El domingo pasado, después de abonar a favor de una ley de inteligencia y contrainteligencia, terminaba mi comentario así: "Cambiada radicalmente la situación, nunca como ahora se hacen necesarios unos eficientes servicios de inteligencia y contrainteligencia, reglamentados en una ley. Ley que debe respetar los principios, libertades y derechos individuales consagrados en la Constitución". Ofrecí referirme hoy al contenido, pero derogada la ley, y pasada ésta como materia pendiente de la Asamblea Nacional, habrá oportunidad para un amplio debate. Sin embargo, hay dos cuestiones a las que quiero referirme.

Una es el Art. 29, "Los documentos desclasificados según lo dispuesto por la Ley que posean valor histórico o científico, se transferirán al Archivo Histórico de la Nación, y se mantendrán bajo custodia permanente". El Capítulo correspondiente a esta materia, el VI, trata sobre la clasificación de actividades, información, documentos y objetos; tales documentos se clasificarán como secretos o confidenciales, según el grado de importancia. Pero no dice nada del tiempo que permanecerán clasificados como tales. No pueden ser eternos ni quedar al capricho de un funcionario. La ley debe ser precisa fijando términos para desclasificarlos y cuál es la autoridad que debe tomar tal decisión.

El Art. 143 de la Constitución se refiere al derecho ciudadano de acceso a los archivos y registros administrativos, "de conformidad con la Ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto", y el Art. 325 dice que "El Ejecutivo Nacional se reserva la clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y operaciones concernientes a la seguridad de la Nación, en los términos que la ley establezca". Parece lógico suponer que en ambos casos se está refiriendo a una ley como esta, que tiene todo un capítulo sobre la materia. Corresponderá a la Asamblea Nacional llenar estos vacíos, y decidir cómo desclasificarlos.

Y el otro asunto tiene relación con la responsabilidad de que se hubiese aprobado y divulgado una ley con artículos "inconvenientes" e "inconstitucionales", como señaló el Presidente. ¿Debemos entender que ni Chávez, que lo admitió públicamente, ni el Vice ni los 20 ministros que la refrendaron, ni la Procuraduría ni otros abogados asesores, se dieron cuenta? ¿Cómo pudo ser posible que ninguno de tantos que la vieron observaran nada de lo que después apareció tan evidente?


¿Cambios estratégicos o tácticos?
Sectores radicales o extremistas del Psuv no terminan de salir de su sorpresa con el desempeño del Presidente en la última semana.

Lo más importante ha sido su posición frente a las Farc, al pedirles liberar a rehenes y prisioneros de guerra sin nada a cambio, obviando las gestiones por el canje humanitario, y considerar que las guerrillas están desfasadas, que pasaron a la historia. Del exterior han llegado "una nota para el camarada Hugo Chavez", de Celia Hart, y otra de Narciso Isa Conde, ex secretario general del PC dominicano. No entienden que hace poco pidiera su reconocimiento como fuerza beligerante, sacarlos de la lista de terroristas y que los llamara "verdaderos ejércitos" y ahora diga que es un recurso pasado de moda. ¿Cómo explicar ese cambio de opinión? Se supone que Chávez maneja informaciones confidenciales y secretas sobre planes del gobierno de Bush, que termina su período, en relación a Venezuela, que entra en un difícil proceso electoral.

Una manera de tratar de neutralizar al Gobierno colombiano, necesario factor de esos planes, sería mediante posiciones como ésas. Puede ser.

La reunión con casi todos los más importantes empresarios (pocas exclusiones seleccionadas) y la propuesta de una "verdadera alianza nacional" para enfrentar la inflación, reimpulsar la economía, cuyo PIB cayó bruscamente en este primer trimestre, que parecen ser los problemas que más preocupan en el alto gobierno, así como la desigualdad social y la pobreza, fueron hechos novedosos. Chávez hizo un reconocimiento a la economía del sector privado, y los llamó a trabajar juntos. Encontró alta receptividad. Lorenzo Mendoza dijo "aceptamos el llamado a la alianza"; Juan Pablo Escotet: "Aceptamos la responsabilidad de ayudar", y Miguel Ángel Capriles López, "Excelente iniciativa de diálogo y reconocimiento del sector privado y empresarial". Todo lo cual también debió desconcertar a muchos que olvidan que en su proyecto de reforma constitucional se reconocía la propiedad social en sus diversas formas, la propiedad estatal y la propiedad privada. De manera que no estaba cambiando ese esquema para el desarrollo del país. Lo novedoso es que haya convocado al sector empresarial, con el cual no se había reunido desde hacía años, si es que alguna vez se reunió con tanta amplitud.

De Santiago de Chile me preguntó un amigo cuando se enteró de estos anuncios, ¿se trata de cambios estratégicos o tácticos? Ustedes pueden responderle.

Henry Falcón
con inalcanzable ventaja en la encuesta de Ivad para la Gobernación de Lara: 70,8%. Siguen Pedro Pablo Alcántara, censor con CAP, con 6,9%, y Orlando Fernández con 4,8%. En ese estado 72,1% considera positiva la gestión de Chávez, contra 33,8%. En Anzoátegui, la situación varía. Tarek William tiene 21,4% frente a Antonio Barreto 18,1%, aunque Chávez suma 70,9% contra el 27,9% que opina mal de su gestión.

Siguen vigentes
las preguntas que se formuló la página "Aceras y Brocales" sobre la sorpresiva remoción de Edith Gómez del Ministerio de la Vivienda. Circulan muchos rumores. No hay explicaciones. ¿Será cierto que investigaba hechos oscuros?


Elecciones en el CNP

En breve son las elecciones del CNP. Se realizarán en un ambiente de fractura que en ninguna época vivió el gremio periodístico. En condiciones cuando la crisis ética en el ejercicio de la profesión se ha hecho aguda y convertido en el principal problema del periodismo venezolano.

Se votará cuando el ejercicio de esta profesión ha sufrido transformaciones de tal naturaleza como la incorporación de centenares de personas que elaboran numerosos medios comunitarios o alternativos, pero que no son vistos por muchos periodistas profesionales que quieren controlar el CNP. En esas circunstancias, cuando centenares de recién egresados de las escuelas de comunicación no tienen el menor interés en ese Colegio, numerosos periodistas han estado discutiendo, planteando un congreso constituyente del gremio que examine la necesidad y urgencia de reformar la Ley de Ejercicio del Periodismo. No parecieran existir condiciones para que esas materias puedan debatirse con participación de todas las partes, incluidos organizaciones sociales, donde se supone existe interés por lo que se comunica. ¿Cuál es el verdadero interés que genera el CNP hoy? Antes que procesar estas cuestiones, tan vitales para la misma existencia del gremio y el ejercicio profesional, lo que buscan quienes quieren ganar la directiva nacional es convertirlo en un instrumento político opositor. En tales condiciones, es válida la pregunta si vale la pena votar. (Los martes a las 6 pm en el Celarg se discuten estas cuestiones).

edrangel@cadena-capriles.com