La agenda legislativa del parlamento nacional debiera incluir el esclarecimiento de las persecuciones, torturas, desapariciones y muertes violentas que sufrieran cientos de venezolanas y de venezolanos a manos de los cuerpos represivos del Estado durante los gobiernos antinacionales de AD y Copei, así como el respectivo castigo a los autores materiales e intelectuales de tales hechos, como se planteara en un primer momento al designarse una comisión especial por el mismo ente legislativo con este objetivo.
Esta es una reivindicación histórica que debe propiciarse a fin de evitar que crímenes de lesa humanidad como estos vuelvan a perpetrarse, siendo evidente que muchos de sus autores aún se hallan con vida y podrían enjuiciarse, del mismo modo que ya se hace en los países del cono sur de nuestro continente con quienes llevaron a cabo el Plan Cóndor, según los lineamientos de la CIA y el Pentágono de Estados Unidos. A ella debieran sumarse todos aquellos movimientos y agrupaciones, cuyos militantes fueron víctimas de la saña de las entonces Dirección General de Policía (Digepol), luego transformada en Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), y el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Sifa), designado luego como Dirección de inteligencia Militar (DIM).
Tales organismos policiales y militares aplicaron una política de terrorismo de Estado ante la cual muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras, invocando el respeto a los derechos humanos, mantuvieron un silencio cómplice. De ahí que sea importante que el actual presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Fernando Soto Rojas, tenga a bien impulsar una acción de este tipo, ya que sus hermanos fueron vilmente asesinados y sus restos desaparecidos, como ocurriera con una gran porción de luchadores sociales y de militantes del Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), la Liga Socialista y el Movimiento Ruptura, entre otras organizaciones de izquierda revolucionaria de nuestro país.
Para que esto sea efectivo, no bastará con obligar mediante alguna ley a las Fuerzas Armadas y al actual Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a desclasificar sus archivos, de manera que se puedan ubicar los restos de estas personas que lucharan en el pasado por lograr una Venezuela más justa, democrática y soberana. Es necesario ubicar y enjuiciar a quienes dieron y obedecieron las órdenes de ejecución, muchos de los cuales ascendieron en sus respectivas instituciones, a tal grado que se sabe de algunos instalados en altas esferas de poder, sin que los amilane el temor a la justicia venezolana, una cuestión que requiere de la participación de todos los revolucionarios de izquierda con la finalidad de saldar esta deuda histórica con nuestros camaradas muertos.
Por ello, aplaudimos la iniciativa de la Fundación “Capitán Manuel Ponte Rodríguez” y de la Asociación Bolivariana contra el Olvido de presentar a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley contra el Silencio y el Olvido que permitiría acabar con la impunidad de estos crímenes de lesa humanidad, cometidos sólo para preservar los privilegios antisociales de las minorías dominantes de nuestro país.-
*Maestro ambulante.
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