Era el 30 de septiembre de 1963 y el gobierno adecopeyano venía de sufrir una derrota parlamentaria, pues no había logrado el control de la Comisión Delegada. Entonces llaman al gurú de la estrategia oficial, Carlos Andrés Pérez, quien había sido incorporado al Congreso bajo la protesta generalizada de la oposición ya que era la cabeza visible de toda una política represiva y antipopular que había costado numerosas vidas, mantenía las cárceles llenas de presos políticos y había institucionalizado la tortura como método en los diferentes cuerpos policiales civiles y militares. Por orden de Carlos Andrés se crea las bandas armadas dentro del partido del pueblo; Acción Democrática. Los Senadores y Diputados del Partido Comunista de Venezuela, PCV y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR este último salido de AD, eran constantemente hostigados, seguimientos a sus líderes, registros policiales y sus hogares allanados. El gobierno mantenía una permanente suspensión de garantías constitucionales y esto facilita los desmanes policiales y partidistas. Ese día 30 fueron allanados por la DIGEPOL las casas de Gustavo Machado, Jesús Villavicencio, Jesús María Casal y otros opositores de AD. Aquellos esbirros con apoyo institucional eran conocidos como los muchachos de Carlos Andrés y sus nombres habían trascendido al conocimiento público. Unos meses antes había asesinato al político Alí José Paredes, ametrallado el 5 de abril de 1963 en su casa, frente a su madre y demás familiares.
Esa era la democracia que practicaban los adecos y sus socios los copeyanos, inhabilitaban partidos o los ilegalizaban, torturaban, vejaban, y además de todo eso de pronto se oía al Presidente de la República de que las calles no eran del pueblo sino de la policía y por lo tanto ordenó disparar primero y averiguar después. El Ministro del Interior Carlos Andrés Pérez ducho en trampas y conjuras, mandaba a colocar pruebas en hogares y locales allanados para luego armar expedientes contra militantes y simpatizantes de los partidos que adversarios al gobierno. Por esos días aparece un documento forjado sobre una operación Flor de Loto, que según la policía fue encontrado en la residencia del dirigente Gustavo Machado y en cuyo papel se exponía la aplicación de la línea dura contra la línea blanda, ardid para que la policía política quedara exenta de ser acusada por los crímenes que cada día se incrementaban.
El Ministro del Interior, Carlos Andrés Pérez, jefe máximo de la DIGEPOL, favorecía una militarización de la sociedad en desmedro del poder civil, como se evidenció en el episodio protagonizado por el jefe de la Guardia Nacional, general Paredes Maldonado, quien ordenó imprimir y distribuir un volante mediante el cual ordenaba detener vivo o muerto a un militante revolucionario, un Fiscal del Ministerio Público intentó atenuar esa barrabasada llegando a sostener que la orden de asesinato públicamente era violatoria de la Constitución Nacional, pero al final quedó en ridículo por partida doble pues el militar públicamente increpó al fiscalito que no le adornara lo dicho, pues era bastante claro su significado. Ese era el respeto a la Constitución y a las leyes que observaban los representantes de los gobiernos adecopeyanos, cuyas direcciones no dudaban en cometer cualquier acción delictiva si ello le garantizaba el control del país. Por allí las pocas crónica escrita para quienes deseen verificarlo y también para constatar el silencio cómplice de los periódicos, organismos defensores de los derechos humanos, la permanente suspensión de garantías constitucionales, el arrinconamiento de los sectores populares a padecer miseria, la tortura y el asesinato de militantes políticos y trabajadores sociales, y otras tropelías. La crueldad incontrovertible y el sadismo más aberrante en el periodo democrático del Pacto de Punto Fijo fue la forma de actuación de estos socios, que ahora nuevamente quieren imponer. El pueblo venezolano nunca permitirá que vuelvan y lo certificará cuando mayoritariamente vote por Hugo Chávez Frías para su nueva reelección.
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