Para establecer una reflexión en torno a la presencia de la posible
reelección presidencial en la propuesta de enmienda constitucional
señalada por el presidente de la república, es menester ubicarnos
en el contexto de la sociedad venezolana en las condiciones socio
económicas, políticas y culturales desarrolladas desde una democracia
formal de partidos políticos y representativa hasta su transición
a la democracia participativa y protagónica dibujada en la constitución
bolivariana de 1999. Aceptamos que la naturaleza de la propuesta de
enmienda constitucional introduce rasgos de reforma a la sociedad política
venezolana, en un régimen de democracia con perfiles de democracia
participativa y protagónica, con un sistema de gobierno presidencialista
y coexistiendo con algunos caracteres de la crisis políticas
desarrollados por el encubrimiento de una democracia neoliberal presente
sobre las vestimentas social demócratas o demócratas cristianos de
la democracia de partidos políticos vivida en las últimas cuatro décadas
del siglo XX.
Comencemos por señalar que cualquiera haya sido el régimen de democracia el presidencialismo ha presentado dos poderes básicos: Un poder ejecutivo con amplias facultades en la constitución y con absoluto control de la composición del gobierno y la administración. Un poder legislativo formado por un cuerpo parlamentario de elección directa y con funciones establecidas para un tiempo fijo.
Dos rasgos se destacan en los sistemas presidenciales:
- Tanto el presidente, jefe del Estado con funciones de control sobre el poder ejecutivo como el parlamento al ser elegido por la población tienen “legitimidad democrática”. Se asume que en los sistemas de gobierno presidenciales con base en un principio de “legitimidad democrática dual”, ningún precepto democrático puede decidir quien representa en principio la voluntad popular
- Tanto el presidente como el parlamento son elegidos para in período de tiempo fijo con independencia de funciones y duración. Ello conduce a lo que se conoce como la “rigidez del sistema presidencial”
La rigidez del sistema de gobierno presidencial, en el cual por disposiciones
constitucionales se impide o limita la reelección presidencial conduce
como limitación al proceso político y en consecuencia a cualquier
proyecto que en él se pueda desarrollar su división en períodos discontinuos
predeterminados sin la posibilidad de introducir en el tiempo los ajustes
según lo requieran los hechos políticos, sociales y económicos. La
duración del mandato de un presidente se convierte en un factor político
esencial al que todos los sujetos sociales e ideológicos y actores
políticos deben acogerse.
Analicemos de forma breve, nuestro segundo elemento conceptual tomado como premisas. Las Crisis políticas. Sabemos que los acontecimientos desarrollados el 27 y 28 de Febrero de 1989 en las principales ciudades de Venezuela fueron considerados una desobediencia civil contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ello nos lleva a pensar en una crisis de legitimidad del sistema de gobierno presidencialista, la cual conduce a una crisis de autoridad y de credibilidad política. Para comprender la magnitud de los acontecimientos pensemos en algunas consideraciones a la categoría de análisis crisis. En un sentido originario el término crisis se asocia con elección o culminación de un acontecer. Las crisis presentan un carácter repentino y acelerado libre de toda dinámica gradual en su aparición y se toman como lo contrario a toda permanencia y estabilidad.
En el entorno de los acontecimientos del 27 y 28 de Febrero de 1989 podemos pensar en la presencia de una crisis histórica de carácter político y en consecuencia se trató de una crisis de creencias en los valores socio políticos desarrollados desde un régimen de democracia formal de partidos políticos asentado sobre el bipartidismo AD – COPEI. En su fase crítica (estallido), los acontecimientos introdujeron los elementos de desorientación política y desconfianza en las instituciones del Estado, presentadas de forma espontánea y dirigida hacia una desesperación económica de la población, con ello la magnitud política del saqueo los convierten en un acto de insurgencia de naturaleza igual a las barricadas de comienzo de siglo XX en las ciudades europeas.
Dos rasgos suelen ser tratados en las crisis históricas políticas:
la conciencia de la crisis y los rasgos generales, existentes en todas
las crisis. En la conciencia de la crisis se expresa la presencia de
entes organizados en torno a las características de quiebra ideológica,
ruptura de las creencias organizativas del sistema político, no credibilidad
en la estructura institucional del poder político y en consecuencia
desconocimiento de la autoridad que de él emana. En nuestro caso, la
sociedad política venezolana inmersa en un entorno de mundialización
política, económica y cultural asumió las concepciones neoliberales
expresadas en la naturaleza de las interrelaciones mundiales existentes.
La conciencia de la crisis nos señala la presencia de una tradición
histórica política cuyas creencias conducen a la exclusión de la
duda. En nuestro caso se trató del cuadro de interrelaciones
Estado – Sociedad desarrollados en la población venezolana por el
bipartidismo hegemónico en un régimen de democracia formal y
representativa. La ruptura de expectativas socio políticas y económicas
mantenidas por la población venezolana activa introdujo la quiebra
de las creencias en la institucionalidad desarrolladas en el Estado
venezolano por la social democracia y el social cristianismo. No existió
un proyecto país, solo se manifestaba en la planificación del Estado
las concepciones neoliberales conducentes a su reducción y desorganización.
Se había impuesto la democracia neoliberal en cuya praxis al lado de
los sujetos ideológicos y actores políticos del bipartidismo se incorporaron
los banqueros, terratenientes, los mercaderes o defensores del
libre mercado, los intelectuales orgánicos nacionales y transnacionales
y en general las concepciones desarrolladas desde las transnacionales
de cualquier naturaleza organizaron la desorganización de la base social
de la población y la institucionalidad del Estado.
Asumimos, que al interior de la sociedad venezolana, el desarrollo de la democracia formal o representativa, su transformación en democracia neoliberal y el cambio político impulsado por el proyecto democracia representativa y protagónica se circunscriben a un conflicto de clases sociales.
Las ideologías
del conflicto político se manifiestan a manera del Socialismo
del Siglo XXI y el Fascismo. El Fascismo expuesta desde los sujetos
ideológicos representativos del neoliberalismo y con ello los actores
políticos y sujetos ideológicos se entremezclan en la interrelación
imperio – imperialismo – Estado imperial
A los efectos de apreciar en detalle los canales ideológicos de la
confrontación, establecida desde el conflicto político debemos
considerar que en una forma amplia la opinión pública se define como
una suerte de orientación política predominante en la comunidad
nacional. La opinión pública ha sido apreciada por todo tipo de sistema
político como un formidable instrumento de participación y por ende
de legitimidad de la sociedad política frente a la sociedad civil,
lo cual nos introduce en la importancia de la comunicación social organizada
e institucionalizada en la búsqueda de una ideología socio política
hegemónica.
Si nos ubicamos en un Estado con régimen de gobierno centrado en la
democracia participativa y protagónica y economía social, la
opinión Pública es el producto de un proceso de discusión en
plena libertad del Foro existente, con lo cual se resalta el relativismo
como condición necesaria para la pluralidad de ideas, concepciones
e intereses. Por otro lado en una sociedad nacional el modelo
de discusión libre y social implica trasladar al sistema político
las actitudes económicas, religiosas, culturales y sociales desarrolladas
desde las diferentes estructuras orgánicas de la sociedad y el Estado,
incluyendo en ellas a la conocida ideología de mercado y los atractivos
imperiales, por todos aquellos sujetos ideológicos y actores sociales
partícipes de la dinámica existente. Recordemos que desde un marco
de relaciones internacionales la sociedad venezolana se encuentra inmersa
en una dinámica de guerra de cuarta generación
Al entrar a considerar los rasgos de la transición política es menester
apreciar los elementos de contradicción establecidos en
una dinámica dada desde el proceso de cambio político, cuya
expresión de la inmutabilidad política se organizan en torno al conflicto
desarrollado desde la naturaleza de las interrelaciones sociopolíticas
mantenidas por el gobierno del Estado venezolano con una propuesta
de construcción del socialismo, en una sociedad donde se desarrollan
políticas públicas centradas en la participación, la corresponsabilidad
y el protagonismo de la sociedad organizada y no se esconden los elementos
de análisis del mercado. Todo ello como parte de un proyecto
de economía solidaria y participación organizada de las bases de la
sociedad organizadas en consejos comunales. En contraposición se expresa
el gran capital desarrollado desde la mundialización imperial de la
sociedad de mercado presentada en su proyección ideológica
cultural con la categoría “la globalización”.
El cambio político se relaciona de manera directa con las transformaciones socio políticas desarrolladas en una sociedad y establece una relación contradictoria con la inmutabilidad política. Por otro lado, en una dinámica de confrontación la noción cambio político desempeña en si misma una función no neutra, indica la posibilidad de desarrollar transformaciones del sistema político. Dicho cambio puede ser calificado de diferentes maneras, desde un enfoque de retornar al pasado hasta la expectativa de un futuro mejor. En este enfoque el indicador resaltante del cambio político es la interrelación transición política – participación política. La interrelación mostrada guarda un carácter contradictorio con la interrelación despolitización – inmutabilidad política. Es en este entorno de confrontación y los rasgos resaltantes del presidencialismo donde la propuesta de enmienda constitucional cobra su legitimidad para ser llevada a un referéndum.