El relato que expondré a continuación me llena de "arrechera", de impotencia, de tristeza y espero que algunos de los lectores tengan el suficiente poder como para ayudar a impedir la tremenda injusticia que se comete contra algunas personas, que por falta de recursos económicos, por ser pobres, sucumben ante las mafias que deberían administrar la justicia en nuestro país.
A finales de octubre del año pasado funcionarios del CICPC de una de las comisarias del estado Aragua, realizaron una redada en un sector de Maracay al mediodía, en esta acción detuvieron a varios jóvenes y los llevaron detenidos hasta su sede, no sin antes propinarles una paliza. A la madre de uno de los detenidos, un joven de 17 años, a quien le pidieron 30 mil bs.f. para "soltarlo". Le armaron un expediente en el cual le sembraron unos gramos de cocaína y colocaron la hora de detención las 4 am, alterando la hora real del procedimiento. La madre contactó un abogado amigo quien logró que el adolescente fuese liberado. Lo hicieron pero antes lo golpearon con las botas y le amenazaron de muerte ya que no pudieron cobrar la "prote".
A finales de enero de este año montaron un allanamiento a la vivienda de esta familia, y al no conseguir al adolescente, le dijeron a sus hermanos que lo matarían y que tenían que pagar 50 mil bs.f. para dejarlo tranquilo. Según esta orden buscaban armas por un homicidio. A los siguientes días iniciaron una campaña de amedrentamiento a la familia presentándose en sus lugares de estudio o trabajo.
A inicio del mes de mayo, realizan un segundo allanamiento e intentan llevarse detenido a uno de los hermanos del joven antes mencionado. Le conminan a que se presente en la comisaria, en horas de la tarde. Este hermano se presentó con el abogado razón por la cual no lo dejaron detenido pero si recibió amenazas de golpiza y de muerte. A todas estas el abogado solicita ver el expediente pero recibió negativas y los funcionarios señalaron que el expediente estaba secuestrado y que si quería ver el contenido tenían que pagar.
El 10 del mes en curso ingresan a la fuerza en la vivienda de esta familia, alegando que estaban persiguiendo a un individuo que se introdujo al interior de esta casa. Los funcionarios son los mismos que han venido acosando a esta familia; en el descargo que levantan de este procedimiento señalan que consiguieron en un bolso 33 gramos de droga, suficiente para llevarlos preso. Con esto justifican el ingreso a la vivienda sin orden judicial. Se llevan detenidos a tres miembros de la familia, una mujer de aproximadamente 30 años, el joven, que ahora tiene 18 años y un menor de 16 años. En la comisaria les exigen unos cien mil bolívares para liberarlos, pero como esta es una familia sin recursos, que no dispone de esta cantidad de dinero, proceden a sustentar el expediente para procesarlos. En el interior de la comisaria los golpean en varias oportunidades e impiden que el resto de la familia se comunique con ellos.
Por otra parte y en vista de que la familia no pagó, procedieron a llevar a presentación a estos hermanos y lo increíble es que el fiscal que lleva el caso pide también un pago para flexibilizar su posición.
Me tome la molestia de revisar por internet y pudo observar que el juez que dio la orden de allanamiento y que lleva el caso ha sido recusado y denunciado en varias oportunidades por hechos parecidos. Casos con el mismo modus operandi. También aparecen los mismos policías y fiscales implicados en allanamientos en este mismo estilo, conformando una red de jueces, fiscales y policías que montan procedimientos para luego cobrar la tarifa de 50 a 80 mil bolívares a personas de los sectores pobres de este estado. El montaje es tan perfecto que sino no se escudriña detalladamente todo pasa como un procedimiento legal. Obviamente, jamás hacen estos montajes parapoliciales en las zonas de las clases altas de nuestra sociedad.
Este no es el único caso que conozco del estado Aragua en el cual se siembra un procedimiento. En otra oportunidad otra humilde familia me expreso que su hijo y unos amigos, todos menores de edad, fueron detenidos alegando que habían robado una moto que se encontraba adyacente a ellos. Les pidieron 50 mil bs.f. Esta familia no logro reunir de inmediato esta suma de dinero y al joven lo dejaron detenido por 4 meses, tiempo que duro esta humilde familia en reunir el dinero que se le pidió.
De todo esto queda la sensación de impotencia al ver con qué facilidad unas personas, llamadas a administrar la justicia, construyen expedientes con el objeto de hacerse de unos cuantos miles de bolívares. Estamos a la merced de estos corruptos quienes tienen la potestad de decidir quiénes van o no a las cárceles de nuestro país si pagas o no la cantidad que se te exige. Cuantos inocentes estarán internados o muertos por no poder tener el dinero que estos mafiosos les piden. La pobreza se paga caro: o tienes dinero o eres hombre muerto. Uno se pregunta si es más peligroso caer en manos de los “choros” o de algunos funcionarios que desviaron su razón de ser, que traicionaron su juramento.
¿Que se creen estos apátridas, traidores del humanismo y la solidaridad para decidir sobre la vida de sus semejantes? Seres que mancillan la esencia de su labor como administradores de la justicia. Se aprovechan del poder que les otorga la sociedad para abusar de los sectores pobres de nuestro país, no les importa el dolor que causan en estas familias ni lo que deben hacer para reunir para pagar la vacuna que les exigen. Estos seudo funcionarios deberían ser juzgados con la pena máxima que rige nuestro sistema judicial porque son los llamados a hacer cumplir la ley y más bien se valen de esta para enriquecerse.
Nuestro Comandante Supremo planteo en muchas ocasiones la importancia de la justicia social, con visión humanista, equilibrada, tal como reza el artículo 2 de nuestra Constitución Bolivariana: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Nuestro Máximo Líder dio la vida en pro de que estos principios y valores se materializaran y no podemos permitir que quienes deben velar por nuestra seguridad con justicia sean, sean quienes actúan a lo mafioso destruyendo nuestro precioso legado.
Invito a las personas que puedan hacer algo para resolver esta problemática se comuniquen conmigo, igualmente quienes han vivido algo parecido. Unámonos para acabar con estas ratas que carcomen nuestra revolución. Sin justicia social no habrá paz.
Dios me proteja.
