Apareció el trovador quien sigue secuestrado e incomunicado por la alianza contranatura Chávez-Santos mientras los pumalacas sueltan a varios terroristas y anulan el proceso anticorrupción de Capriles Radonsky
La única noticia, en estos días de bastante oscuridad (Aunque está amaneciendo), es que ya se sabe en donde está el trovador, el cantor de la Gran Colombia Bolivariana, Julián Conrado, quien fue detenido en un operativo conjunto en Barinas (Frontera adentro), entre la policía bolivariana y la policía de la colombia santanderiana, quien evidentemente actúa impunemente en territorio venezolano y anda como “Pedro por su casa”, convenio este, si es que existe y si no existe es peor la cosa, que el Ministerio de Relaciones Interiores y el Canciller deben explicar y aclarar, ya que ellos participan en unas “mesas de trabajo” con la Cancillera y el Ministro de Defensa Santo-Uribista, conclusiones de esas mesas que el país no conoce, en donde, se deduce por los hechos, que estaría involucrar (Malamente) a Venezuela en la lucha interna y fratricida del pueblo Colombiano, guerra esta que es auspiciada e iniciada por la oligarquía de Bogotá, involucrar a Venezuela en la lucha interna, a favor de los Santanderianos, es decir, de la oligarquía, conducta esta para nada bolivariana; esto se deduce, repito, por las consecuencias que se manifiestan en las “deportaciones express” a miembros de la insurgencia de las FARC y el ELN, sin ni siquiera un debido proceso de extradición como debe ser, derecho al que si tienen los narcotraficantes, cuando son capturados a ambos lados de la frontera del Arauca vibrador .
Debido a que el cantautor de la Colombia Bolivariana, ya se sabe que está preso en la DIM de Boleíta, en Caracas y se encuentra incomunicado, lo primero de que debe lograrse, es restablecer el estado de derecho inmerso en nuestra carta magna y en los acuerdos internacionales firmados válidamente por la Republica, como es darle un debido proceso al Julián Conrado, con sus garantías de la defensa y derecho a ser asistido por Abogados y visitado por familiares y amigos; según las informaciones que tenemos un Juez de Control de la capital ha decretado el Habeas Corpus, es lo menos que podía hacer y era su deber, pero aun así debemos felicitar (En silencio) a ese juez por valiente y reconocerle sus meritos, porque sabemos, por experiencia propia, lo vengativo y retaliativo que es la derecha endógena, sobretodo cuando se trata de revolucionarios de izquierda, todo lo contrario cuando se trata de la ultra derecha terrorista, lo que evidencia su verdadero carácter de clase, su “humanismo” y hasta “cristianismo” del que tanto se ufana.
Debemos, con el caso de Julián, ser muy comedidos y hasta conservadores en el pedir, que se restablezca la situación de la violación de las garantías constitucionales y del derecho internacional pisoteadas, por los poderes constituidos de Venezuela, que no han actuado, en estos casos ni como revolucionarios ni en armonía con la constitución y el derecho humanitario internacional, es decir, que no debe pedirse la libertad plena, aunque el Juez pudiera hacerlo ya que todo lo actuado hasta ahora es nulo de nulidad absoluta por ser violatorio a garantías y principios constitucionales, pero repito, creo que hay que felicitar al Juez por valiente por el solo hecho de admitir el Habeas Corpus, porque sabemos que eso tendrá un costo y debemos estar preparado para defender a ese juez, sin reservas y espontáneamente, por las retaliaciones de los pumalacas que vendrán indefectiblemente, a menos que después de admitir el amparo, salga con una barrabasada.
Así como es inexplicable la política internacional de nuestro ejecutivo, con respecto a Colombia, que uno no sabe hacia dónde cojea, tampoco es explicable la política interna de beneficios de libertades complacientes a terroristas de derecha, que provocaron una masacre el 11-A-2002 y no hubo un genocidio sistemático, sencillamente porque su golpe de estado fracasó como son los casos del jefe de la policía de Caracas, uno de los cabecillas de la falange que llevaba por fin desplazar al anillo de protección de Miraflores, penetrar en Palacio y asesinar al Presidente (De no haber funcionado la legítima defensa constitucional por los héroes de Puente Llaguno, el estimado hubiese sido unos 500-1.000 muertos, más el Presidente Chávez, ese solo día), al igual que la libertad que se le otorgará a Peña Esclusa, quien tiene expediente abierto por terrorista al servicio de la CIA, no solo en Venezuela sino internacionalmente, específicamente en Bolivia. Ya anteriormente se le había dado beneficio al General Rodríguez (El Cuervo), quien fue condenado por el asesinato con torturas de tres muchachos soldados y la novia de uno de ellos, lo que es un crimen atroz, cuando los hechos de la célebre plaza Altamira.
Pero así como es incomprensible (Desde la óptica de una revolución socialista), tanto la política internacional como la nacional en materia de lucha en contra del imperialismo yanqui y del terrorismo de derecha; tampoco se entiende, el retroceso, no solo en la lucha en contra de la corrupción sino en la contraloría social, como es la anulación de la admisión de solicitud de antejuicio de merito en contra del Gobernador de Miranda, Capriles Radonsky, hecho que va acompañado con la expulsión (O sanción) del denunciante, quien es militante del PSUV, lo que se ve como un espaldarazo a la corrupción y una puñalada a la contraloría social.
La decisión es un retroceso, desde el punto de vista del derecho progresivo, el cual está muy relacionado con el Ius-Comunismo, ya que la Sala Constitucional al anular la admisión del antejuicio de merito, lo que indudablemente fue una decisión política de una complacencia (O pacto) con la derecha y lanza un mensaje muy negativo ya que dicen que la lucha en contra de la corrupción (Uno de los factores que están haciendo perder este proceso revolucionario), es irrelevante, que mas importante es lo político y en concreto lo electoral, lo que es oportunismo de derecha, socialdemocracia. Pero, volviendo al tema, la forma como anula el antejuicio admitido, la sala constitucional del TSJ, es peor aún, ya que se involuciona al derecho restringido y de carácter burgués del “interés actual, legítimo o directo”, para interponer la acción de la era puntofijista, tesis estas conservadoras y retardatarias contrarias a un estado de democracia social y de justicia, que hacen nugatorios e ineficaces los principios de co-responsabilidad, responsabilidad social y contraloría social, inherentes a una democracia participativa y protagónica y hasta hacen letra muerta el artículo 26 constitucional que permite actuar a cualquiera, en nombre de intereses colectivos o difusos.
En Colombia, que es un estado fascista, un narco-para-estado (Un estado forajido) y no tiene una constitución de avanzada y socialista como Venezuela, a las víctimas de falsos positivos y de desplazamientos y a comunidades indígenas, se les ha admitido la denuncia o querella propia, y aunque el Ministerio Publico, es el titular de la acción penal, ellos dentro del proceso han gozado de autonomía e independencia. Ni siquiera el estado neo franquista Español, el cual le ha dado autonomía e independencia procesal a las víctimas de la ETA (Que no pasan de miles, mas no así a las víctimas del franquismo que pasan de millones), con fines de hacer ver que el pueblo está en contra de la lucha autonómica e independentista del pueblo Vasco.
Con esta decisión de la Sala Constitucional del TSJ, para complacer a la cúpula derechista del PSUV, en materia de control social y participación popular en la lucha en contra del delito, sobretodo de un delito que conjuntamente con la conspiración de derecha y la especulación económica y financiera están despenalizados de hecho y son los que más cifras negras tienen, como es este de la corrupción, regresamos al viejo código de enjuiciamiento criminal inquisitorial del siglo XIX. En este aspecto, la constitución del 99, es un mero papel.
Francisco Sierra Corrales
