El potencial de riqueza mineral de la región de Guayana resulta impresionante. El Estado venezolano trató de controlar la explotación irracional, desmedida, ambiciosa y caótica del oro, fundamentalmente, a través de la Ley de Minas, asignándole a Pdvsa la potestad de la extracción y comercialización de este metal precioso, a través del Ministerio de Energía y Minas, pero fracasó.
Dos razones impulsaron ese fracaso sólo en la década del 2000. Una, el absoluto control de los pranes, las mafias y paramilitares en la compra del oro. Ni siquiera la muerte de El Topo reduce esa praxis. El pran del Ochenta y Ocho, y los pranes de Ciudad Bolívar, operan con total libertinaje, de manera flagrante, y se dice que son íntimos amigos de las máximas autoridades del estado Bolívar, y los funcionarios de la seguridad pública, y de resguardo de las fronteras. Una rosca perversa. Dos, el gobierno paga el oro muy por debajo del precio de mercado, de modo que sale más rentable venderselo bajo cuerda a los capos internacionales, que luego lo sacan por las fronteras por medio de lanchas y aeronaves sin matrícula, aplicando los métodos del narcotráfico.
Las minas llamadas Tigre, Hojas de Lata, Las Claritas, La Piragua y El Caura (río arriba), entre otras, son ejemplos vivientes de este mal. Por otro lado, los diputados oficialistas engavetaron entre 2014 y 2015 la famosa Ley del Coltán, pues se descubrió que existe una fuerte extracción de este mineral tan preciado, cuyo valor clandestino se equipara ya al del dólar. El Estado se ha lavado las manos con esta situación. Probablemente esas 150 empresas que tendrán el derecho a explotar el cacareado “Arco Minero del Orinoco”, ganen por partida doble, extrayendo también la famosa “piedrita gris”.
El coltán comprende una mezcla de los minerales columbita y tantalia. Ambos elementos se componen de óxidos de niobio, óxido de tántalo, hierro y manganeso, respectivamente. Este es de color gris metálico oscuro y escaso en la naturaleza. Sin embargo, resulta crucial para el avance tecnológico por sus aplicaciones. El mismo se emplea en la fabricación de componentes avanzados, como el condensador electrolítico presente en los dispositivos electrónicos de teléfonos móviles, computadoras, pantallas de plasma, cámaras digitales, satélites artificiales, videojuegos, industria aeroespacial, sistemas GPS, armas teledirigidas, videoconsolas, ordenadores portátiles, MP3 y MP4, entre otros. Esto se debe a sus propiedades de superconductividad, carácter ultrarrefractario, ser un capacitor, alta resistencia a la corrosión y a la alteración general. Este recurso se encuentra principalmente en Australia, República del Congo, Tailandia, Malasia, Etiopía, Nigeria, Zimbabwue, Mozanbique, Namibia, Sudáfrica, Egipto, Canadá, Colombia, Brasil y al sur del Orinoco de Venezuela (Región de Guayana). El alto costo de este mineral y su elevada demanda ha generado más de cinco millones de muertos en las fronteras de la República Democrática del Congo. Por otra parte, su explotación y extracción se realiza de manera ilegal y genera graves enfermedades debido a su radiación.
La Ley Orgánica de Minas refrendada por el Presidente Hugo Chávez en 1999 establece, entre otras prerrogativas, que su objeto es regular “lo referente a las minas y a los minerales existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su origen o presentación, incluida su exploración y explotación, así como el beneficio, o almacenamiento, tenencia, circulación, transporte y comercialización, interna o externa, de las sustancias extraídas, salvo lo dispuesto en otras leyes”. Además, señala expresamente que “las minas o yacimientos minerales de cualquier clase existentes en el territorio nacional pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles”. También señala el compromiso del Estado para preservar las fuentes bióticas, la integralidad de los ecosistemas (si es que eso es realmente posible), así como los impactos medioambientales de la práctica minera: “ Las actividades mineras reguladas por esta Ley, se llevaran a cabo científica y racionalmente, procurando siempre la óptima recuperación o extracción del recurso minero, con arreglo al principio del desarrollo sostenible, la conservación del ambiente y la ordenación del territorio”.
Como se ve, mucha letra bonita.
La vida de los mineros resulta inimaginablemente compleja. En las minas no hay derechos humanos. Los pranes abusan salvajemente de las mujeres, principalmente de menores de edad que van a prostituirse. Varias jovencitas de estas han tenido que sacarlas con graves hemorragias internas producto de sexo despiadado implementado por los pranes, quienes les propician graves lesiones vaginales y anales. Quien quiera que investiga, conmino a mi amigo, el doctor Tarek William Saab, como Defensor del Pueblo, a que lo investigue con todo el rigor que esto amerita. Tampoco existe el respeto a la vida. Quien se “coma la luz”, como suele decirse en el argot hamponil, muere. Si sale a trabajar en la madrugada no regresa, quedando descuartizado y enterrado en cualquier parte. Nadie dice ni pregunta nada por cualquier desaparecido.
Los mineros colombianos y guajiros son temibles asesinos. La usura y la explotación campea igualmente. Un plato de comida cuesta no menos de cinco mil bolívares, una cerveza dos mil bolívares y un servicio sexual supera los diez mil bolívares. Los licores en general tienen precios insólitos. Ojo, el minero vive bien. Tiene armas, sexo, comida y licores garantizados. Los más pudientes salen a Tumeremo, El Callao o El Ochenta y Ocho en helicópteros, pagando hasta Bs. 50.000 por un vuelo de 25 minutos. Otros pagan el viaje en moto-taxi o en Toyotas 4x4, cuando el terreno permite el ingreso automotor. Los menos pudientes suelen caminar entre 7 y 12 horas por las serranías y montañas, expuestos a los atracos, las emboscadas y hasta la muerte, propiciada por los mismos pranes. Sólo quienes tienen salvoconductos de algún pran o aceptan domesticarse a sus leyes y mandos, transitan con cierta holgura.
Existe un fuerte rumor de que algunos alcaldes oficialistas del estado Anzoátegui facilitan la extracción de alimentos regulados (de Mercal y Pdval, entre otros), transportándolos en camiones y gandolas hasta Tumeremo y las minas de Guayana. El centro de esa mafia opera en El Tigre. La gente amenaza con quemar esas unidades de transporte en la vía que conduce de la ciudad hacia La Viuda, donde se sitúa el desvío hacia el puente Orinoquia. Se presume la complicidad de Guardias Nacionales, a quienes sobornan con billetes y mercancías. Esto ocurre desde hace más de cuatro años, flagrantemente. La delincuencia organizada controla y ejecuta este tipo de operaciones, y hay gente ligada al gobierno y al sector privado que se está embolsillando una fortuna.
Este conjunto de razones nos impulsan, como intelectual, como ciudadano sensible, a apoyar el rechazo absoluto al Decreto 2248 que crea el Arco Minero del Orinoco, cuya nulidad ya ha sido interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Hay un rechazo masivo, considerable y serio de nuestra gente, de organizaciones e instituciones nacionales y extranjeras contra ese expolio impulsado por el propio Estado. EL Macizo Guayanes y la biodiversidad de esa amplia zona presentan una grave exposición para su definitiva destrucción en ese Decreto.
Las nuevas empresas que ejecuten la extracción del oro, provenientes de 35 países, tienen alta tecnología y generarán un impacto mayor en la vegetación, suelos y aguas de nuestra hermosa región guayanesa. Los niveles de contaminación serán mayores. Desde luego tendrán el pretexto de la “inclusión” de la mano de obra local, pero esa misma mano de obra está viciada, corrompida y controlado por los pranes y los llamados “sindicatos”, y será muy poco el beneficio que el Estado reciba. Ese arroz con mango será otra calamidad más para el país.
Un dirigente político ha señalado recientemente que el Decreto del Arco Minero del Orinoco supedita todo “a un órgano ejecutivo que se crea allí, una especie de autoridad única, que está por encima, prácticamente, de los despachos ministeriales y tiene total discrecionalidad para legislar para establecer procedimientos en el plano económico”. Esto empeora toda posibilidad de control y beneficio, porque le rosca y las mafias tendrán total discrecionalidad. Añade además: “allí va a regir un sistema, digamos, aduanero, arancelario, económico diferente, ellos van a tener la facultad de exonerar impuestos sobre la renta, del IVA, incluso, de establecer un sistema aduanal en el que se diluye el código arancelario para establecer paquetes alrededor de un solo arancel y establecer importaciones, a fin de burlar si se quiere lo que constituye la legislación nacional”.
Definitivamente, NO, NO y NO al Arco Minero del Orinoco. NO, NO y NO señor Presidente Nicolás Maduro. DESAPROBADO. REPROBADO. RECHAZADO el Arco Minero.
Para María Polimnia Sánchez
y Laurencio Sánchez,
con el efecto,
por la memoria de su grande padre,
Poeta Ramón Palomares,
compañero eterno de estas luchas.
Isla de margarita, junio de 2016
elpoetajotape@gmail.com
