Debemos expresar, dentro de la nueva visión de los derechos humanos, que las leyes del poder popular impulsadas dentro de nuestro proceso revolucionario, buscan tratar en la medida de lo posible, de compensar la asimetría entre el Estado, que aún el que impera es el Estado Burgués, y el Poder Popular.

Pero, al plantearse este tema, caben algunas interrogantes como la siguiente: ¿Puede existir una forma distinta de organización diferente a la del Estado? y si nuestra respuesta es afirmativa, cabe otra pregunta: ¿De que tipo?

En cuanto a la República, y retomando el tema de la seguridad ciudadana, en nuestro enfoque debemos manejar los siguientes consejos: La disciplina y el orden.

Es bueno acotar para los colectivos del 23 de enero, que tuvieron un tiempo para su existencia, y que son producto de un régimen oprobioso y nefasto como lo fue el puntofijismo, pero en este momento de nuestra historia, en donde el gobierno de Chávez y gracias a la Revolución Bolivariana, se ha dignificado a nuestro pueblo, que perfectamente se pueden sumar a las milicias, para así regularizar su situación y el porte de armas de manera legal, y empuñarlas cuando las situaciones y requerimientos de la Patria así lo exijan. Soy de los que piensa que las armas de la República deben ser manejadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y no grupos irregulares, que muchas veces no sabemos de que signo son.

En nuestra Venezuela de hoy en día, hay que aplicar mano dura a la delincuencia, pero una mano dura no basada en la mera represión y el punitivismo del Estado, así como es altamente nociva la impunidad delincuencial, también es altamente negativo el mero punitivismo por parte del Estado. La mano dura que planteo tiene que ver con el respeto que debe haber a las normas, el respeto entre los ciudadanos y ciudadanas, entre los y las compatriotas y que las cosas deben ser como deben ser. Aquí la "política de manitas blancas" y de una concepción errada de los derechos humanos que sólo la limitan a los de la primera generación, no funciona en Venezuela.

Nuestros cuerpos policiales deben hacer sentir desde el primer momento de su actuación, que son toda una autoridad, en estricto apego a los procedimientos y del respeto a los derechos humanos, pero haciéndose sentir como autoridad y como garante de la ley y el orden, sino, tendrá el 95% de esta batalla pérdida.

En nuestro país, el modelo eminentemente represivo ha constituido un fracaso, pero también el otro extremo, el modelo eminentemente garantista, ese modelo que se fundamenta en el respeto de los derechos humanos del delincuente, que lo hace que no pueda ser tocado ni con el pétalo de una rosa, se ha más que demostrado que es otro estrepitoso fracaso en el país.

Por eso, apoyamos la propuesta del Presidente Maduro en la construcción de un modelo policial basado en la autoridad democrática que da la constitución y leyes de nuestra República, combatiendo el delito y la trampa más la impunidad judicial y la inercia del Ministerio Público, pero también eminente y con una visión humana.

Ha sido un gran acierto también, la inclusión como uno de los nuevos ejes en la Gran Misión "A Toda Vida Venezuela" del combate frontal contra el narcotráfico. Este terrible flagelo, tiene sus unidades planificación estratégica y de mercados, lo que ha hecho que en buena medida, ejercer un control en nuestra sociedad.

La droga ha permitido a la delincuencia organizada la proliferación de la cultura de la violencia, de la prostitución y de la propagación del Síndrome de InmunoDeficiencia Humana (SIDA).

Pero en la Venezuela Bolivariana de hoy, es imperante y necesario legitimar la gestión del Presidente Nicolás Maduro a través del tema de la seguridad ciudadana. El enemigo ha visto a través de ese flanco, una oportunidad extraordinaria de generar problemas, desestabilización y conflictividad social a través de esa vía.

Además, que el control ejercido por el Estado Burgués, es lo que permite la proliferación del narcotráfico.

En la última entrega de este dossier, nos referiremos a la interrogante que muchos pudieran hacerse, de la necesidad o no de la reforma de las leyes sustantivas y adjetivas penales, y hasta de una reforma constitucional que establezca la pena de muerte, entre otras interrogantes a este tema.