Aunque los bonos de PDVSA fueron lanzados con una masiva campaña para generar interés entre pequeños y medianos inversionistas, y así “ democratizar y popularizar el capital”, lo cierto es que un grupo importante de éstos, que no es fácil calcular pero que uno puede imaginar en varios miles, fueron a parar a manos de las grandes empresas, a través del subterfugio usado por éstas, de plantar como mascarón de proa a empleados a los cuales pusieron a llenar planillas para la adquisición de los bonos y simultáneamente a firmar la transferencia de sus derechos a nombre de la empresa o empresarios, quienes en realidad son los que colocaban los bolívares para quedarse con los papeles financieros en dólares y de esta forma burlarse de la “popularización del capital”.
En reciente investigación realizada a una corporación dedicada a la comercialización de víveres con sede principal en la Isla de Margarita y establecimientos comerciales en otras ciudades del país, quedó plenamente establecido que a través de un banco de la región, instaló un sistema masivo de solicitudes de bonos de parte de un número importante de empleados (la empresa tiene mas de dos mil) para lo cual, a través de los gerentes de departamentos, se recogían las firmas sobre las solicitudes de adquisición de bonos por la cantidad de US $10.000. De igual forma los gerentes siguiendo órdenes de la directiva de la empresa, presentaban al trabajador una planilla a través de la cual éste transfería a la corporación sus derechos sobre los bonos.
¿Donde se ubica el fraude?
Se produce en perjuicio de la naturaleza misma de la emisión, y en contra de las políticas del estado venezolano de permitir al mayor número de personas, adquirir bonos de la principal industria del país. De allí que PDVSA, invirtió una importante suma de dinero en publicidad para captar al mayor número de pequeños y medianos inversionistas, a los fines de “popularizar el capital” y es ésta la razón por la que los bonos aprobados no sobrepasan cantidades entre 5.000 y 10.000 dólares. Esta es la forma con la cual el emitente del bono (PDVSA), ha querido garantizar que el papel financiero llegue al mayor número posible de personas.
Es por lo anterior que cuando el empresario o la empresa usa a sus empleados como mascarada para adquirir bonos, no sólo no le permite a su trabajador adquirirlo de otra forma , ya que su oportunidad de adquisición ha sido usada en beneficio de un tercero ( la empresa) sino que además, ha impedido posiblemente a otro pequeño inversionista comprarlo, ya que los cupos son limitados y al poner los empresarios un gran numero de testaferros en el mercado, las posibilidades de adquirirlos en la cantidad solicitada por el auténtico pequeño o mediano inversionista, se ven limitadas por el masivo uso de falsos adquirentes con lo cual se atenta contra la “popularización del capital”.
Hay que tomar en cuenta que la relación patrono- empleado, hace casi imposible suponer que un trabajador se pueda negar a “ayudar” a su empleador para la adquisición de los dólares “que tanto necesita para mantener abierta la compañía”. En consecuencia los trabajadores requeridos, se encuentran casi obligados a ceder de forma absoluta todo derecho que éstos tienen sobre los bonos, ya que como dijimos, la solicitud es una sola y el patrono, ya hizo uso de ésta y en consecuencia, el derecho de adquisición feneció de forma absoluta para el empleado.
Por otra parte, los empresarios que usan como testaferros a sus empleados, nunca les presentan a sus trabajadores la posibilidad u oportunidad de adquirir para ellos un lote de los referidos bonos. Sólo se les informa que posiblemente a cambio de prestar su identidad se les pagaría alguna cantidad insignificante en proporción a la ganancia que obtiene el empresario por la adquisición del bono en cuestión. Es decir, que el empleado concurre a la operación ignorante de sus derechos, y de su potencialidad económica y lo cede al precio, cuando lo hay, unilateralmente pactado por su patrono, el cual resulta ser jurídicamente vil y en consecuencia un fraude en perjuicio del empleado.
Los trabajadores que fueron usados por sus empleadores, deberían tener el derecho de anular los endosos de los bonos realizados a favor de sus patronos y obligar a estos últimos, a financiárselos a sus empleados, entonces se habrá hecho justicia social.
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