanal, a las distintas figuras asociativas de producción y de propiedad, pero nada se dice sobre nuestros recursos forestales y su potencialidad productiva.
Creo que nuestra constitución puede expresar de manera más taxativa que el desarrollo económico y social se basa determinantemente en la práctica, aprovechamiento y transformación de los bienes y servicios posibles de obtener a través de la actividad agropecuaria, la pesca y la acuicultura, la silvicultura, el turismo y la minería (que incluye el petróleo y el gas), es decir declararlas a todas ellas como "actividades prioritarias del máximo interés nacional", al igual que a la actividad industrial de procesamiento/transformación y a la creación individual (bien sea material, bien sea intelectual – científica – inventiva). Así mismo, creo que nuestra constitución debe señalar tajantemente que Venezuela prohíbe cualquier intento de sustentar su economía en la llamada "especulación financiera" y de instalación de "paraísos fiscales".
La silvicultura es una de nuestras mayores potencialidades productivas, "dormida". Puede convertirnos en potencia mundial. Este sector puede representar el mayor generador de puestos de trabajo del país y entre los principales generadores de divisas. Omitirla o menospreciarla es un error; debe ser considerada con rango constitucional al igual que la agricultura y el turismo, por ejemplo.
Tenemos una inmensa potencialidad forestal, eso es innegable, pero pocos lo saben. El antiguo ministerio de planificación y desarrollo, en su "Plan Nacional Forestal" (2003) afirmaba:
"El Sector Forestal de la economía venezolana tiene, frente a la necesidad ineludible de diversificación de la base económica nacional, una extraordinaria oportunidad de ser promovido por los sectores público y privado como un componente clave para el desarrollo social y económico del país, a corto y largo plazo." (Pg.107)
"Conviene destacar, que el conjunto de las actividades forestales, tanto protectoras como productivas, está entre los que genera más empleo por capital invertido, requiriendo abundante mano de obra no calificada en el campo. Al mismo tiempo, ofrece amplias posibilidades de crecimiento y participación aguas abajo en múltiples actividades transformadoras, industriales y comerciales, en las cuales radica su mayor potencial de beneficios sociales directos." (Pg.12) Subrayado mío.
El ministerio de planificación y desarrollo se sentía con seguridad de "Transformar al Sector Forestal en uno de los tres principales soportes de la Economía Nacional y en un instrumento fundamental de desarrollo del medio rural, junto con la agricultura y la ganadería, bajo el concepto integrador de la agroforestería y el desarrollo industrial para el mercado nacional y externo." (Pgs108-109). Subrayado mío.
Agreguemos a esto la implicación ambiental del manejo o no de este recurso y de la oportunidad que representa aprovechar este escenario para lograr una transformación en el pensamiento y conducta de la sociedad con relación a la naturaleza. Cabe por tanto la pregunta: ¿no debe estar incluida la actividad forestal dentro de las "actividades prioritarias de interés nacional" con rango constitucional? Elevar la actividad forestal a rango constitucional le abriría puertas para ser considerada como sujeto de interés a fuertes inversiones.
Creo que también debería quedar plasmado a nivel constitucional que todo emprendimiento productivo, sea del ramo que sea (hasta el sector terciario) debe incluir la producción de alimentos de manera directa, aunque sea a escala "micro". Las fábricas deben producir alimentos de manera directa; el turismo debe producir alimentos de manera directa, la minería debe producir alimentos de manera directa, igual la silvicultura; aunque sea casi que de manera simbólica (aunque sea una matica de cilantro, aunque sea una mata de mango que se siembre, se cuide y se coseche ¿o no nos ha salvado la vida a más de uno, una mata de mango en producción?) y que, según sea la magnitud del proyecto o actividad económica – productiva, así corresponderá la obligatoria producción alimentaria. Por supuesto los proyectos o actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras ya de por sí, producen alimentos de manera directa. Incluso esta obligación pudiese extenderse a los centros educativos, hospitalarios, militares, clubes deportivos, corporaciones de servicios públicos y entes oficiales en general.
Dos propuestas más dentro de este tema del "sistema socioeconómico":
Todo proyecto o actividad productiva particular debe producir beneficio material tangible a la comunidad o comunidades de alrededor (punto y círculo) o a partes o individuos de tales comunidades, todo de conformidad con la escala del proyecto o actividad en cuestión. Esto más allá de los famosos tradicionales "beneficios" que siempre se enarbolan, tales como empleos o "mejoramiento de la calidad de vida". Ya basta de grandes proyectos rodeados de miseria. Todo proyecto, de acuerdo con su escala y según quede estipulado en normas legales posteriores, debe incluir en su estructura de costos el otorgamiento de beneficios materiales al seno de la comunidad o comunidades del área de influencia de dicho proyecto.
Una última propuesta, refiriéndonos esta vez al "desarrollo rural" mencionado por el título VI, es que quede estipulado en la Constitución que toda la geografía física y social del eje orinoco – apure, será considerada como del mayor interés nacional, por lo que se brindarán apoyos y facilidades particulares que pueden ser temporales o permanentes. Sobre el desarrollo del eje orinoco – apure, que sabemos es altamente estratégico para nuestro desarrollo nacional, determinante diría yo, tengo toda la vida (más de 60 años) escuchando de planes y proyectos que luego, al cambiar gobiernos o gobernantes (principalmente ministros y directivos de corporaciones) son marginados o simplemente olvidados. Elevar el tema "eje orinoco – apure" obligará a "mantener sobre el tapete" dicho asunto, brindándole mayor y permanente impulso.
En resumen, sobre este tema del nuevo modelo económico diversificado, hago las siguientes siete (07) propuestas:
Propuesta n° 3: Declarar taxativamente que nuestro desarrollo nacional se basa fundamentalmente en la producción de bienes y servicios, materiales o inmateriales, provenientes de la actividad agropecuaria, la pesca y acuicultura, la silvicultura, el turismo, la manufactura y la producción intelectual. Se incluye a la actividad silvícola o forestería como "actividad prioritaria del máximo interés nacional".
Propuesta n° 4: Queda terminantemente prohibido en nuestro país pretender sostener nuestro desarrollo en base a "especulación financiera" y queda totalmente prohibido también el establecimiento de los llamados "paraísos fiscales".
Propuesta n° 5: Todo emprendimiento económico productivo debe contemplar de manera complementaria la producción alimentaria, en correspondencia con la escala o magnitud del emprendimiento o proyecto que se trate. Esta obligación es extensiva a otras actividades que, aunque no siendo económicas – productivas, sean señaladas por la normativa legal. Quedan exceptuados los proyectos o actividades agropecuarias, pesqueras/acuícolas e industriales que de manera principal producen alimentos.
Propuesta n° 6: todo proyecto o actividad económica productiva debe producir beneficios materiales directos, más allá de la generación de empleos y de las "políticas de buen vecino", al senos de las comunidades del área de influencia de dichos proyectos o actividad, en concordancia o correspondencia con la escala de los mismos.
Propuesta n° 7: El eje orinoco – apure es declarado como región socio geográfica del mayor interés nacional, por lo que deberán implementarse de manera permanente planes programas y proyectos para convertir esa región en sede y ruta geo estratégica de trabajo producción y transporte.
Dejo sobre la mesa estas nueve propuestas para que sean consideradas por la ciudadanía. No hago acá referencias al tema "estado n° 24 de Venezuela: Guayana Esequiba), por el momento.
Ing. For. Inocencio Soto C.
Maturín, 25 de marzo 2025.
