Más que a la intervención indirecta montada por el gobierno de Ronald Reagan, hay quienes le atribuyen a la corrupción una alta cuota en la pérdida del poder por parte de los sandinistas en Nicaragua, reflejo claro de la falta de principios éticos y morales de algunos de sus dirigentes, además que, por su misma condición de revolucionarios debieron ejemplificar. Igual cosa explicaría, en parte, la implosión de la URSS y de sus gobiernos satélites en el Este europeo. Se nota, pues, que la corrupción –como una quinta columna infiltrada- amenaza por igual a los regímenes declarados “democráticos” como a los declarados “revolucionarios” y esto tiene mucho que ver con los controles (legales y extralegales) que deberían existir sobre el Estado y toda autoridad que se ejerza, directamente desempeñados por la ciudadanía con total autonomía y determinación. Mención aparte, Cuba y China, países con sistemas socialistas derivados de una guerra de liberación nacional, muestran severidad a la hora de castigar la corrupción al sentenciar a muerte, independientemente de su jerarquía, a quienes incurran en este delito, tal como aconteció con el General y héroe nacional cubano Arnaldo Ochoa.
En Venezuela, lo que causó la caída y sustitución nominal del régimen puntofijista, dominado por las cúpulas de AD, COPEI, FEDECÁMARAS, CTV, Fuerzas Armadas e Iglesia católica, estimuladas por las transnacionales estadounidenses; fue, justamente, el excesivo nivel de corrupción en que se sumió durante décadas y la descarada impunidad comprada en los tribunales y demás órganos jurisdiccionales, los cuales prefirieron acatar la línea partidista cómplice antes que cumplir con el deber constitucional a que estaban obligados a obedecer, en interés de la democracia y el bien colectivo. Todo esto terminó por impregnar a la sociedad entera. Ésa fue una de las muchas razones que justificaron el inicio de la lucha armada izquierdista de los años 60, el abstencionismo electoral, incrementado tras cada proceso electoral celebrado y, finalmente, las tentativas frustradas de golpes de Estado de 1992. Tanto así que, para la gente sencilla, el término político se convirtió en sinónimo de corrupción e hipocresía; tal como se aprecia aún hoy.
Dentro del proceso revolucionario bolivariano, son muchas las acusaciones conocidas que señalan abiertamente a funcionarios de distintos niveles que estarían incurriendo en delitos de corrupción mediante el cobro de comisiones a proveedores y contratistas, la presentación de un grupo de éstos en listas a gobernadores, alcaldes, ministros, directores y presidentes de institutos autónomos por parte ciertos jerifaltes de los partidos políticos vinculados al gobierno; la tarifa recaudada habitualmente por los concejales a los alcaldes cuando éstos requieren de la aprobación de ordenanzas en las que están particularmente interesados, sin que ello signifique que lo hagan por altruismo hacia las comunidades que dicen beneficiar; y la exigencia del carnet o recomendación partidista para optar a cargos de la estructura del Estado (cada día extendida). Estamos, en consecuencia, ante una realidad que pareciera no tener fin, a pesar de los reiterados llamados y reclamos hechos por el Presidente Chávez para acabar con este flagelo, dada la prolongada red de complicidades y enredos jurídico-administrativos que obstaculizan su sanción.
Lo contradictorio de tal situación es que muchos de estos “revolucionarios” corruptos invocan, sin pudor alguno, la memoria del Libertador Simón Bolívar, olvidan que éste, en 1824, en Lima, ordena que “todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital". Decreto que algunos civiles y militares que formaron el MBR-200 y las FBL en la clandestinidad, durante los años previos a 1992, quisieron aplicarle a quienes detentaban el poder entonces.
De todos modos, se puede confiar en que, tarde o temprano, el pueblo sabrá inhabilitar a los culpables de corrupción. Sin embargo, esto no es suficiente consuelo. Es preciso que la grave amenaza representada por la corrupción sea la quinta columna que derrumbe el proceso revolucionario actual. En este caso, la contraloría social –ejercida directamente por las comunidades organizadas- sería la alternativa más idónea para minimizar y extinguir esta lacra heredada del reformismo puntofijista. A ello debiera abocarse todo ciudadano (incluso, quienes adversan abiertamente el proceso bolivariano) porque el saneamiento del Estado, al igual que el de la sociedad en general, es algo que nos atañe a todos por igual. Para los revolucionarios éste es un doble compromiso, ya que se demostraría con creces la justeza de la revolución bolivariana y se tendería a erradicar la mala percepción que se tiene de la política en Venezuela.-
*Miembro de la Dirección Ejecutiva Estadal del Movimiento por la Democracia Directa (MDD) en el Estado Portuguesa.
