Los tiempos por venir dirán cuánta justicia se podrá alcanzar en los
ámbitos más diversos al cabo de estas luchas por la vida y el desarrollo
en cada uno de nuestros países.

La justicia tiene tantas deudas pendientes en América Latina – y en todas
partes del mundo – que quizás llevará siglos, entre triunfos y reveses,
para enderezar los miles de entuertos sembrados a lo largo de otros muchos
siglos bajo el imperio de reinados de crímenes y explotación.

Sin embargo, en los últimos años – verdad que en un proceso más lento que
lo deseado –  algo se ha avanzado en poner fin a la impunidad de crímenes
horrendos en América Latina. Los casos de la condena y muerte del dictador
Videla en una cárcel en Argentina, la permanencia en la cárcel de Fujimori
en Perú, la condena de Ríos Montt en Guatemala, aunque anulada por el
Tribunal Supremo, pero aún pendiente de proseguir la misma causa, son
ejemplos de cuánto se ha avanzado en el camino por llevar ante la justicia
a los que en otras épocas fueron sacrosantos intocables en nuestros
países.

Crímenes de lesa humanidad y crímenes menores han sido juzgados
ejemplarmente, y con los individuos, han sido condenadas, a la vez, formas
específicas de regímenes capitalistas que eran apoyados material y
moralmente por el padrino universal de todos: los Estados Unidos.

Estos regímenes eran antes considerados como los prototipos, los dechados,
las democracias representativas ideales, que merecían nuestros pueblos
levantiscos. Frente a una supuesta amenaza comunista a los valores del
mundo occidental, se optó por aquellos gobiernos de fuerza que eran
ilegítimos por su origen, ya por elecciones o por golpes de estado,
capaces de sumir a sus pueblos en un mar de sangre y de vender los
recursos de los países en el libre mercado que dictaba una corrupción
engreída. El vuelo del Cóndor, u operación masacre concebida en nuestra
América, nunca imaginó que durante su marcha triunfalista de un país a
otro, vendría una época en que se le cortaría las alas a aquel instrumento
de dominación macabro y, mucho menos que, años después, llegaría la
ocasión de hurgar en el pasado con ojos judiciales.

Algo se ha avanzado. Ahora también Brasil instaura una Comisión de la
verdad.  Quizás después venga la hora de abrir un espacio a la justicia
ante la tremenda verdad que se descubra.

Sí, algo se ha avanzado, pero ¡qué lento andar! Aún existen muchos países
donde en nombre de los muertos se solicita que se ponga fin a esa
impunidad histórica mediante una acción justiciera de los gobiernos y de
toda la sociedad. No obstante, hay una resistencia contumaz en muchos
países para que se abran las puertas a la justicia. Fuerzas retrógradas,
comprometidas con el pasado, emplean cuantos resortes pueden y saben
manejar para que todo quede sepultado, como si fueran los difuntos
reconocidos oficialmente como sepultados o como desaparecidos.

¡Qué decir de aquellos países que fueron sometidos a verdaderas políticas
de exterminio y, sin embargo, todo transcurre en plena desmemoria y, por
lo tanto, como si nada hubiera pasado o como si se tratara de un simple
juego remoto de ajustes de cuentas!

Ante esta realidad cabe apuntar que se es cómplice, se es en cierta forma
criminal cuando, convencidos de la certeza de prácticas de exterminio
humano injustificable, se quiere -mediante el silencio, la ceguera
simulada, la inacción o la prohibición- poner un valladar al ejercicio de
la justicia, con su consiguiente efecto sancionador de los verdugos y
reivindicador de las víctimas y sanador de sus descendientes y de todo el
pueblo.

La lucha contra la impunidad es un asunto que no es sólo del presente. Su
necesidad dimana de los retos que pueden preverse en el futuro.

Es obligado señalar que este proceso de imperio de la justicia frente a la
criminalidad como política de Estado, se inició en Cuba con el triunfo de
la Revolución cubana, el primero de enero de 1959, hace cincuenta y cuatro
años. Fue entonces que, por primera vez en la historia de Cuba –según la
expresión de Fidel- un pueblo juzgaba y sancionaba o ajusticiaba a sus
verdugos.

Este acontecimiento ejemplarizante y ajustado a leyes previas de la
Revolución, contó con un respaldo unánime del pueblo cubano que había
padecido durante siete años a una dictadura sangrienta, y se enfrentó a
ella al costo de más de 20 000 vidas.

Sin embargo, es obligado señalar también que la justicia no pudo dictar
sentencia contra los mayores criminales y ladrones de aquella dictadura
oprobiosa de Batista, pues estos se fugaron hacia el territorio de los
Estados Unidos, donde, por supuesto, fueron bien acogidos y con los brazos
abiertos, cual buenos aliados y servidores fieles. Allí han vivido ellos y
sus descendientes, la mayoría holgadamente o ricachonamente, orquestando
planes y realizando agresiones contra Cuba.

El territorio norteamericano devino paraíso de la impunidad continental,
pues a partir de entonces, y particularmente ahora que en muchos países se
pide cuentas a estos personajes criminales, muchos de ellos escapan y
buscan refugio acogedor en ese país. ¡Vaya paradoja de una nación que
representa a la llamada civilización occidental en este hemisferio! Para
estos afamados criminales no existe extradición alguna, y menos
juzgamiento en el territorio donde se han residenciado como ángeles,
aunque aún acechan como águilas rapaces a sus países de orígenes.

Independientemente de las diferencias políticas legítimas a nivel nacional
e internacional se debe reconocer que nunca debiera aceptarse que a los
gobernantes y a sus seguidores se les permita cometer crímenes con
impunidad contra sus pueblos u otros pueblos.

Y lo mismo que hemos dicho con respecto al crimen, se puede expresar sobre
la corrupción: Antes del triunfo de la lucha armada en la Sierra Maestra,
Fidel había señalado: “A las puertas de los malversadores, tocaremos
después del triunfo de la Revolución”. Y así se cumplió como un mandato
justiciero inaplazable.

Hoy la lucha contra los malversadores en la América Latina está ocupando
también su lugar en los procesos transformadores de nuestras sociedades,
especialmente en los revolucionarios y progresistas. Se impone esta
batalla difícil contra la podredumbre prevaleciente en la mentalidad y
actuación de dirigencias voraces que actúan bajo la capa del poder
político, económico, financiero y otras esferas sociales chapadas a la
antigua y moderna usanza capitalista.

Los tiempos por venir dirán cuánta justicia se podrá alcanzar en los
ámbitos más diversos al cabo de estas luchas por la vida y el desarrollo
en cada uno de nuestros países.

Infomed: http://www.sld.cu/