Desde los templos del neoliberalismo -OMC, FMI, BM- se propala el mito de la Inversión Extranjera Directa (IED), como “tabla de salvación” para los países periféricos. Para promocionarla, el relato “globalitario” exige la renuncia de la soberanía por el Estado y la desregulación territorial, pero la verdad es que el 90% del producto global proviene del ahorro interno de los países y solo el 10% de la IED (A. Ferrer). Los tratados de promoción y protección de inversiones, como el de Venezuela-Canadá (98), son funcionales a esa estrategia del capital transnacional.
Con base en ese tratado, recientemente el CIADI condenó a Venezuela a pagar $760 millones a la empresa canadiense GOLD RESERVE (GR), porque el Presidente Chávez decidió no renovarle la concesión minera -por los daños ambientales y sociales irreversibles que ocasionaría- de la mina “Brisas” en el estado Bolívar. Además de aceptar el pago en breve de esa suma considerable, el gobierno invitó a GR a asociarse para explotar oro, cobre, plata y “otros materiales estratégicos” en la megamina “Brisas-Las Cristinas”, “la más grande de Suramérica”, con un potencial de 771 ton de oro ($37 millardos). Por si fuera poco, además de co-propietaria de la empresa mixta (45%), GR también actuará como contratista para prestar asistencia técnica en ingeniería, procura, construcción y operación, percibiendo por ello el 5% de la inversión. Su aporte al capital será de $1.05 millardos proveniente de un empréstito gestionado “conjuntamente” con el Estado. Empero, si sus últimos estados financieros reflejan un balance en rojo, con una pérdida patrimonial de $15 millones ¿Con cuál garantía soportará dicho crédito?
Desde Washington, GR anunció que disfrutará de la exención y exoneración tributarias -IVA, timbre fiscal, impuestos municipales, preferencias arancelaria y para-arancelarias- combinada con una alta participación en las ganancias (45%), regalía que fluctuará entre 5% y 7%, tasa de cambio preferencial, licencia para exportar el oro y otros materiales en forma primaria, autorización para mantener fondos offshore del producto de las ventas, entre otras menudencias. Estos términos contractuales evidencian que está en marcha una política para fortalecer el modelo extractivista primario-exportador neocolonial. Muestran la verdadera cara del Arco Minero del Orinoco.
