En nuestro último árticulo, nos referíamos a los conceptos de veracidad versus la viralidad contrarrevolucionaria, y en la que en este último concepto la asociamos a la mentira contra la verdad que implica el ejercicio de una información veraz, sin duda con el derecho que tenemos todos y todas de expresar libremente nuestros pensamientos, ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Pero no es menos cierto también,que nuestra comunicación debe ser libre y plural, comportando los deberes y responsabilidades que indique la ley, y quien haga uso de este derecho debe asumir plena responsabilidad por todo lo expresado. Así de simple.
Pero, en este artículo, no puedo, como abogado, como pueblo, como camarada, negar las últimas actuaciones no sólo del Gobierno Bolivariano, sino del Estado Venezolano en su conjunto. Al respecto, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 136 que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. Y el Poder Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.
Y como uno de los fines de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho, pero sobre todo de Justicia, dentro de sus valores superiores dentro del ordenamiento jurídico y de su actuación esta la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
En estos momentos no ha sido responsabilidad única y exclusiva del Gobierno Revolucionario, Bolivariano y Socialista de Nicolás Maduro el combate y contención de los grupos terroristas y mercenarios que se activaron en nuestro país para tratar de llevarnos a una guerra civil y en toda una generación de condiciones para facilitar la invasión militar de los Estados Unidos y el sionismo israelí en la Patria de Bolívar y Chávez. Sin ánimo de cantar victoria aún, estamos derrotando esta oleada de la conspiración de estos meses de febrero y marzo de 2014.
Sin embargo, no podemos envainar nuestra espada, porque pronto vendrán nuevas batallas, la batalla de la profundización y de la radicalización de esta transición hacia el socialismo que adopte el camino del no retorno definitivamente,y lo cual implica la transformación dde nuestro modelo económico y productivo, y por los intereses que sin duda se están tocando, esto hará que surjan las contradicciones y que expresiones palpables de lucha de clases como la que hemos visto en estos meses, aflorarán y generarán algunas turbulencias y momentos díficiles.
Pero no es menos cierto, y esto lo estamos notando en estos momentos, que el pueblo se ha movilizado, pero repito, no solo ha sido la actuación del Gobierno Bolivariano en la contención de manera sabia, paciente e inteligente de la desestabilización terrorista y guarimbera. Sino que el resto de los poderes del Estado Venezolano, dentro del ámbito de sus competencias, pero aplicando también el principio constitucional de la colaboración entre los poderes, están actuando también, y si se quiere, de manera diligente.
Nuestro Poder Legislativo, dirigido por el camarada Diosdado Cabello, aprobando los créditos adicionales, ejerciendo la labor del control político, aprobando las leyes que requiere nuestro país, habilitó al Ejecutivo Nacional para poder avanzar mucho más rápido en algunas materias sensibles e importantes para nuestro pueblo pero sin renunciar a sus atribuciones y competencias constitucionales, y en algunos casos, como el más reciente, solicitando ante el Ministerio Público el antejuicio de mérito contra una diputada de la República que se ha prestado a la traición a la Patria y que conspira de manera abierta y descarada contra la forma republicana que nos hemos dado, y que seguramente, su inmunidad parlamentaria será allanada en aproximadamente un mes, o cuarenta y cinco días.
Nuestro Poder Judicial, presidido por la excelente jurista y ex-Procuradora General de la República, Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado, con las últimas sentencias de la Sala Constitucional, y de la que le ha correspondido a ella ser ponente, la del expediente 14-0194 en contra de los Alcaldes Gerardo Blyde y David Smolansky, de Baruta y El Hatillo respectivamente, por omisión a sus obligaciones y atribuciones legales y constitucionales la del expediente 14-0205 contra el Alcalde del Municipio San Diego del Estado Carabobo, Enzo Scarano, ambas del 12 de marzo de 2014, la citación a la audiencia constitucional por desacato de este último, en sentencia del 17 de marzo de 2014 en el mismo expediente; la extensión de esta sentencia en la misma fecha para los alcaldes Ramón Muchacho del Municipio Chacao del Estado Miranda, Daniel Ceballes del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, Gustavo Marcano, del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui (Lecherías) y de Eveling Trejo de Rosales para no permitir más las guarimbas ni el cercenamiento al libre tránsito que preve el artículo 50 de nuestra Constitución, y ahora con la última sentencia de ayer, 19 de marzo de 2014, en la que producto del desacato por parte del Alcalde Scarano a la decisión arriba identificada, le declaro improponible su apelación, y de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, le fue impuesta la pena de prisión que establece dicha norma jurídica.
Es bueno acotar, que en el momento en que me enteré de la designación de la Dra. Gladys Gutiérrez como nueva Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, me dió mucho gusto, y me sumo a la observación del cantautor zuliano, patriota y revolucionario, Amílcar Briceño, en la que señalo de que de inmediato brillaría muy pronto, también tuve el honor de conocerla y trabajar para ella en la Procuraduría General de la República, y es una digna hija de Chávez y una verdadera patriota.
Nuestra Fiscal General de la República, Dra Luisa Ortega Díaz, por el conjunto de actos conclusivos que han tenido que accionar, vaya que el Ministerio Público ha tenido bastante trabajo en estos últimos días. Hay que reconocer también los esfuerzos de esta mujer al frente del despacho con tan ardua tarea, además de presidir el Consejo Moral Republicano.
Y no puede quedarse por debajo de nuestros reconocimientos, de otro hijo de Chávez, de otro camarada, de otro combatiente, que ha tenido una tarea ardua, compleja, pero que la ha asumido con el compromiso, el carácter y la experiencia en el manejo del tema, me refiero al M/G Miguel Rodríguez Torres, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien en su última brillante actuación, junto a los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado Venezolano, al alcalde del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, Daniel Ceballos, imputado por los delitos de rebelión y agavillamiento, y en cumplimiento a mandatos de tribunales en el Estado Táchira.
El Mayor General Miguel Rodríguez Torres, entre otras cosas, estuvo a cargo de las investigaciones en los ataques a las embajadas de Colombia y España en el año 2003, fue el Director de la entonces DISIP que personalmente lideró la captura de 150 paramilitares en la finca Daktarí, propiedad del padre de las guarimbas, Robert Alonso, además, ha sido eficaz en la búsqueda de las soluciones en esta confrontación política y social en nuestro país. Ha cumplido con cada uno de los cinco puntos de la excelencia, los cuales son: Eficiencia, Honestidad, Transparencia, Disciplina y Eficacia. Este servidor público es un incuestionable baluarte del Socialismo del Siglo XXI y digno merecedor del respeto de todos los venezolanos y venezolanas, bajo la mirada de un pueblo.
Las enseñanzas que podemos sacar de esta oleada conspirativa es que esta "rabia" de un sector de nuestra población, no fue ni es espontánea sino que ha sido dirigida por sectores de las transnacionales internacionales, a los cuales les han tocado intereses, que quieren echar mano de las riquezas de nuestro país.
Chávez siempre nos decía aquella frase de "Rondón no ha peleado", y esperemos que en esta actual coyuntura no sea necesario que Rondón no pelee. Hay que aplaudir la actuación del Estado junto a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los cuales seguimos haciendo votos y apoyando para que sigan haciendo esfuerzos para evitar el desmadre del alma nacional.
Debemos decir, sin temos a equivocarnos, que en el 99,9% de los casos, de las 16.000 actuaciones que ha tenido nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se ha dado un manejo correcto, no ha sido política de nuestro Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia reprimir la manifestación pública, y las violentas, las ha ido conteniendo, confinando y diluyendo en estricto apego y respeto a los derechos humanos, nuestra Carta Magna y nuestro ordenamiento jurídico. Ha habido un respeto increíblemente desconocido de los derechos humanos por parte de nuestros cuerpos de seguridad del Estado, más que el 87% de nuestra población rechaza las guarimbas y los cierres arbitrarios de vías.
Por eso, y por muchas razones que no viene al caso señalar en este escrito, y tal vez nos quedemos cortos, apoyo y respaldo la acción del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, y de los demás poderes del Estado Venezolano, en la contención y dilusión de esta oleada conspirativa.
¡Bolívar y Chávez Viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Con Chávez y Maduro, el pueblo esta seguro!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
