SI hay algo que pueda mostrarse como producto revolucionario, como resultado del proceso político que vive el país, es la elevación del nivel político ideológico del pueblo; incluso puede añadirse el mismo hecho de que los sectores jóvenes de la población opositora fijan posición ante las circunstancias, independientemente de su pertinencia, contenido y convicción. Por eso ya la gente discute y analiza, no se “comen los discursos” sin saborearlos. La aseveración anterior es determinante para poder responder la pregunta de este artículo.
A mi juicio, partiendo de lo anterior, existen 6 razones, básicamente subjetivas, para afirmar que no es tan sencillo revocar a los revocables. Analicémoslas.
1. Quienes promueven los revocatorios, afectos y no afectos, carecen de un programa político reivindicativo alternativo. La gente percibe el “quítate tu pa’ poneme yo”. El discurso del grupo promotor del revocatorio y su argumento se queda en resaltar lo que percibe como un mal gobernante, asumiendo que lo mismo piensa el pueblo, o peor aún, que el grupo es la voz de la mayoría. Pero no presenta una propuesta, ni siquiera elaborada por el grupo, que de ser así, es también un error político, porque la gente está formándose para construir su propia historia desde su realidad. Se trata pues de la vieja y derrotada concepción partidista y puntofijista que aún sobrevive en los viejos líderes políticos y que se ha reproducido en algunos nuevos, lamentablemente.
2. No existe una organización. Lo obvio es que se juntan intenciones revocatorias, se unen quienes quieren sustituir a los revocados, incluso con posiciones ideológicas que en nada se parecen; no hay unidad ideológica ni menos política. Se crean frentes de intereses circunstanciales cuyo único objetivo es salir del “mal gobierno y de los malos gobernantes”. La historia de esos frentes la conocemos lo suficiente para saber que desaparecen al mismo tiempo que desaparecen las circunstancias que explican su génesis. La gente ya no cree en esos frentes.
3. Los funcionarios a quienes se intenta revocar tienen meritos y aceptación popular. Es decir, no suman todo lo negativo necesario para facilitar un proceso revocatorio; tienen oposición, eso es cierto, pero no la suficiente. Y otra cosa: no necesariamente la mala percepción del gobernante es la misma sobre el gobierno que dirige.
4. Los procedimientos administrativos establecidos en la ley y por el CNE. La forma como la ley y el CNE trata al revocatorio hace cuesta arriba cumplir con la recolección de las firmas necesarias: pocos centros y tiempo, reubicación de ciudadanas y ciudadanos, etc.
5. Los revocatorios no son promovidos como resultado de la evaluación de la gestión de gobierno. Un verdadero revocatorio debería responder al resultado negativo de la evaluación de la gestión de gobierno por el colectivo, no de individuos o grupos interesados. Si un Alcalde, Gobernador o Concejal han realizado acciones dolosas, quien posea las pruebas debe utilizar la vía jurisdiccional y no la del revocatorio, así está condenado al fracaso.
6. El grupo promotor asume que el posible revocado no se defenderá. Finalmente, una razón que no debe descuidarse es que los revocables, como respuesta natural y lógica, asumirán la defensa de su gestión, aspecto éste que consolidará su fuerza aliada.
Bajo estas condiciones y circunstancias el resultado del proceso revocatorio, que casi con seguridad será favorable para los funcionarios a quienes se intenta revocar su mandato, no significa un triunfo para nadie; el resultado no hará mejor la gestión de gobierno ni tampoco anulará las razones objetivas que mueven a solicitarlo. Lo único seguro es que representa una gran prueba para la democracia y para el proceso de transformaciones políticas del país.
Con estas reflexiones no se pretende negar la figura del revocatorio, al contrario, la idea es repensarla para hacerla viable y democrática, para legitimarla. Nosotros, pueblo, tenemos el deber de iniciar un debate sobre este tema; pensar en mecanismos más expeditos como la evaluación de la gestión de gobierno por los Consejos Comunales en donde los revocables tengan la oportunidad de rendir cuentas y el pueblo a pedirla, ambos de forma directa; pensar también en la integración de los Consejos Comunales, de sus unidades contraloras, a fin de que, mediante esas formas organizativas, puedan tomarse decisiones que vayan desde el reconocimiento a una buena labor, pasando por la sanción de hechos dolosos y corruptos hasta el revocatorio del mandato, de lo contrario el revocatorio, con el tiempo, no será más que una figura decorativa e inútil.
Para que esto sea posible es determinante la formulación de planes estratégicos comunitarios cogestionados; sin ellos no hay manera de evaluar la gestión de gobierno. En esos planes deben quedar claros los objetivos y metas, los proyectos y las responsabilidades de la comunidad y de las instituciones. Con esos instrumentos la evaluación se haría anual, y no sólo para el funcionario público de elección popular, sino también para los propios miembros de los consejos comunales.
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