23 años han trascurrido de aquel horrendo genocidio llevado a cabo bajo el gobierno cobarde, conservador y entreguista del socialcristiano Luis Herrera Campins, quien avaló aquella masacre que ejecutada por la policía política Disip, capitaneado el operativo por el criminal que se ufana de tener 200 muertos en su haber: Henry López Cisco, con visto bueno de Valero, Ministro de Relaciones Interiores de entonces. Por supuesto, no sólo era el accionar de un estado terrorista como lo fue el estado venezolano de 1959 a 1998, sino siguiendo las orientaciones y órdenes del igualmente terrorista gobierno norteamericano de Ronald Reagan, que impulsaba la política de tierra arrasada con los movimientos revolucionarios de Latinoamérica y el mundo.
Ha llegado el momento de la verdad, de desenterrar del olvido la memoria no sólo de aquellos 23 venezolanos y venezolanas, militantes de izquierda, de BR que se reunían en un pleno para buscar la pacificación; aquellos que murieron en la emboscada que les montó la Disip, el Ejército y la delación de un infiltrado militante de Bandera Roja.
Todos estos años un manto pesado de silencio ha ocultado la verdad de aquellos hechos y ha impedido que no sólo se conozcan a fondo los hechos, sino que se haga justicia, se rompa el cerco de impunidad y se lleve ante los tribunales a Luis Herrera Campins, Luciano Valero, Henry López Cisco y la cadena de mando militar que participó en aquel montaje previamente preparado, un siniestro circo que terminó en un genocidio del gobierno copeyano. No es suficiente le denuncia y el recuerdo, es preciso tomar iniciativas legales que permitan enjuiciar a los criminales que cometieron el genocidio del cual ahora tratan de evadirse con leguleyismos que justifiquen jurídicamente la prescripción de los delitos y crímenes allí cometidos, como si el genocidio prescribiera.
Hay, igualmente, necesidad de juzgar moralmente a los que fueron compañeros de militancia de los jóvenes muertos, me refiero a Bandera Roja, que era otrora una combativa organización de izquierda y, veintitantos años después, por discrepancias políticas y conceptuales con el gobierno del presidente Chávez, dio viraje de 180 grados y no sólo coincide con la derecha política, sino incluso se han aliado en políticas subversivas con los verdugos, los que mandaron a asesinar, planificando el siniestro hecho, o asesinaron directamente a aquellos 23 aguerridos y soñadores jóvenes con tiros en la nuca; porque allí, hay que decirlo en tono alto, no hubo combate alguno ni enfrentamiento entre el Ejército y los paramilitares de la siniestra y criminal policía política de aquel régimen genocida del partido Copei, y los muchachos que ingenuamente buscaban una salida política legal. Fue una monstruosa emboscada donde el imperio y sus lacayos criollos quisieron acallar las ideas por la fuerza de las armas, los sueños con el crimen artero, las ansias de una Venezuela mejor y más justa, por una tiranía autoritaria mal llamada democracia representativa que contó, invariablemente, con la complicidad infame y canallesca de los medios de comunicación.
Ha llegado la hora de la verdad en Venezuela, deben abrirse finalmente los archivos policiales y dar a conocer misterios que por años han ocultado crímenes horrendos y situaciones políticas inexplicables. Pero no sólo eso, hay que investigar a fondo todos los casos de asesinados y desaparecidos de los últimos 50 años.
En el caso del crimen de Cantaura, el primer responsable, 23 años después, es el ex presidente Luis Herrera Camping, sobre él debe caer todo el peso de la ley.
