Efectivamente, en el referéndum del pasado domingo 2 de diciembre la estrategia de la mentira salió triunfadora con una mayoría pírrica, pero mayoría al fin, por lo que nos corresponde a quienes jamás podríamos aceptar que el país vuelva a ser gobernado por los autores de tamaña desvergüenza, la obligante tarea de desmontarla a través de una formidable campaña nacional e internacional por la verdad.

En tanto se mantengan en su pleno vigor ese rosario de falsedades que lograron convencer a muchos de nuestros compatriotas bolivarianos de que era preferible abstenerse de votar, antes de hacerlo por una propuesta que les quitaría los hijos, sus casas, sus bienes en general, así como que Chávez sería presidente de por vida y que, para completar, le quitaría al pueblo toda posibilidad de hacer efectiva su participación y protagonismo en la vida política y económica del país, tal y como lo consagra la Constitución de 1.999, no será posible retomar el rumbo de la reformas necesarias que reclama el pueblo para la construcción de una “sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones”, que “…asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna” y todo lo demás que admirablemente recoge el preámbulo de esa nuestra carta mayor que la aprobó el pueblo igualmente en otro evento refrendario, a contracorriente de esta misma oposición que hoy canta victoria y prendida de su contenido, no sabemos si por convencimiento honesto luego de estar ocho años calificándola de bodrio atroz, o por efecto de lo que ha sido su conducta en ese lapso: hipócrita y totalmente irracional.

Por ello, ante esa patética realidad que le ha cerrado al pueblo la posibilidad de avanzar más rápidamente hacia la construcción de una sociedad de iguales, donde la justicia social con desarrollo cierto dentro de esquemas económicos solidarios, ajenos al mercantilismo capitalista voraz que sólo busca acrecentar sus ganancias en perjuicio del pueblo, se nos impone a todos el obligante deber y en apoyo de esa campaña por la verdad que propugnamos, la cual debe iniciarse cuanto antes bajo los más firmes auspicios e implementación del propio gobierno, una vez haya reestructurado con la debida urgencia y con nuevas voluntades de firme conciencia revolucionaria sus instancias comunicacionales, reiterar en todos los escenarios donde nos toque actuar y con la mayor contundencia, el contenido real y verdadero de la Reforma derrotada.

Por nuestra parte, nos iniciamos abordando sólo los temas de la patria potestad, la propiedad privada, la reelección presidencial y la descentralización. Veamos:

Patria potestad

Ninguno de los artículos de la Reforma toca el tema de la “patria potestad”, por lo que mal puede afirmarse que Chávez proponía con dicha reforma que el Estado asumiera la patria potestad de nuestros hijos.

De otra parte, la propia Constitución del 99, en el capítulo de los derechos humanos y sus garantías (Título III), desarrolla toda una normativa in extenso que hace imposible imaginar siquiera la posibilidad de que en nuestro país se pudiera pensar en proponer una legislación en ese sentido.

Propiedad privada

El artículo 115 no elimina la propiedad privada y muy por el contrario la reconoce y la garantiza como no lo hace ninguna otra constitución en el mundo. Dice dicho artículo, lo siguiente: “...la propiedad privada es aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso, consumo y medios de producción legítimamente adquiridos, con los atributos de uso, goce y disposición y las limitaciones y restricciones que establece la ley”. Tómese nota que la Constitución de 1961, cuyas garantías económicas suspendió Rómulo Betancourt al día siguiente de ser sancionada, dice sobre el tema solamente lo siguiente: Art. 99: “Se garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social, la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general” (Gaceta oficial No. 662 del 23/01/1961).

Pero es que hay más, la reforma en su artículo 82 garantiza la invulnerabilidad jurídica de la vivienda principal como propiedad a la que nunca se le podrán acordar ni ejecutar “…medidas preventivas o ejecutivas de carácter judicial, sin más limitaciones que las previstas en la ley o convención en contrario”, es decir, que más allá de proteger ese sagrado recinto de las iniquidades aberrantes, la propuesta en lo absoluto coloca trabas de ningún tipo para que continúen funcionando, con toda normalidad, los mecanismos crediticios imperantes en las instituciones financieras, ni a los propios ciudadanos para que dispongan con su vivienda principal lo que, a su juicio, más les convenga a sus intereses.

Reelección presidencial

El artículo 233 no dice que Chávez podrá ser presidente de la república de por vida. Eso es totalmente falso, la reforma lo que plantea como una opción democrática más, es que la reelección es continua en tanto el pueblo lo decida en cada nueva elección, de manera que más allá de que el mandatario de turno quiera mantenerse en el poder, será el pueblo en comicios libres y sin coacción quien lo determinará. De otra parte, la constitución mantiene inalterable la revocatoria del mandato a la mitad del período, dispositivo éste que, de paso hay que decirlo tantas veces como podamos, no lo contiene ninguna otra constitución en nuestro continente americano. No estamos seguros, pero creemos que tampoco en ningún otro continente.

A título de ejemplo es interesante agregar que en la mayoría de los países del mundo existe esa posibilidad constitucional de la reelección, pues su previsión le otorga a la norma que la contempla un mayor contenido democrático, ya que no le impide al pueblo optar por decidir si quiere que su gobernante que, a su juicio, lo está haciendo de forma satisfactoria, continúe en la presidencia.

Excesiva centralización

Falso, la propuesta de reforma plantea todo lo contrario. Por un lado se le otorga rango constitucional a la organización del pueblo en comunas, lo cual es algo inédito, al menos, en nuestra legislación americana, sino que, además, contempla por vía presupuestaria asignarle a esas organizaciones los recursos necesarios para que atiendan sus necesidades más sentidas y urgentes, sin tener que estar haciendo antesalas eternas a los poderes provinciales constituidos, los que, generalmente, como todos los sabemos, no dan las respuestas requeridas simplemente porque sus respectivas burocracias lo impiden por mil razones nunca justificadas. De manera que con la creación de ese poder popular, las alcaldías y gobernaciones contarán con un invalorable apoyo para el cumplimiento de sus otras y no menos importantes responsabilidades de gobierno, lo cual les generará oportunidades nunca antes imaginadas para que puedan mostrar gestiones de mayor alcance y de mucha mayor efectividad.

Con la mayor certeza esperamos que el gobierno nacional asuma, sin dilación alguna, la importante responsabilidad de diseñar e implementar una audaz y sostenida campaña que desnude las patrañas de una oposición que bajo el engaño pudo imponer sus matrices mediáticas en contra de una Reforma que le abría rumbos ciertos a un pueblo que no está dispuesto a regresar al pasado cuarto republicano y que tiene la más absoluta confianza de que, bajo el liderazgo del Comandante Hugo Chávez, avanza hacia la construcción de una patria de justicia social plena, libre y soberana.