Tan infeliz conclusión sólo permite advertir que el jefe policial estaba ciertamente actuando más como operador político que como un investigador objetivo. Hemos  advertido que el contenido del material electrónico en cuestión, por sí solo,  únicamente sirve para delinear algunos  trazos de investigación  que luego tendrán que ser corroborados, a través del cotejo, con otras pruebas  distintas a las que existen dentro de los referidos procesadores.

El informe de la Interpol no es concluyente en relación a la propiedad del material electrónico encontrado. Tampoco  estableció si las computadoras fueron obtenidas en un campamento de las FARC el 1º de marzo de 2.008 y muchos menos  se pronunció sobre su contenido.

Después de leer TODAS las páginas del informe están son nuestras conclusiones:

PRIMERA CONCLUSION: 

En el informe no se explica ni queda claro como se llegó a establecer que pertenecía a Raúl Reyes el material analizado y compuesto por tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB, ya que no se detalla que sistema de verificación se utilizó para llegar a tal conclusión.

En efecto de las 41 páginas del informe, solo aparece Reyes en una foto con una computadora portátil en la página Nº 3/3 de los anexos y en un párrafo en la página Nº 11 donde se señala: “…Las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC eran propiedad de Raúl Reyes, nombre de guerra de Luis Edgar Devia Silva…”. La afirmación anterior no se entiende si surge de lo investigado por la Interpol de forma independiente o es solo producto de la validación de lo informado por las autoridades colombianas.

SEGUNDA CONCLUSIÓN: 

En lo peticionado por el gobierno Colombiano no se solicitó identificar al propietario de los computadores, simplemente se requirió de la Interpol, que determinara si algún fichero de usuarios había sido alterado a partir de la posesión del material por las autoridades colombianas.

En efecto en la página Nº 6 del informe se señala que: “…las autoridades colombianas solicitaron la asistencia técnica independiente de Interpol en materia de investigación informática forense para que examinara los archivos de usuario contenidos en las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC y para que determinara si alguno de dichos ficheros de usuario se había creado, modificado o eliminado el 1 de marzo de 2008 o después de esta fecha….”.

TERCERA CONCLUSIÓN:

En el estudio realizado por la Interpol no se incluyó el análisis del contenido ni del origen de los archivos por ser dichas pruebas ajenas al análisis informático.

Efectivamente en la página Nº 7 del informe se advierte: “…El cometido de la unidad de gestión de crisis y de la subsiguiente asistencia de INTERPOL a la investigación de Colombia no incluía el análisis del contenido de los documentos, archivos o cualquier otro material encontrado en las ochos pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC. La precisión y el origen de los archivos de usuario contenidos en dichas pruebas quedan y han quedado siempre fuera del alcance del análisis informático forense de INTERPOL….”

CUARTA CONCLUSIÓN: 

En el informe no se confirma ni el origen ni la veracidad de los archivos contenidos en el material investigado, ya que corresponde su cotejo con el sistema probatorio de cada país.

Ciertamente en la página Nº 9 del informe se lee: “La verificación realizada por INTERPOL de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen…”

QUINTA CONCLUSIÓN: 

El ejército Colombiano violó el protocolo internacional para acceder a las pruebas instrumentales. No así la Policía Científica Colombiana la que ajustó su procedimiento a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley. Pero en ningún caso se afectó el contenido de las ochos pruebas documentales. (Ver página Nº 8 del Informe de INTERPOL).

SEXTA CONCLUSIÓN.

No es determinante la afirmación de que no han sido alterados los archivos. En el informe no se dice de una forma definitiva, ya que tan solo se limita a indicar: “…INTERPOL no ha encontrado indicios de que tras la incautación a las FARC de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, efectuada el 1 de marzo de 2008 por las autoridades colombianas, se hayan creado, modificado o suprimió archivos de usuario en ninguna de dichas pruebas. (Ver página Nº 8 del Informe)

SEPTIMA CONCLUSIÓN:

Los investigadores seleccionados no son ni norteamericanos ni pertenecen a ningún país latinoamericano, con la intención de llevar de la forma mas transparente la investigación. En efecto los técnicos policiales jefes en informática seleccionados pertenecen a Australia y Singapur. (Ver página Nº 4 del Informe).

CONCLUSIÓN FINAL:

Existen dos informes, uno público y otro confidencial que solo tienen las autoridades de Colombia. El informe de Interpol no puede revelar, por ser parte de lo clasificado por Colombia como información de Estado, el contenido de los instrumentos examinados, por lo que sólo corresponde al gobierno de Álvaro Uribe determinar que información se divulga.

El informe hecho público presenta información parcial, que en muchos casos no es concluyente ni permite acusar de forma irrebatible a nadie por sí solo, por lo que el gobierno de Venezuela se apresuró en descalificar su contenido, creando una matriz de opinión mundial contraria al gobierno nacional.

Lo dicho por Robert Knoble, Jefe de Interpol , no se corresponde con exactitud a lo contenido en el informe, por lo que su testimonio le resta  credibilidad al trabajo realizado por el personal técnico de la policía internacional, el cual consignó un documento investigativo sin torcedura política.