Lo mismo ocurre con nuestros obreros industriales. Recuerdo una época en que la ensambladora Ford de Venezuela, en Valencia, recibió menciones como la más eficiente a nivel mundial, otorgados por la casa matriz de la poderosa empresa transnacional. Entonces estaba gerenciada por ejecutivos criollos como José Bisogno y Eustace Giardine, entre otros. En buena medida la eficiencia era el resultado de la versatilidad del obrero venezolano, capaz de desempeñar diversos roles en la línea de ensamblaje y no anquilosarse haciendo lo mismo cada día.
La experiencia indica que el intelecto no guarda relación con la escolaridad. En Venezuela existen analfabetos cuya agilidad mental es envidiable; por desgracia también abundan licenciados y doctores que son duchos en cometer imbecilidades.
Así pues, era lógico otorgarle el voto a todos los venezolanos, aunque no supieran leer o escribir, cosa que se estableció en la Constitución de 1947. La medida se ha mantenido sin cambios hasta la fecha actual, cuando, gracias a la Misión Robinson, el analfabetismo logró erradicarse del país.
Ahora se plantea la posibilidad de reducir la edad para votar, permitiendo que los adolescentes de 16 años puedan figurar en el Registro Electoral. Al respecto deberíamos tomar en cuenta algunas circunstancias.
Actualmente para ser policía u ocupar cargos públicos del mismo nivel se requiere ser bachiller. En cambio para ser diputado, alcalde o gobernador ni siquiera se exige que el candidato sepa leer y escribir.
Considero que el momento es propicio para cambiar algunas cosas. Si los electores ya no son analfabetas, a los candidatos a cargos de elección debería exigírseles una mejoría similar, por ejemplo, que como mínimo hayan aprobado el bachillerato o su equivalente. Esta circunstancia podría, a la vez, resolver el asunto del voto juvenil al cual no le encuentro justificación, salvo que se alegue la mejor preparación de los adolescentes de esta época.
A tal efecto se podría conceder el voto a los menores de 18 años siempre y cuando sean bachilleres, maestros o alfabetizadores, es decir, que demuestren la madurez que deberían poseer los que pretenden elegir a las autoridades.
Y, ya que estamos en esto, aprovecharé para plantear otra cuestión que me parece igualmente lógica y conveniente. Así como se exige el examen psico-técnico o evaluación psicológica para determinar si el candidato a policía no es un psicópata peligroso o un aberrado sexual, considero que el mismo requisito debería ser obligatorio para quien pretenda ocupar un cargo de elección, en particular los de alcalde, gobernador o presidente.
Claro está que la emisión de un certificado de cordura se presta a innumerables marramucias y alegatos, comenzando por los propios psiquiatras de quienes se dice, aquí como en otras partes, que tienen una tuerca floja.
